Panamá necesita un nuevo contrato social

Las actuales protestas pueden comprenderse como producto de una serie de factores institucionales, sociales, políticos y económicos acumulados, que se agravaron con la Covid-19, pero que nunca fueron atendidos oportunamente por el Estado, una vez pasada la invasión norteamericana, (20 de diciembre de 1989) hasta hoy.

Este paquete de serias necesidades básicas del pueblo panameño, relacionadas con los servicios públicos (agua, luz, salud, comunicación), con el alza de los precios de la canasta básica de alimentos, el desempleo, falta de medicamentos de salud, educación, deterioro del medio ambiente; que han dinamizado la desigualdad social y la marginalidad de un gran sector de la población. Son el reflejo de una colectiva frustración acumulada que, sin proponerse destruir la institucionalidad, ni imponer la anarquía y la violencia, aboga porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare inconstitucional la ley 406 y así poder generar soluciones a los demás factores incontrolados como lo son el desempleo, la educación, los servicios públicos, la violencia en los barrios marginados, el narcotráfico, la corrupción, que seguramente, con un nuevo contrato social, tendremos una nueva constitución y un mejor futuro para esta y las nuevas generaciones.

Esto ocurre en medio de un absoluto y peligroso vacío de poder, que está siendo llenado por grupos organizados que controlan las calles, arropados con nuestra tricolor, cantando y bailando bajo el grito de “no a la minería”, llenos de patriotismo y soberanía nacional.

Hoy esta nueva protesta nacional tiene nuevas características, el sindicalismo (Suntracs), junto a profesores, transportistas, médicos y enfermeras, luchan por reivindicaciones básicas que tanta falta le hacen al pueblo panameño, pero estas organizaciones, no tienen infraestructura política, ni una ideología definida y sin un norte de poder político claro.

Los movimientos indígenas, sólidos en sus permanentes cierres de calles, reflejan su histórico detrimento que los mantiene aislados y en suma pobreza. Su lucha es simplemente lograr sobrevivir dentro de un sistema político-económico que los mantiene aislados y excluidos. Sin embargo, el clamor popular encontró en la juventud el bastión significativo de la protesta, quien con su herramienta “Sal de las redes”, convoca y llena calle 50 y la Cinta Costera con más de 60,000 jóvenes, quienes con la tricolor en mano, pancartas aduciendo “No al contrato minero”, realizan, día a día, manifestaciones pacíficas y alegres. Centrando la lucha en la protección del ecosistema y la biodiversidad, fuertemente dañada por la minería a cielo abierto.

Lo importante es que por primera vez se unen varias fuerzas populares en las protestas, donde aparecen todas las necesidades básicas del pueblo panameño que para su real solución, no solo puede llevarse a cabo por los ya deteriorados partidos políticos o en las elecciones del 2024, lo que exige, en el fondo toda esta lucha popular, es una nueva constitución que centre su razón de ser en un nuevo contrato social donde se garantice una equitativa repartición de las riquezas, donde todos tengamos un mejor bienestar social y un país en franco desarrollo económico, con un Estado prístino, democrático y soberano.

No podemos seguir siendo el sexto país más desigual del mundo, con una pobreza que afecta a más de un millón de panameños, con 170,000 panameños en la informalidad laboral, donde dos terceras partes de la riqueza está en manos del 10% más rico del país y donde el clientelismo guía las elecciones en Panamá. No podemos sustentar nuestra razón de ser en “el juega vivo”, en la delincuencia, el robo o la corrupción. No podemos seguir sumiso a una bolsa de comida, a un “salve” o una promesa de empleo.

Llegó el momento de un cambio, hay que construir, entre todos, un contrato social que fortalezca nuestra nueva constitución, donde todos garanticemos, a todos, mejores niveles de vida, una distribución equitativa de las riquezas, mejor educación, salud y trabajo para todos; solo así podremos construir un mejor futuro a nuestras nuevas generaciones. Se lo merecen, vivir en un país digno, soberano y democrático.