La justicia: la pandemia moderna en Panamá

El país se escandaliza porque la Asamblea Nacional haya archivado la ley de extinción de dominio, pero no analizamos que existen miles de extranjeros que delinquen en el país y no pueden ser deportados porque el Órgano Judicial no los pone a órdenes de Migración para ser deportados, incumpliendo de esta manera, con normas de orden público.

Existe la percepción de que los bancos, las empresas de distribución eléctrica, el Idaan y Caja de Seguro Social, entre otros, abusan de los panameños y extranjeros residentes en nuestro país, por los deficientes servicios al cliente, fluctuaciones en la energía eléctrica, cortes casi a diario del suministro de agua potable, servicios de atención a los pacientes, carencia de medicamentos, etc. Pero el sistema de atención y de vigilancia nos muestra que el proceso de reclamo es desgastante, a veces sin resultados y que pareciera que en Panamá no hay una defensa real al consumidor, que somos todos.

Estamos en listas que nos hacen ver que somos incapaces en el manejo de centros financieros por la debilidad de nuestras instituciones de justicia, ya que nuestros procesos sancionatorios son largos, engorrosos y a veces no se logra la tan anhelada justicia ni se logra nada.

En fin, el problema de Panamá no es la falta de normas. El verdadero problema es que no contamos con verdaderos mecanismos de protección de los elementos más básicos del ser humano, un amparo de garantías constitucionales, que debe proteger la no vulneración de derechos humanos, demora una eternidad para unos y para otros, es un proceso rápido, dependiendo del interés del magistrado o del juez.

La justicia civil panameña requiere modificaciones urgentes, pero la discusión del Código de Procedimiento Civil todavía sigue estancada en la Asamblea Nacional.

Todas estas situaciones hacen que el problema de la justicia sea un problema endémico, que requiere de una nueva institucionalidad que esté al servicio de la democracia y de los ciudadanos.

Los jueces deben perder el miedo a fallar y debemos innovar en la administración de justicia, porque el derecho es una ciencia en constante evolución en todos sus campos; debemos revestir a nuestro sistema de mayor oralidad y que sea menos formalista. Debemos contar con normas de procedimientos transparentes, como, por ejemplo, una guía para la aplicación de los acuerdos de pena o una guía para las medidas distintas a la detención preventiva que sean conocidas por todos los ciudadanos y que no escandalicen a la población cada vez que salen noticias que para el ciudadano son injustas, pero están revestidas de legalidad.

Anteriormente, se hizo un pacto por la justicia, que permitió el nacimiento del Sistema Penal Acusatorio, pero retrasado irónicamente por Ricardo Martinelli y su Gobierno; pero que ha logrado verdaderos cambios positivos en la sociedad.

Aristóteles citó que una sociedad necesita preparar leyes e instituciones justas, gobernantes prudentes y jueces honestos; pero que también se necesitaba, por parte de toda la clase política, una virtud pública y la amistad cívica para evitar la crispación y la polarización.

Construyamos una nueva institucionalidad democrática, tanto el sector privado como el sector público, todos juntos, que tenga como eje al ciudadano y la defensa de la Constitución de nuestro país, sin fueros ni privilegios, y veremos cómo la justicia por sí sola, con los cambios que se generen por esta unión entre todos, atraerá las inversiones y generará oportunidades de empleos y la confianza en los panameños para invertir e innovar.