'No era una causa justa violar los derechos humanos de tantos civiles'

La invasión de Estados Unidos a Panamá estuvo marcada por las violaciones a la vida, a la propiedad, a la libertad... Las guerras tienen reglas: no se puede ir arbitrariamente lanzando bombas y disparando armas contra la población civil.

Durante la operación militar, el populoso barrio de El Chorrillo fue reducido a cenizas. Y muchos de su residentes murieron; otros, desaparecieron.

La intervención ejecutada en los últimos minutos del 19 de diciembre de 1989, y que mostró su mayor intensidad la madrugada del 20, provocó la mayor masacre de toda la historia republicana de Panamá. Treinta años después  no existen datos exactos sobre las víctimas. La Iglesia  católica contó 341 civiles; el Instituto de Medicina Legal, 255; organismos de derechos humanos, más de  mil.

José Luis Morín es un abogado de raíces puertorriqueñas que en su primer día de trabajo en el Centro para los Derechos Constitucionales, en Estados Unidos, fue enviado a Panamá para documentar las violaciones a los derechos humanos durante la invasión.

Morín se encontró con una fosa común en el Jardín de Paz, en Parque Lefevre, que fue usada por los soldados norteamericanos para sepultar los cuerpos de civiles, no combatientes.

Esta era una evidencia de violación a los derechos humanos que sirvió de base para armar un expediente que permitió llevar el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), donde 29 años después se condenó a los Estados Unidos.

Morín regresó al país en la víspera del trigésimo aniversario de la ocupación militar para acompañar a las personas que representó durante ese proceso.

Ofrece su solidaridad y subraya la responsabilidad del Gobierno estadounidense por los sufrimientos de las víctimas.

Para mí, es importante estar aquí en vísperas de los treinta años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Es importante porque quiero estar con las personas que representé en ese entonces.

Este caso, en particular, ha sido el más importante de mi vida. Así que para mí es sumamente importante estar aquí para apoyar a las víctimas. Y también para respaldar a la doctora Gilma Camargo —abogada que concluyó el proceso en la CIDH—, que por tantos años le ha dado seguimiento a este caso.

Por muchas razones. Este caso es el más grande en cuanto a personas que he representado. Empecé con 60 personas y, posteriormente, se amplió a 315.

El caso tiene una importancia a nivel internacional. Las violaciones a la soberanía de los países es algo muy grave en el campo de derechos humanos. El caso de Panamá tiene un significado que se extiende más allá de sus fronteras porque refuerza los principios fundamentales de los derechos humanos. Entonces, hice mi mejor esfuerzo para que la causa de los panameños se conociera y se hiciera justicia.

Cuando llegamos empezamos a conversar con varios grupos de derechos humanos que mantenía cierta cantidad de información. También recibimos informes de la población civil, de la gente de El Chorrillo que fue afectada de una manera enorme durante la invasión y que denunció las violaciones. Y en eso encontramos una fosa común en el Jardín de Paz. Era una área amplia y no había duda de que era una fosa. Y la información que recibimos fue que había sido abierta para los muertos de la invasión. Allí, los soldados norteamericanos tenían la responsabilidad de lanzar los cuerpos, que eran también de personas civiles. Estaba muy claro que, durante la incursión estadounidense, la población civil sufrió un impacto tremendo.

Para mí implicaba que había ocurrido una violación muy grave de derechos humanos. Me convencí de que Estados Unidos estaba ocultando la verdad de lo que estaba ocurriendo durante la invasión.

La violación de los derechos humanos iba mucho más allá de lo que se estaba reportando. Y se tenía que hacer algo porque era una gran injusticia. La invasión no era una causa justa. No era una causa justa violar los humanos de tantos civiles de esa manera.

Sacar adelante este caso se convirtió en algo personal, como puertorriqueño y sabiendo que mi país sigue siendo una colonia estadounidense, que los puertorriqueños no pueden votar por el presidente de los Estados Unidos.

Al regresar a Nueva York, como abogado del Centro para los Derechos Constitucionales, que es una organización sin fines de lucro que se dedicaba a la defensa de los derechos humanos, busqué la manera de interponer un caso contra los Estados Unidos representando a las víctimas de la invasión.

Pero era sumamente difícil armar un expediente porque existían precedentes de que en los tribunales se protegía a los militares norteamericanos durante tiempo de guerra. Y entonces no había manera de traer el caso a un tribunal federal de los Estados Unidos.

La otra alternativa era hacer una petición ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tenía una Comisión de Derechos Humanos. Pero la mejor opción era traerlo a la CIDH considerando que está compuesto de expertos independientes.

Por la inmensidad de los daños. La CIDH establece que los Estados Unidos no asumió las medidas para investigar lo que estaba ocurriendo ni durante ni después de la invasión. Ellos violaron el derecho internacional. Incluso, la invasión ocurrió durante los días de fiesta, de la Navidad... Y creo que todo eso fue a propósito...

El mundo estaba distraído. Por la cercanía de las fiestas de Navidad, el mundo estaba desconectado de lo que estaba ocurriendo en Panamá.

Eso fue una violación de los derechos humanos fundamentales de personas civiles.

La comisión documenta los daños que se produjeron durante y después de la intervención. Y lo peor es que las víctimas aún siguen sufriendo. Muchas personas han muerto, sufrieron heridas, se violaron los derechos de las madres, de los niños. Se violó el derecho de la vida, a la propiedad, de un sin número de personas aquí en Panamá. Lo mejor es que tenemos un documento que confirma la violación a los derechos humanos.

Debido a la larga historia de intervenciones de los Estados Unidos en América Latina, hay muchas razones para pensar que los intereses del gobierno americano iban más allá de capturar a Noriega. Había otras medidas que Estados Unidos podía asumir para resolver un asunto en particular con el general Noriega. Los Estados Unidos ni siquiera consultaron a la Organización de las Naciones Unidas para pedir respaldo, un acción colectiva. Ellos asumieron por su cuenta esa acción tan grave que intervino en la soberanía de un país. Es algo muy fuerte, muy grave. A causa de eso la Asamblea de la ONU declaró que la invasión era una violación flagrante de la ley internacional.

La comisión lo establece muy claro: Estados Unidos es responsable de lo que sucedió y está obligado a otorgar una recompensa a quienes sufrieron los daños.