CSJ ordenó indemnización por la muerte de dos menores en el Centro de Cumplimento de Tocumen

Trece años después de la muerte de menores en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró responsable al Estado panameño y lo condenó al pago de indemnización por la muerte de dos menores.

Según la información del Órgano Judicial, dos demandas fueron presentadas contra la Policía Nacional (PN) y el Ministerio de Gobierno (Mingob) por la muerte de dos menores de edad recluidos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen.

Los fallos de la Sala Tercera están relacionados con los hechos ocurridos el 9 de enero de 2011 en el Centro de Cumplimiento de Menores en Tocumen.

Ese día, durante una protesta de los internos, agentes de la Policía Nacional lanzaron dos latas de gas lacrimógeno que provocaron un incendio en una de las celdas. Como resultado del incendio, cinco adolescentes perdieron la vida. Siete policías y un custodio fueron condenados por la muerte de los menores.

Los fallos, fechados el 11 y 12 de septiembre de este año, fueron redactados por el magistrado Carlos Alberto Vásquez y respaldados por los magistrados Cecilio Cedalise Riquelme y María Cristina Chen Stanziola. En estas resoluciones también se condena al Estado panameño, a través de la Policía Nacional, a pagar $75.000 como indemnización por daño moral a cada una de las madres de las víctimas.

El juicio por las siete víctimas de los sucesos del 9 de enero de 2011 se inició en el año 2015, cuatro años después, tras la elaboración de un expediente de 22 tomos con aproximadamente 5 mil páginas cada uno por parte de la fiscalía.

La magistrada María de Lourdes Estrada, del Segundo Tribunal de Justicia, en su rol de jueza sustanciadora, convocó a juicio para determinar la responsabilidad de 12 personas acusadas de homicidio doloso, homicidio en grado de tentativa y delitos contra la libertad por vejámenes y maltrato.

Los otros dos magistrados a cargo del caso eran Adolfo Mejía y Secundino Mendieta.

Dado que se imputan múltiples cargos, el juicio se lleva a cabo conforme al derecho, sin jurado, y serían los tres magistrados quienes emitirán las sentencias.

La parte defensora contaba con 10 abogados, cinco de estos asignados por la Policía Nacional y uno de oficio; mientras que el lado acusador contaba con siete abogados, cada uno representando a una víctima.

En total, 104 testigos fueron llamados a declarar sobre este caso, entre estos, sobrevivientes, madres de las víctimas, compañeros del centro de cumplimiento, policías y peritos. En ese momento, 12 personas habían sido acusadas de homicidio culposo, tentativa de homicidio y delitos contra la libertad por vejaciones y maltratos.