Benjamín y Chandiramani: Hubo abusos y violaciones a los derechos humanos en protestas antimineras

Las manifestaciones de 2023 contra el contrato entre el Estado y Minera Panamá, supusieron el estallido social más grande de la era postinvasión. Cerca de dos meses de protestas en la que tuvo lugar violaciones a los derechos humanos a la población. Así lo recoge un informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de Ecosistemas en Panamá́ (Fundiccep) y la Red Nacional en Defensa del Agua.

“Entre los principales hallazgos, hubo detenciones arbitrarias donde no se respetó el debido proceso ni el acceso a un abogado, hubo uso excesivo de la fuerza, abusos y trato discriminatorio contra los pueblos originarios”, señaló este martes en Portada de La Estrella de Panamá, Rekha Chandiramani, periodista y miembro del equipo que preparó el informe.

La periodista explicó que recogieron testimonios y entrevistas en el interior y la capital del país, trabajando con fuentes oficiales y de organizaciones sociales, así como datos de medios de comunicación.

Cuatro muertos, más de 1,500 detenciones arbitrarias, cientos de heridos, algunos con secuelas de perdida de visión, fueron parte del saldo en cifras, que no termina de expresar la brutalidad policial e institucional que se aplicó contra la ciudadanía que protesto aquellas días, subrayó Ana Teresa Benjamín, periodista y coautora del informe.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la protesta es un derecho humano (...) la intensión era hacer este contraste en lo que se reconoce como un derecho en el contexto de una protesta y lo que ocurrió en Panamá”, indicó.

Bejamín detalló que el documento de 47 páginas enmarca la investigación dentro del contexto histórico que desembocó la crisis y el panorama sociopolítico que ubican a los distintos actores dentro de una coyuntura que trascendió las fallas del Estado, por acción u omisión, al momento de garantizar los derechos de la población en las protestas.

Chandiramani detalló que realizaron una reconstrucción de hechos de operaciones, como los ocurridos el 2 de noviembre de 2023 en Tierras Altas (Chiriquí), donde el entonces alcalde de este distrito participó junto a algunos productores en actos de violencia contra manifestantes, en su mayoría indígenas y campesinos.

“Surgió todo un estigma que se va intensificando paralelamente con una narrativa que se fue construyendo en contra del que se manifestaba, con palabras como secuestradores o terroristas”, remarcó.

Un elemento en el que el informe compila el tratamiento de los medios y como esto facilitó la creación de un ambiente hostil que criminalizó el derecho a la protesta.

Otro punto que recoge el informe es el uso del sistema bancario con motivos políticos, en particular por el cierre de la cuentas del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) uno de los gremios más activos en contra del contrato.

También destacan la judicialización como mecanismo de intimidación contra dirigentes y ciudadanos que participaron en protestas.

“Que se mantengan procesos abiertos en medio de una situación en que la mina no esta operando pero la empresa organiza visitas (...) es una coyuntura en el que la población se puede sentir que, si vuelven a protestar, le va pasar los mismo (que los judicializados), eso es peligroso”, dijo Benjamín.