La reestructura política y territorial de Panamá

La estructura política y territorial de un país debe optimizarse para mejorar la eficiencia administrativa, la representación democrática y el desarrollo económico, la cual podría incluir los siguientes aspectos:

1. Descentralización administrativa: Delegar más competencias y recursos a los gobiernos locales, incluyendo la gestión de servicios básicos como salud, educación, seguridad pública, recolección de desechos y reparación de vías públicas internas. Carreteras y autopistas serían responsabilidad del MOP.

2. División territorial: Revisar las fronteras provinciales y municipales para que reflejen mejor la distribución poblacional y las necesidades locales. Es desproporcional tener corregimientos con menos de 9.000 habitantes e inconcebible con menos de 5,000.

3. Participación ciudadana y gobernanza: Establecer consejos ciudadanos a nivel local y regional para asesorar a los gobiernos en la toma de decisiones. Implementar mecanismos donde la población pueda decidir sobre el uso de una parte del presupuesto local, evitando la manipulación por parte de las juntas comunales.

4. Desarrollo económico regional: Desarrollar polos económicos aprovechando sus ventajas comparativas como turismo en Bocas del Toro, comercio en Colón, agroindustrias en Chiriquí y Azuero, etc. Ofrecer incentivos fiscales y financieros para atraer inversiones en áreas menos desarrolladas.

5. Educación y capacitación: Implementar programas de capacitación continua para funcionarios públicos en gestión y administración. Ofrecer una educación de calidad, capacitando en las necesidades demandantes de los negocios de las áreas menos desarrolladas.

6. Infraestructura y conectividad: Priorizar la inversión en infraestructura vial, telecomunicaciones y servicios básicos en regiones menos desarrolladas. Mejorar el transporte público en zonas urbanas y metropolitanas con medios de transportes adecuados. Ejemplo: utilización de microbuses en áreas con vías limitadas en amplitud y barriadas con calles estrechas.

Conclusiones

Para optimizar la estructura política y territorial de Panamá, cuya población estimada para 2029 será de 4,385,906 habitantes, recomendamos una efectiva descentralización administrativa. La actual está plagada de inconsistencias y malos manejos. Una división política territorial que refleje mejor las necesidades y distribución poblacional, fomentando la participación ciudadana, el desarrollo económico regional equilibrado, mejoramiento del capital humano e infraestructuras con las particularidades locales, contribuirán al desarrollo más equitativo y eficiente del país.

Un análisis comparativo con las grandes democracias de América, nos muestra que, por población o por territorio, nuestros modelos legislativos no guardan proporciones: USA tiene 82.5 veces más población y 121 veces más territorio. Sin embargo, comparando nuestra Asamblea Nacional versus el Congreso de USA, tenemos 26% menos, lo cual está fuera de proporciones.

Uruguay tiene 0.2 veces menos población y 2 veces más territorio. Sin embargo, comparativamente tenemos 137% más legisladores, 603% más representantes, lo cual es muy desproporcionado.

Costa Rica, tiene 1.3 veces mayor población y 0.7 veces menos territorio. Comparativamente tenemos 25% más diputados, 34% más representantes, lo cual es un poco desproporcionado.

Para implementar estas adecuaciones de manera efectiva y justa, se propone: Ajustar la estructura política asegurando una representación equitativa poblacional, reduciendo el número de diputados (provinciales, no por circuito como actualmente), a entre 45-55 y el número de representantes a entre 300–370, lo que haría una estructura más eficiente, menos costosa. Realizar consultas ciudadanas para los grandes temas de interés o afectación nacional. Eliminación del subsidio electoral: el Estado no debe sufragar gastos a los partidos políticos. Estos deben organizarse y financiarse vía copartidarios o contribuyentes particulares, pero bajo ningún concepto por el estado. Gasto que en los últimos cinco quinquenios, ha resultado en B/.234,619,785, usados con fines ajenos a su propósito, sin fiscalización adecuada. Se podría establecer un fondo al cual los partidos y candidatos independientes accedan para capacitaciones de aspirantes a puestos de elección en temas sobre deberes con sus electores, honestidad política, combate a la corrupción y democracia participativa. El acceso a estos fondos debe ser posterior al entrenamiento, sustentación del gasto y posterior auditoría.

Eliminar la práctica aberrante de que candidatos a puestos de elección puedan candidatizarse a varios puestos de elección. Debe postularse a un solo puesto. Cualquier funcionario público, incluyendo el vicepresidente, tienen el derecho constitucional de optar a ser candidatos a puestos de elección, pero deben renunciar de acuerdo a lo establecido en la ley.

El fiscal electoral debe tener una intachable reputación, independencia política y ser escogido de una lista de 10 candidatos sugeridos por el CNA.

Los magistrados del Tribunal Electoral deben tener independencia política, una intachable reputación y escogidos por 20 años de una lista de 10 candidatos sugeridos por el CNA. La elección de ellos debe realizarse en reunión conjunta de los presidentes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los mismos no podrán ser reelegidos para otro período.

Así como el ave Fénix resurgió de las cenizas para emprender su vuelo, nuestro sistema político y electoral debe iniciar su renacimiento para que el país pueda avanzar hacia una nueva democracia de la cual los panameños nos sintamos orgullosos.