Boris Gilker: 34 años con una lápida en la fosa común del Jardín de Paz

En la mañana del 30 de septiembre de este año, un agente de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) gritó: “¡Boris!”, y un señor vestido con pantalón corto, camiseta blanca y desaliñado, montado en una bicicleta se volteó a mirar. Fue el primer reconocimiento de vida que la DIJ y la Fiscalía Superior de Descarga hacían de Boris Ariel Gilker Ayarza, quien aparecía en la lista de fallecidos durante la invasión de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre de 1989.

La escena ocurrió en la barriada Santa Eduviges, en el corregimiento de Tocumen, donde la fiscalía tenía conocimiento que podría vivir Gilker Ayarza por una declaración jurada de su padre, Erskine Gilker, el día anterior.

Las investigaciones las empezó en 2019 la Comisión 20 de Diciembre de 1989, creada en 2016 para el esclarecimiento de la verdad, determinar la cifra exacta e identidad de las víctimas, y las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la invasión del ejército estadounidense a Panamá.

Gilker Ayarza aparecía en la lista de fallecidos o desaparecidos de la invasión que se publicó en el diario La Estrella de Panamá el lunes 26 de octubre de 1992. Tenía un expediente judicial sobre su muerte en los archivos del Ministerio Público y hasta una lápida con su nombre en la fosa común del cementerio Jardín de Paz. Unos detalles del expediente llamaron la atención de la Comisión 20 de Diciembre, que activaron la investigación.

En la documentación hay una diligencia de reconocimiento del cadáver, en la que se específican las características del cuerpo, pero no hay un reconocimiento de identidad. La diligencia estuvo a cargo de la entonces fiscal Ana Belfon, que en su informe expuso: “Una vez en el lugar, dicho cuerpo fue identificado como Boris Gilker Ayarza y el mismo estaba carbonizado, sin otro motivo se da por terminada la diligencia”. La diligencia se realizó en la morgue del hospital Santo Tomás, a donde llegaban los cuerpos sin vida de la invasión, mayoritariamente de El Chorrillo.

Gilker Ayarza vivía con su madre en un edificio entre las calles 27 y 26 de El Chorrillo, que quedó destrozado por los bombardeos del ejército de Estados Unidos. Esa noche de terror ayudó a sus vecinos a salir del lugar y fue herido en una pierna, pero logró sobrevivir en el hospital Santo Tomás, a diferencia de otros residentes que quedaron calcinados o muertos tras el impacto de un proyectil.

El país destrozado por los bombardeos de una de las potencias más grandes del mundo y después de 21 años de dictadura militar, en el Ministerio Público se levantaban expedientes sobre víctimas de la invasión sin mayor rigurosidad científica, y el caso de Gilker Ayarza no fue la excepción. El expediente terminó con un informe secretarial de la fiscalía que acude a Medicatura Forense para obtener información sobre algún familiar, pero “encontrándonos con que dicho cadáver carbonizado no había sido reclamado por persona alguna...”.

En el expediente no hay nada sobre cómo el Ministerio Público llegó a la conclusión de que se trataba de Gilker Ayarza, señaló José Luis Sosa, director ejecutivo de la Comisión 20 de Diciembre. “A nosotros nos parecía extraña esta situación”, recalcó Sosa sentado en una mesa sobre la que se amontonan expedientes que han levantado de víctimas de la invasión, y cada vez que dan a conocer casos reveladores como el de Gilker llegan nuevos testimonios de familiares de personas que desaparecieron o fallecieron durante la invasión y no se ha hecho el reconocimiento de identidad.

Una de las primeras medidas que toma la Comisión para investigar es verificar con el Tribunal Electoral si existe un certificado de defunción, si la persona ha solicitado algún servicio, como cédula, certificado de matrimonio, incluso si ha ejercido el derecho al sufragio. Sobre Gilker Ayarza no había certificado de defunción.

La Comisión indagó sobre la vida de Gilker y las primeras informaciones se referían a que era un indigente que circulaba por la zona del Mercado del Marisco en el centro de la ciudad. Después de varios meses de intentar localizarlo no fue posible, dijo Sosa.

