La política y el narcotráfico

En las últimas semanas ha salido a flote la presencia del narcotráfico en la política panameña, lo cual es, sin embargo, un fenómeno global.

Seguro de este impacto que ha sacudido a gobiernos en América Latina y otras regiones del mundo, tuve la feliz iniciativa de presentar, en 1993, en la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley que modificaba la Ley Electoral. Anteproyecto en el cual se buscaba elevar a delito la utilización de fondos y bienes procedentes del narcotráfico para financiar campañas políticas electorales, cualquiera que sea la vía que utilicen.

Dicha infracción significaba penalizar a los infractores con penas de dos meses a tres años de prisión y suspensión de derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 10 años, a los candidatos a puestos de elección popular que incurriesen en los delitos señalados.

En la misma propuesta —la cual expuse como previa consulta al Licenciado Guillermo Márquez, ex magistrado del Tribunal Electoral— se facultaba a ese organismo a desarrollar los mecanismos de control de los libros de contabilidad de los partidos políticos.

Lamentablemente, la suerte de dicha iniciativa legislativa no encontró en el pleno de la Asamblea la menor voluntad de imprimirle el procedimiento preciso, pese a que el país salía entonces de una negra crisis internacional de la droga y el lavado de dinero, que llevó a la caída de Manuel Antonio Noriega y sus secuaces.

En los anales de la Asamblea Nacional de Panamá, de los años aludidos, tiene que reposar esta inquietud, cuyos archivos de periódicos conservo.

Dice un viejo adagio popular que: “cuando el río suena es porque piedras trae”; el ya famoso caso de David Murcia Guzmán recuerda el proceso Samper en Colombia y aquí ha creado conmoción en la política panameña.

De esta gran maraña que se ha tejido solamente quedarán interrogantes que colocan en tela de dudas tanto la participación de las personas directamente implicadas por este hábil “empresario”, como al partido gobernante —Partido Revolucionario Democrático, PRD— que luego cada panameño y panameña juzgará con su propia conciencia.

La procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, ha manifestado dos cosas interesantes: hay que investigar cuándo el señor Murcia hizo las donaciones, para determinar si se cometió un hecho delictivo y, en segundo lugar, si la persona que recibió el dinero sabía de antemano que provenía de actividades de la droga, teniendo como marco el Código Penal.

La sanción, siendo así, tendrá que ser moral y un extraordinario castigo electoral, por parte del pueblo panameño el próximo domingo 3 de mayo —día de las elecciones generales— ante la algazara o desvergüenza que pudo haber contenido el Tribunal Electoral.

-El autor fue legislador de la República.chente-3406@hotmail.com