Diputado Palacios insiste en proyecto que frena licitaciones a empresas corruptas

Actualizado
  • 27/09/2024 00:00
Creado
  • 26/09/2024 20:16
Tras el veto de la comisión de Economía y Finanzas, Vamos planea presentar una nueva propuesta en aras de la transparencia

Cuestionable es el adjetivo con el que el diputado Augusto Palacios califica el suceso de hace dos días en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, donde el proyecto de ley 14, que busca hacer modificaciones a la Ley No. 22 de 2006 de contrataciones públicas, fue rechazado por la mayoría de los comisionados.

El proyecto de ley del diputado del circuito 4-1 buscaba inhabilitar de manera permanente a las empresas condenadas por corrupción y otros delitos de los que fuera víctima el Estado panameño, con el fin de que estas no pudieran seguir contratando con el gobierno.

“La ‘nueva asamblea’ no predicó con el ejemplo y lo digo con mucha responsabilidad, porque en la asamblea anterior un proyecto similar a este llegó a segundo debate; este ni siquiera tuvo la suerte de pasar al primer debate, a pesar de que sustentamos con argumentos sólidos que convencieron a los comisionados”, dijo el diputado a La Estrella de Panamá.

A pesar de esto, Palacios no desistirá. Ya anunció que intentará presentar un proyecto similar que ponga fin a la contratación de empresas corruptas y la falta de transparencia en los procesos de licitación en el país.

Dentro de la Comisión de Economía y Finanzas se pidió que el proyecto de ley fuera remitido a una subcomisión para que este pudiera ser reforzado; sin embargo, los diputados Benicio Robinson Jr. y Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Ronald De Gracia y Víctor Castillo, de Realizando Metas (RM), y Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD) se opusieron a esto, a pesar de estar de acuerdo con el ‘espíritu del proyecto’, frenando la oportunidad de que el proyecto de ley avanzara en la Asamblea.

“Nos llama la atención que están de acuerdo con el espíritu del proyecto, más no lo aprueban. La idea de la subcomisión es que se pueda debatir a fondo y que saquemos conclusiones con nuestros equipos legales y las autoridades que emitieron conceptos para determinar si se podía prosperar con el proyecto o no”, explicó.

¿Cómo realmente funcionan las cosas?

De acuerdo con el diputado del circuito 4-1, este proyecto de ley ya contaba con la desaprobación de la Procuraduría de la Administración, de la Dirección de Contrataciones Públicas y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidades que brindaron conceptos de la iniciativa de Palacios.

Según la Procuraduría de la Administración, las micro y pequeñas empresas se podrían ver afectadas por el proyecto. Esta entidad también considera que se podría estar extendiendo una pena accesoria que pueda existir en materia penal.

Palacios también señaló que se atendió las críticas de las entidades que emitieron conceptos para que el proyecto no fuera rechazado, sin embargo, no logró avanzar.

Manuel González, representante de la iniciativa Construction Central Transparency (CoST), dedicada a prevenir la corrupción en las infraestructuras públicas de los países, le explicó a este medio que en Panamá el sistema permite inhabilitar a las empresas por diversas causales, una de estas siendo actos corrupción, pero solamente se les da la pena máxima de cinco años y el sistema sigue teniendo demasiadas vías de escape que propician la corrupción.

“No nos parece mal que las empresas que son condenadas por actos de corrupción no puedan volver a contratar con el Estado, ni las empresas ni las personas naturales beneficiarias de las mismas, porque creo que hay que ponerle el cascabel a ese gato”, destacó González.

En cuanto a los señalamientos de la Procuraduría de la Administración en su concepto, explica que es una excusa que se había dado anteriormente cuando el proyecto fue presentado, sin embargo, es un argumento que se cae de su propio peso, especialmente en un sistema que “ha dejado sin participación a las empresas panameñas” favoreciendo a compañías extranjeras que ya vienen con casos de corrupción.

“Para tener un buen clima de negocios se tiene que reducir la corrupción y nosotros somos uno de los países de la región con una percepción más alta o por encima de la media de corrupción. Tenemos que mejorar y este proyecto lo ataca de forma paliativa”, habló.

El proyecto buscaba inhabilitar a empresas condenadas por corrupción.
Cinco de nueve diputados de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea rechazaron llevar el proyecto a una subcomisión.
Diputados de la bancada Vamos han manifestado su desacuerdo con esta decisión.
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