Reflexiones en torno a los sucesos por el ‘no a la minería’

Quiero dejar muy claro que estuve y estoy de acuerdo con el ‘no’ a la minería de cielos abiertos en Panamá. ¿Pero qué corolario nos dejó este movimiento social? 1. Que el pueblo es el que manda. 2. Qué hay movimientos sindicales o gremios con intereses diferentes a los del bien colectivo.

Es muy fácil hacer huelga cobrando. El gremio educador le resulta normal el llamar unilateralmente a huelga, sin siquiera tomar en consideración el perjuicio que ocasionan a los jóvenes que son el futuro del país y al esfuerzo que hacen muchos padres por brindarle una educación a sus hijos.

Panamá está clasificada entre los últimos países de América en el ranking educativo, lo cual es vergonzoso estando catalogada entre las tres economías pujantes de Latinoamérica..., esto se debe en gran medida a los educadores.

Me pregunto, ¿por qué la Policía Nacional está imposibilitada de tener sindicatos o no poder declararse en huelga, pero otros gremios, que también son tan importantes para la seguridad nacional, como lo son los bomberos, los del sector médico y educadores sí pueden?

No estoy en contra de los sindicatos y sus reivindicaciones, pero estos gremios deben tener elementos justificativos de declaración de huelga sin afección a la seguridad nacional. Es indudable que salvar vidas es parte del interés y la seguridad de un país. Tanto bomberos como los del sector salud, se olvidan de esto. Igual la educación es la que nos garantiza el progreso y seguridad del país..., pero a los gremios educativos poco les importa al respecto, ya no tienen vocación a la enseñanza, sino al bienestar de su bolsillo y por cualquier incomodidad determinan huelgas, que a todas luces son ilegales, sin sufrir penalidades.

Panamá está en manos de depredadores, a los que tenemos que acabar y pronto. Una cosa es protestar y otra cosa es protestar perjudicando al país.

Acaso fueron los educadores o algún sindicato populista que liderizaron o motivaron al pueblo: El 9 de enero de 1964, que resultó en la devolución del canal a Panamá. La cruzada civilista que sentenció el final del régimen dictatorial de Manuel A. Noriega. Definitivamente, no.

Fueron los estudiantes institutores. A los que luego se unió todo un pueblo el 9 de enero de 1964. Fue el pueblo cansado de un dictador y su entorno, que pacíficamente estuvo en la calle día tras día. Tampoco acepto eso de que “alguien se tiene que atrever a salir”, justificando a los vándalos. Estamos orgullosos de esa juventud que dejó sus celulares y sus diversiones para salir a protestar. La mayoría de la población, en especial estos jóvenes, hicieron marchas pacíficas y vigilias sin perjudicar a nadie. Las mismas fueron masivas y apoyadas por todos los ciudadanos que respetan la institucionalidad.

Pero los cierres de calles fueron llevados a cabo por aquellos que no les importa ni un ápice con el país, cuyos motivos ocultos tienen otros objetivos. Estrangularon al país económicamente. Vandalizaron propiedad privada. Eran del Suntracs, gremios de educadores y los originarios, todos con la misma enfermedad: intransigencia en pro del caos. Reclamaban el fallo expedito de la CSJ, y se dio tal como debió ser y se aplaudió.

Pero para la Suntracs no fue suficiente. Indicaron que se mantendrán en su lucha hasta que la mina se cierre. Otros indicaban que hasta que se publicara en gaceta oficial el fallo, seguirían cerrando calles y, así lo hicieron.

Los educadores no regresaron a clases hasta firmar un finiquito de huelga, en donde aprovecharon para extorsionar a un gobierno arrodillado, a pesar de que ya se estaban acreditando sus salarios retenidos. Estos grupos se caracterizan por su accionar contra la institucionalidad y en perjuicio del pueblo. La realidad es que no les interesa el país. Sus objetivos son otros.

Suntracs y la Minera Panamá tienen historias viejas. Su accionar no es amor por Panamá. Quisieron extorsionar a la minera para que el sindicato fuera solo Suntracs. La minera se opuso. Y en ese instante, su lucha contra minera inició. Significaba una pérdida anual significativa en concepto de ingresos por cuotas.

Estos sucesos me dejan un sabor agridulce: 1. Se logró el objetivo de declarar la moratoria minera, la inconstitucionalidad de la ley 406 y la orden del cierre de la mina. 2. Se desenmascaró la turbiedad y el accionar cuasi traicionero de los de los órganos ejecutivos y legislativos. 3. Los cierres injustificados causaron graves perjuicios, tanto en la salud como en alimentación y consecuente un incremento de precios ante la carencia de bienes y servicios. Paradójicamente, causados al mismo pueblo que se oponía a la minería. 4. La economía se perjudicó a niveles catastróficos, lo que ha provocado el cierre de negocios, pérdidas de empleo, vandalismo y freno de inversiones locales y extranjeras.

Solo esperamos que estos incidentes hubiesen escrito una lección histórica, la cual no debemos permitir que se repita.

La mejor forma es, y siempre será: ejercer el derecho al voto con conciencia ciudadana y evitar que otra vez nos ganen los malos.

El autor es comentarista de opinión.