El presidente electo y su discurso

José Raúl Mulino ganó la presidencia con alrededor del 34% de la votación. Lo cual, tomando en cuenta una participación electoral de aproximadamente 78% (más alta que de costumbre), equivale al 27% de la ciudadanía.

Las cifras son preliminares porque, cuando escribo esta columna, aún faltan mesas por escrutar. Pero el resultado final no será muy diferente.

Como todos los otros mandatarios elegidos después de la dictadura militar—con la excepción de Ricardo Martinelli (2009)—Mulino accede a la presidencia tras recibir en las urnas la mayor de las minorías. Este fenómeno es resultado del multipartidismo sin segunda vuelta característico del sistema electoral panameño.

El porcentaje obtenido por los ganadores anteriores es el siguiente: Pérez Balladares (1994: 33%); Mireya Moscoso (1999: 44%); Martín Torrijos (2004: 47%); Ricardo Martinelli (2009: 60%); Juan Carlos Varela (2014: 39%); Laurentino Cortizo (2019: 33%).

Desde la óptica política, lo que el resultado del domingo implica para el presidente electo es que tendrá que ganarse la confianza de un amplio sector que no votó por él. De lo contrario, el país será ingobernable.

Hay quienes insisten en descalificar su triunfo y atribuirle a su gobierno (que todavía no inicia) toda clase de arbitrariedades y exabruptos. Una manera de desactivar esas descalificaciones—y ampliar su respaldo en los grupos que no votaron por él—es rodearse de personal idóneo, correcto y honrado, que inspire seguridad en la ciudadanía.

El discurso que pronunció tras confirmarse su victoria electoral transmite buenas señales en este sentido. Mulino aseguró que será él mismo quien nombre su gabinete y que convocará a los mejores elementos del país para trabajar en su gobierno.

Hizo un llamado a la unidad nacional sin renunciar a su deber, como jefe del ejecutivo, de liderar la acción de gobierno e implementarla. Prometió ser conciliador, pero—al mismo tiempo—firme en el ejercicio de sus funciones.

Este mensaje resuena en una ciudadanía cansada de los excesos e ilegalidades que caracterizan la vida nacional, muchos de ellos protagonizados por sujetos que ocupan cargos en las estructuras del Estado. En Panamá, desde corregidores hasta ministros andan en lo suyo, detrás de la rebusca y el abuso de poder.

Eso tiene que terminar, de una vez por todas y el compromiso de Mulino de ponerle fin al desorden tiene buena acogida. Lograr un adecentamiento del sector público es fundamental para recuperar el prestigio nacional, otro de los aspectos que mencionó, junto con el compromiso de honrar la estratosférica deuda pública—principal legado del gobierno saliente—lo cual envía un mensaje de seriedad al sector financiero internacional.

Junto con el pago puntual sugirió un refinanciamiento de la deuda. Sería importante lograrlo, para lo cual es fundamental nombrar personal idóneo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Convendría, también, realizar una exhaustiva auditoría al escandaloso endeudamiento del quinquenio más reciente. Los panameños tenemos el derecho de saber en qué se han utilizado los 23.2 mil millones de dólares de deuda adquirida por este gobierno y quiénes se han ganado las comisiones respectivas.

Este es uno de los principales factores detrás de la pérdida del grado de inversión, que tan duro impacto tiene y seguirá teniendo sobre la economía nacional. Cualquier intento de minimizar las implicaciones de este escándalo o de proteger a quienes de semejante manera han minado las finanzas públicas y la reputación del país ayudaría a desprestigiar al nuevo gobierno, convirtiéndolo en cómplice del anterior.

Al 30 de junio de 2019, un día antes de que Laurentino Cortizo entrara a la presidencia, la deuda pública se calculaba en 26.6 mil millones de dólares. Al 31 de marzo de 2024 (fecha más reciente disponible en el MEF), el saldo de la deuda pública ascendía a 49.8 mil millones.

En otras palabras, el actual gobierno ha incrementado la deuda pública en 87%, casi duplicándola. Nos ha endeudado a razón de 406 millones al mes o 13.3 millones por día (y aún le quedan 53 días para seguirnos endeudando).

Explicar esta espeluznante estadística contribuirá a generar confianza en el país y en los mercados internacionales, en aras de la reactivación económica y el fomento a la empresa privada, objetivos que se trazó el presidente electo en las palabras que pronunció cuando se confirmó su triunfo.

Para enfrentar los enormes desafíos que se plantean, Mulino dijo que convocará a un gobierno de unidad nacional y se reunirá con los dirigentes de todos los sectores políticos. Estos acercamientos son fundamentales, pero deben darse sobre bases programáticas.

Como lo advirtió el propio presidente electo, esos contactos no pueden ser escenarios para la componenda, el reparto burocrático y los arreglos bajo la mesa. El criterio político según el cual los presidentes compran votos en la Asamblea Nacional—o, peor aún, “alquilan” diputados—debe descartarse.

A adecentar la política contribuirá un poco que entrarán al órgano legislativo varios nuevos diputados. Por lo que se perfila, el principal bloque es el de “libre postulación”, algo inédito que podría contribuir a mejorar la calidad de la política panameña.

Sin embargo, ser joven, nuevo diputado o de “libre postulación” no son garantía de seriedad o probidad. Además, regresa a la Asamblea un elenco de impresentables, entre ellos, la crema y nata del PRD, quienes, probablemente, pretenderán ejercer algún liderazgo en la cámara.

El nuevo gobierno, como lo ha prometido Mulino, no puede enredarse en chanchullos con los diputados. Como están las cosas—con los adversarios del presidente electo ya en pie de guerra—el primer asomo de improbidad será ventilado ampliamente, magnificado y utilizado para generar rechazo y promover manifestaciones populares.

La política exterior será fundamental para contribuir a mejorar el prestigio del país. El presidente electo lo sabe: entre sus desempeños anteriores están los de viceministro y ministro de Relaciones Exteriores.

Por eso fue positivo que en su discurso agradeciera el acompañamiento de las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea. En la siguiente columna exploraremos más específicamente cómo podría conducirse una política exterior al servicio de los intereses nacionales.

El autor es politólogo e historiador, director de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá.