Fiscalía y MiAmbiente inspeccionan campamento ilegal de migrantes

Con la coordinación de la Fiscalía de Atención Primaria de la Procuraduría General de la Nación, técnicos del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) de Darién y agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) efectuaron una inspección en un campamento ilegal de migrantes.

Estas estructuras fueron detectadas el pasado sábado 31 de agosto por los agentes del Senafront y se encuentran localizadas en el sector de Dos Bocas.

Se efectuará el peritaje en la zona del campamento ilegal para determinar los daños causados a la flora y fauna del sector.

Este campamento, según las investigaciones preliminares, era utilizado como centro de acopio para los migrantes irregulares en su camino a Estados Unidos.

En el área, de acuerdo con MiAmbiente, hay evidencias de tala, desechos plásticos y quemas.

La agencia EFE reportó que el lugar, que se encuentra fuera de la ruta regular que siguen los migrantes una vez cruzan la frontera, estaba habilitado para acampar, comer y disponía de botes.

También se encontraron en el sector plantas eléctricas, neveras y sofisticada tecnología para internet, según constató EFE en su recorrido por la zona.

El Congreso General Emberá y Wounaan se pronunció este lunes ante los campamentos de migrantes en la comarca, y prohibió la instalación de cualquier tipo de campamento en las comunidades indígenas para la atención de migrantes irregulares.

Dentro del comunicado oficial, el Congresó ordenó a todas las comunidades, nokoras y ciudadanos de la comarca suspender todas las ayudas a migrantes, así como el desalojo de los campamentos de Dos Bocas y Tres Bocas en los ríos Membrillo y Tuqueza.

Asimismo, pidió al Senafront abstenerse de dar información “tergiversada y mal intencionada” con el objetivo de criminalizar, discriminar y difundir el odio contra la población indígena de la comarca.

Además, el Congreso solicitó a las autoridades, como la Presidencia de la República, el Servicio Nacional de Migración (SNM), el Senafront y la Procuraduría General de la Nación “una reunión urgente a fin de evaluar la situación del distrito de Cémaco y tomar las medidas correctivas”.

Según el Ministerio Público (MP) y MiAmbiente, se decomisaron siete antenas satelitales Starlink, las cuales se presume, eran utilizadas para facilitar actividades ilícitas.