Gobierno cierra el DAS, un recorrido de cambios y escándalos

El gobierno de Panamá, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, oficializó el cierre definitivo de la Dirección de Asistencia Social (DAS) mediante el Decreto Ejecutivo No. 529 del 30 de diciembre de 2024, publicado en la Gaceta Oficial No. 30187-C.

Este cambio, que entra en vigor el 1 de enero de 2025, marca el fin de una institución que a lo largo de su historia transitó por diversos nombres, responsabilidades y escándalos.

La trayectoria de la DAS está profundamente ligada a las necesidades sociales y a las decisiones administrativas de cada gobierno. Originalmente creada el 8 de junio de 1990 como el Fondo de Emergencia Social (FES) durante la administración de Guillermo Endara, la entidad buscaba atender problemas urgentes derivados de la transición política posdictadura.

Bajo el gobierno de Mireya Moscoso, el FES cambió su nombre a Fondo de Inversión Social (FIS), adaptándose a nuevas prioridades en la ejecución de proyectos de desarrollo social.

Posteriormente, en la administración de Ricardo Martinelli, el FIS fue reemplazado por el Programa de Ayuda Nacional (PAN), una entidad que pronto se vio envuelta en diversos escándalos de corrupción.

En 2015, tras una ola de denuncias e investigaciones judiciales relacionadas con el PAN, el expresidente Juan Carlos Varela decretó su desaparición y creó en su lugar la Dirección de Asistencia Social (DAS), adscrita al Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, la sombra de irregularidades y una estructura compleja continuaron marcando su operación.

La historia del PAN, y posteriormente de la DAS, ha estado plagada de denuncias por peculado y corrupción. Entre los casos más notorios se encuentra la compra de comida deshidratada durante el periodo 2009-2011, gestionada inicialmente por el FIS y luego por el PAN. Esta adquisición, que generó un perjuicio patrimonial de 14 millones de dólares, llevó a juicio a varias personas, incluidas figuras como Giacomo Tamburelli, director del PAN en ese momento.

Otro caso destacado involucra a Rafael Guardia, exdirector del PAN, quien confesó haber cometido delitos de corrupción y fue condenado a cinco años de prisión, además de devolver al Estado 30 millones de dólares. Estas situaciones subrayaron la necesidad de una reestructuración administrativa para prevenir nuevos abusos.

El cierre de la DAS responde a un examen de los protocolos de acción social y a un esfuerzo por optimizar la estructura del Gobierno Nacional. El decreto firmado por Mulino y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, establece que las funciones de la DAS serán reasignadas a entidades cuya naturaleza jurídica y misional las haga más adecuadas para ejercer estas competencias.

El gobierno también citó la contención del gasto público como una de las razones principales para esta decisión. La DAS, que operó como un brazo ejecutor de políticas sociales, ahora transfere sus obligaciones al Ministerio de la Presidencia hasta que los proyectos pendientes sean liquidados o concluidos.