Sosa habla con la Fiscalía Superior de Descarga, a cargo de Geomara Guerra, sobre la información que había recabado de Gilker Ayarza, incluyendo las exhumaciones de restos humanos que se habían hecho en el Jardín de Paz como parte de los trabajos para la identificación de víctimas.

“Teníamos información abundante de que esa persona estaba viva, pero no habíamos podido encontrarla”, recalcó Sosa. La fiscalía y la DIJ se suman a la investigación y logran ubicar al padre, Erskine Gilker, quien en una declaración jurada proporcionó los detalles de su ubicación.

Erskine Gilker es un señor de 83 años de voz aguda y con buen ánimo. El pasado domingo, durante una llamada telefónica, contó que cuando se enteró que su hijo lo habían dado por muerto y que la fiscalía lo buscaba, después de 34 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá, se echó a reír.

“Me habían matado al hombre”, dijo, y soltó la risa. Contó que para 1989 se había separado de la mamá de su hijo y que un día antes de la invasión, el 19 de diciembre, lo fue a visitar a El Chorrillo.

“Mi hermano que vivía en Estados Unidos me había llamado para decirme que la invasión ya era un hecho”, recordó. La intención de Erskine era llevarse a Boris, quien para la fecha tenía 18 años, a su casa en la Tumba Muerto, porque todo apuntaba que El Chorrillo sería bombardeado porque allí estaba el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa de Panamá, donde se atrincheraba Manuel Antonio Noriega. No alcanzó. El 20 de diciembre el barrio amaneció en llamas.

Después de la invasión Gilker Ayarza siguió viviendo con su madre, quien falleció en 2015, en Santa Eduviges, una barriada construida principalmente para los residentes de El Chorrillo que fueron víctimas de la invasión. En la mañana del pasado 30 de septiembre, los detectives de la DIJ no solo descubrieron que Gilker Ayarza estaba vivo, sino que es un indigente que vive en la calle, pero es una persona lúcida y muy amable.

Erskine es un convencido de que su hijo no logró superar el trauma de la invasión. Ha estado recluido en varias ocasiones por adicción a las drogas y así lo reconoció Gilker Ayarza durante su declaración a la fiscalía el día que lo localizaron. Él es el número 16 de la primera lista de muertos o desaparecidos durante la invasión que se publicó en el país.

La lista fue uno de los puntos de partida de la investigación de la Comisión 20 de Diciembre y durante este proceso se ha valido del más mínimo detalle para identificar a las víctimas.

Sosa contó que una foto en vida de una de las personas considerada desaparecida fue clave para identificar sus restos que habían sido exhumados en el Jardín de Paz. Se trata de Ismael D’Orcy, quien el 19 de diciembre de 1989 llegó a El Chorrillo, procedente de Penonomé, a visitar a su abuela. Desde entonces era considerado desparecido.

Su padre, quien había hecho todo para encontrarlo desde 1990, fue uno de los primeros en donar su ADN a la Comisión. El antropólogo de medicina legal que realizaba la investigación de reconocimiento llamó a Sosa para preguntarle si entre los expedientes había alguna víctima que había sido operada de una pierna, porque entre los restos encontraron una platina. Sosa recordó que en el expediente de Ismael D’Orcy había una foto en vida en la que él sale con bastón.

La Comisión indagó con los familiares y su esposa, de quien se había separado antes de la invasión, narró que había sido operado como consecuencia de un accidente de moto. Con esa información, y con el ADN del padre, la identificación de los restos fue más expedita.

La Comisión, con la ayuda de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, continúa con la labor de identificar a víctimas de la invasión, para lo cual se han exhumado 44 restos humanos, de los cuales 33 son del cementerio Jardín de Paz y el resto de Monte Esperanza, en al provincia de Colón, que también fue bombardeada por el ejército de Estados Unidos.

La última exhumación se hizo a finales de noviembre pasado y fueron los restos humanos que estaban debajo de la lápida con el nombre de Boris Gilker Ayarza. Ahora, el trabajo de la Comisión es descubrir la identidad de esa persona que, salvo su familia, se creía que era el hombre que por 34 años tuvo una lápida con su nombre.