Sistema Penal Acusatorio

El concepto de criminalidad tiene dos dimensiones: la primera que trata cuando algún ciudadano comete un acto tipificado en la Ley como delito (en este caso se le llama acto criminal), la segunda para hacer referencia de la cantidad de crímenes que se cometen en un territorio durante cierto intervalo de tiempo.

La guerra contra la criminalidad se desenvuelve en varios espacios; uno de la prevención, otro de la represión y finalmente del castigo. En cada una intervienen diversas instituciones, por ejemplo; Ministerios de Educación, Trabajo, Policía Nacional y operadores de Justicia, entre otros.

Tenemos un hecho notorio, todos los días escuchamos y vemos noticias alarmantes (homicidios, robos, hurtos, violencia doméstica, etc.), pero al mismo tiempo se hace evidente el trabajo incansable de miembros de la Policía Nacional, de los investigadores de la DIJ, de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de los fiscales del Ministerio Público. Incluso nos consta, a través de los medios de comunicación, la forma activa en que los fiscales superiores del Ministerio Público asumen con entrega y compromisos los casos, solo por mencionar dos casos, (las holandesas y la contaminación del río la Villa); es más, no recuerdo haber visto algún procurador(a) tan activo, como la actual.

Entonces, si las instituciones están comprometidas, ¿dónde está el problema para ser más efectivo en la disminución de la criminalidad? Teóricamente, lo lógico indica enfocar presupuestariamente la atención en dos instituciones: las primeras, como la Policía Nacional, bajo el esquema de que entre más presencia policía se evita la acción delictiva y la segunda vinculadas a la educación y desarrollo socioeconómico, lo cual buscaría cambiar patrones de conductas y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, lo cual en ‘teoría’ disminuye la posibilidad de cometer un delito.

No obstante, propongo una tercera vía, fortalecer la Dimensión Justicia, logrando esto impactamos como Sociedad, con mayor eficacia el intento de disminuir el aumento de la criminalidad. ¿A qué nos referimos con fortalecer el Sistema de Justicia?

Hablamos de la implementación del Sistema Penal Acusatorio; una de las muchas virtudes de este cambio de sistema, es la efectividad y prontitud con que se obtiene un resultado frente a cualquiera denuncia realizada. A mi mente viene el caso del exgobernador de Coclé, Darío Fernández, un caso altamente complejo, ya resuelto; de igual manera el reciente caso del río La Villa, la rapidez con la que el Ministerio Público nos da respuesta a la sociedad.

El Estado tiene una oportunidad de oro en sus manos, la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en el resto de las provincias; pero esta culminación de cambio de sistema de justicia, parte por la condición de hacer los ajustes presupuestarios. Invertir en armas es importante, pero más sustancial es invertir en justicia.

ABOGADO