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El 9 de julio la doctora Nelva Marissa Araúz Reyes y el doctor Javier Domingo Stanziola Valenzuela presentaron en la USMA los resultados de su investigación “El acoso sexual callejero y el derecho al espacio público de las mujeres en Panamá. Los resultados arrojaron que el 75.4% de las mujeres en Panamá han sufrido acoso callejero, pero sólo el 1% lo denuncia; el 48% lo ignora por miedo, por falta de concienciación, porque su normalización dificulta identificarlo, o por falta de confianza en las autoridades. Pero lo cierto es que está allí, presente siempre y pone en evidencia la relevancia de normas sociales de género y desigualdad en el espacio público, así como efectos económicos en detrimento de las mujeres y niñas. Se define como cualquier forma de tocamientos, comentarios obscenos, gestos inapropiados o persecución verbal por parte de extraños. Lo cometen, por ejemplo, hombres mayores a niñas de escuela uniformadas de 13-15 años en el transporte público o en la calle.
Este tipo de acoso puede tener un impacto significativo en la vida diaria y el bienestar emocional y económico de quienes lo experimentan. Las víctimas suelen sentirse vulnerables, intimidadas y en ocasiones temerosas de transitar por lugares públicos, afectando la participación igualitaria en la vida pública.
Los perpetradores suelen justificar este comportamiento como “piropos” inofensivos, pero es una forma de violencia de género y una violación de los derechos humanos fundamentales.
A nivel legal, muchas jurisdicciones han comenzado a tomar medidas para abordar el acoso sexual callejero. Algunas ciudades han implementado campañas de concienciación, líneas directas para denunciar incidentes y programas de entrenamiento para el personal de seguridad y policía. Sin embargo, la falta de denuncias formales y el estigma social aún dificultan la erradicación completa de este problema.
La educación y la sensibilización son fundamentales para cambiar las actitudes y prevenir el acoso sexual callejero.
En resumen, el acoso sexual callejero es un desafío social complejo que requiere un enfoque integral que combine la legislación efectiva, la educación y la sensibilización pública. Solo mediante esfuerzos concertados y continuos podemos avanzar hacia comunidades donde todas las personas puedan vivir libres de miedo y discriminación en espacios públicos.
Una legislación efectiva contra el acoso callejero debe abordar varios aspectos clave para ser realmente útil y protectora de los derechos de las personas afectadas. Aquí hay algunos elementos que suelen ser parte de legislaciones eficaces contra el acoso callejero:
Definición clara del acoso callejero: La ley debe definir claramente qué constituye acoso callejero, incluyendo acciones como comentarios sexuales no deseados, gestos obscenos, seguimiento persistente, exhibición pública de material obsceno, tocamientos, entre otros comportamientos.
Tipificación como delito: Es fundamental que el acoso callejero sea tipificado como un delito en sí mismo, con consecuencias legales claras y proporcionales a la gravedad del acto. Esto puede incluir sanciones económicas, servicio comunitario y en algunos casos, penas de cárcel para los infractores reincidentes o en casos graves.
Procedimientos claros para la denuncia: La legislación debe establecer procedimientos accesibles y seguros para que las víctimas denuncien los casos de acoso callejero. Esto puede incluir líneas telefónicas directas, plataformas en línea, y la capacitación adecuada del personal encargado de recibir estas denuncias para manejarlas con sensibilidad y eficacia.
Protección a las víctimas: Debe haber disposiciones para proteger a las víctimas de represalias por denunciar el acoso. Esto puede incluir órdenes de alejamiento, medidas provisionales de protección y asistencia legal gratuita para las víctimas que lo necesiten.
Educación y sensibilización: La legislación debe incluir programas educativos obligatorios en escuelas, lugares de trabajo y comunidades sobre el respeto mutuo, la igualdad de género y la prevención del acoso sexual callejero. Estos programas pueden ayudar a cambiar las actitudes y prevenir futuros incidentes.
Coordinación interinstitucional: Es importante que la legislación fomente la colaboración entre diferentes instituciones como la policía, los servicios sociales, los servicios de salud y organizaciones de la sociedad civil para abordar el acoso callejero de manera integral.
Monitoreo y evaluación: La ley debe establecer mecanismos para monitorear la efectividad de las medidas implementadas y evaluar regularmente la incidencia y las tendencias del acoso callejero. Esto permite ajustar las estrategias y políticas según sea necesario.
Penalización de la violencia de género: Dado que el acoso callejero es una manifestación de violencia de género, la legislación debe formar parte de un marco más amplio que aborde todas las formas de violencia basada en el género, asegurando que las sanciones sean proporcionales y efectivas.
En conclusión, una legislación efectiva contra el acoso callejero debe ser integral, incluyendo tanto medidas preventivas como correctivas, y debe asegurar la protección de los derechos de las víctimas mientras promueve un cambio cultural hacia entornos más seguros y respetuosos para todas las personas.