Todavía puede, señor presidente

Informes sobre los efectos de la desnutrición y su impacto en el desarrollo social y económico de las naciones se han publicado por decenas de miles.

La desnutrición infantil es la causa, entre otras calamidades, del 61 % de las muertes por diarrea, 53 % de las muertes por neumonía y del 65 % de deserción y fracaso escolar. Esto último ocurre porque el cerebro de un niño que padece anemia, durante los primeros tres años de su vida, no se desarrolla adecuadamente.

En Panamá, la prevalencia de anemia en menores de dos años es 36.8 %. Todavía más grave es el caso de los menores de 12 meses: 49.5 % tiene la hemoglobina por debajo de 11 g/dL. No es necesario hacer un análisis profundo para darse cuenta de que, en pocos años, tendremos una población con muchas limitaciones.

Disminuir el hambre, la desnutrición y, en consecuencia, la pobreza, no es imposible. Países como Brasil, Costa Rica y Chile lo han logrado, siendo la experiencia chilena la más alentadora. El porcentaje de niños con algún grado de desnutrición en 1960 era 37 %. Los chilenos lograron erradicarla (0.3 %) para el 2006. ¿Cómo lo hicieron? Con una política de Estado sostenida, que no se abandonó ni con los vaivenes de cambios de Gobierno.

Los panameños tenemos una gran ventaja sobre los chilenos: podemos emular su experiencia. Sin embargo, pareciera que, durante los últimos años, nuestros gobernantes se han esforzado en hacer lo contrario.

Lo primero que hicieron en Chile fue fortalecer las instituciones con un enfoque multidisciplinario de coordinación, que inició con el uso de herramientas investigativas, que los guiara en el diseño de programas eficientes y efectivos, continuamente evaluados.

A principios de la administración de Martín Torrijos, se creó en Panamá la Secretaría Nacional para el Plan Alimentario y Nutricional (Senapan), adscrita a la Presidencia de la República, dándole a la seguridad alimentaria, tal como se hizo en Chile, la prioridad que merece como asunto de Estado.

Bajo la coordinación de Senapan y con el apoyo financiero del Fondo Mixto Hispano-Panameño se creó, como herramienta de investigación y monitoreo, el Sistema de Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sivisan).

Senapan trabajaba con un comité técnico, compuesto por representantes de instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y misiones internacionales (17 en total). Con este comité multisectorial y multidisciplinario se coordinaban los esfuerzos para garantizar la disponibilidad, acceso, inocuidad y aprovechamiento de los alimentos, para todos los panameños.

Al ser multisectorial, el Comité Técnico le daba cierta independencia a la Secretaría, pero no fue suficiente para protegerla de los caprichos de los gobernantes de turno. Durante el quinquenio del expresidente Martinelli, Senapan se fue desmantelando, poco a poco, hasta que el presidente Varela terminó relegándola a una oficina en el Mides.

Con Senapan desaparecieron el Sivisan y el Programa de Bonos para la Compra de Alimentos. Este último consistía en la entrega de bonos, que solo se podían utilizar para comprar alimentos de una determinada lista, fósforo y jabón, a cambio de que los padres enviaran a sus hijos a la escuela, mantuvieran los controles de salud y se capacitaran en actividades agrícolas productivas. El bono pasó a ser un cheque, con el que se puede comprar cualquier cosa (como en efecto se hace), cuyos controles son deficientes y no contiene el componente de la capacitación agrícola.

Siguiendo la línea de Chile y otros países que han obtenido resultados sorprendentes con la fortificación de alimentos de consumo masivo, y por iniciativa de la otrora diputada Teresita Yániz de Arias, Senapan elaboró un proyecto (hoy Ley de la República) para la fortificación de todo el arroz que se empaca en Panamá, con hierro, ácido fólico, vitaminas del complejo B y zinc. La fortificación tendría un costo de $1 700 000.00 anuales para el Estado, y $0.00 para el consumidor y las empacadoras. El Gobierno de Martinelli compró los granos fortificados para agregar al arroz, pero luego los dejó podrir en las bodegas del IMA. El presidente Varela ni siquiera ha hecho el intento.

Además de lo mencionado, en Chile se mejoraron los caminos de penetración, se trabajó en el acceso universal y saneamiento de aguas, se promovió la lactancia materna y se desarrollaron programas de educación y atención integral en salud sexual y reproductiva, logrando con ello reducir, considerablemente, el porcentaje de embarazos precoces. Es decepcionante que en Panamá, algo tan sencillo como efectivo no se haya querido implementar.

Señor presidente: Está en juego el futuro del país. Todavía hay tiempo para aplicar correctivos y avanzar... aunque sea lentamente.

MBA, FEMINISTA, ACTIVISTA DE DDHH.