Propuesta de ley general de universidades, un pretexto peligroso para la autonomía

La autonomía universitaria es un principio fundamental que garantiza la libertad académica, la investigación independiente y la formación de ciudadanos con conciencia crítica. Sin embargo, en los últimos días el país ha sido testigo de una creciente tendencia a cuestionar y limitar la autonomía a través de propuestas de leyes, bajo el pretexto de combatir la corrupción y el nepotismo. En este escrito, analizaremos las implicaciones de estas iniciativas legislativas, sus posibles consecuencias y los riesgos que se pudieran presentar para el futuro de la educación superior.

La autonomía no es un privilegio, como se ha expresado en algunos escenarios, sino un derecho que se ha ganado a lo largo de los siglos. Este principio reconoce a las universidades como espacios de pensamiento libre, donde se generan conocimientos y se promueven valores de participación democrática. Al garantizar la libertad académica, se fomenta la investigación e innovación; se estimula el debate crítico y se prepara a la población para enfrentar los desafíos que el mundo contemporáneo exige.

Con frecuencia, los ataques a la autonomía universitaria se justifican apelando a la necesidad de combatir la corrupción y el nepotismo; sin duda, estos son problemas que deben ser abordados con firmeza. Sin embargo, es importante distinguir entre corrupción individual y sistémica y utilizarla como pretexto para imponer controles externos a las universidades.

La corrupción y el nepotismo, cuando existen, deben ser investigados y sancionados de acuerdo con los procedimientos legales establecidos interna y externamente. No obstante, es crucial evitar generalizaciones y estigmatizaciones a toda una comunidad universitaria por actos de unos pocos.

La vulneración de la autonomía pudiese tener consecuencias graves, tanto para las instituciones de educación superior como para la sociedad en su conjunto. Entre las principales consecuencias se pueden mencionar: el deterioro de la calidad educativa, pues la imposición de criterios externos puede limitar la facultad constitucional de las universidades para organizar sus estudios y designar y separar a su personal en la forma que determine la ley; además, la disminución de su capacidad para desarrollar proyectos de investigación, desarrollo y docencia innovadores.

Las universidades con autonomías reconocidas por los Estados gozan de un prestigio a nivel mundial, precisamente por su calidad académica y su capacidad de generar conocimiento en plena libertad. Estas son espacios fundamentales para la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con los principios democráticos. Cualquier intromisión las limita en su misión de formar profesionales capaces de pensar de manera independiente y de cuestionar el poder establecido por las gobernantes en turno.

Para finalizar, es importante resaltar que la autonomía universitaria es un valor fundamental que debe ser protegido por toda la sociedad, para garantizar un templo de saber que audite el quehacer nacional y coadyuve al desarrollo y crecimiento del país. Si bien es necesario combatir la corrupción y el nepotismo, el camino no es a través de la lapidación de la libertad académica y el derecho a administrar el patrimonio propio. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas y el respeto a las universidades como institución. Se hace imperante establecer un diálogo abierto y respetuoso entre la universidad, Estado y sociedad en el que se reconozca la importancia de la “autonomía universitaria” y se trabaje mancomunadamente para encontrar soluciones a problemas simples y complejos que pudieran aquejar al ecosistema económico, político, cultural y social de la nación panameña.

*El autor es profesor en la Universidad de Panamá