Información secuestrada: estocada mortal a la trasparencia

Cuando Laurentino Cortizo renunció como ministro de Desarrollo Agropecuario, durante el mandato del presidente Martín Torrijos (2004-2009), estuve convencido de que sería un buen presidente a futuro; hoy, no estoy muy seguro de ello. La razón de su renuncia fue su desacuerdo con el TLC que se estaba negociando con EUA y que incidía gravemente en la producción agroindustrial del país. Fue miembro del Partido Solidaridad desde 1993, renunciando en el 2004, inscribiéndose en el PRD a partir de esa fecha. Y, contra todo pronóstico, logra encumbrarse en la nómina que gobernaría como ministro de Estado. Hoy, luego de haber pasado más de diez años, vuelve a estar dentro del engranaje gubernamental, producto de ser el abanderado principal de uno de los partidos con mayores adeptos en Panamá, pero esta vez como su cabeza visible, el presidente de la República.

El momento no ha sido el más oportuno, pues en el ámbito mundial apareció la COVID-19, que lo hizo tomar decisiones antipopulares y a la ligera en medio del inicio de su mandato, con el fin de salvaguardar la salud de todos los panameños. Las medidas tomadas han afectado seriamente la economía panameña, y aún no se ven signos de recuperación. Y, a pesar de todas estas regulaciones, se cierne sobre nuestra salud el manto de nuevos virus que pueden colocar lo andado en entredicho. Durante estos años, se le ha visto inaugurar obras iniciadas en otro periodo presidencial, ha dado luz verde a otras que estaban estancadas, como la ciudad de la salud, y se prepara para echar a andar múltiples proyectos de gran envergadura, que pueden paliar los efectos del largo periodo de encerramiento en que está inmersa la población.

En buenas cuentas, dinero no les ha faltado, los grandes préstamos y los recursos pertenecientes a las arcas del Estado han sido exprimidos a su máxima capacidad. Con semejante volumen de capital, nuestros economistas debieron dirigir la mayoría de ellos hacia crear y/o fortalecer los sectores productivos del país, y no contemplar presupuestos para pagar una burocracia cada vez más insostenible. Lastimosamente, tenemos gobernantes que piensan primero en sus bolsillos que en Panamá. Ejemplos: la concesión de los puertos, las negociaciones con las mineras, las confabulaciones en el mercado eléctrico, el alto costo de la vida, todos esto y más en detrimento de la escuálida entrada económicas que devenga el panameño. Si no existiesen personeros que negocian como propios los activos de todos los panameños, sin pensar en el bien común, Panamá estaría gozando de una bonanza mayor de las que ha estado obteniendo de sus dividendos. Por lo tanto, es necesario que dentro de las reformas a la Constitución se contemplen limitantes a estas acciones de negociar concesiones de nuestros bienes, pues el solo hecho de haber votado por ellos no es, en el buen sentido de la palabra, una patente de corso para negociar a espalda del pueblo.

Además, las múltiples medidas de sacrificio solicitadas a la población en general en estos últimos años son contrarias a las acciones que aúpan sectores dentro del Gobierno, desoyendo sus propias regulaciones. Y los ejemplos sobran, el último, el de los hisopados en las islas. Pero no quiero referirme a todos ellos, pues, otros escritos han señalado hasta la saciedad estos entuertos, que para el presidente no representan culpa alguna hasta que se compruebe lo contrario, amparando lo actuado en el manto de la presunción de la inocencia, y colocándolos dentro de lo que se llamaría impunidad.

Es como si un sector económicamente poderoso haya asaltado la cúpula del principal partido del país para su propio beneficio, y en donde le corresponde a su principal cabeza demostrar que no está hecho de “leche condensada”; pues, todo indica que no le hacen caso a sus designios.

Al parecer, la estocada final a la transparencia será la resolución 71 del 4 de agosto de 2021 del Ministerio de la Presidencia, publicada en la Gaceta Oficial N° 29 357-B, que declara como información restringida para su divulgación todo material informativo correspondiente a las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o vicepresidente de la República, vinculadas a aspectos de seguridad nacional, la contratación de empréstitos locales y/o internacionales, con el objeto de financiar necesidades presupuestarias o refinanciamiento de deuda, entre otras disposiciones que aparecen en el resuelto, lo que debe llamarnos la atención sobre lo que está sucediendo en los aposentos del Palacio de las Garzas.

Colocar toda esta información de acceso restringido y de seguridad nacional por un periodo de diez años para poder divulgarla es, no solo contraproducente por las constantes críticas que se hacen a diario contra el actuar del Gobierno nacional, sino que provoca sentimientos de dudas e incertidumbre sobre lo actuado. Pareciera que la intención de estos personeros es ver cómo logran obtener miles de millones de dólares sin que la población se entere, también hacia dónde son dirigidos. Para nadie es un secreto que el actual presupuesto que se discute en la Asamblea Nacional, por ejemplo, contiene un gran déficit que debe ser tapado con nuevos endeudamientos, deuda que ha crecido estrepitosamente en estos tiempos de pandemia. La forma como se obtenga, y los requisitos que conlleva pautarla, son algunas de las informaciones que no se podrá divulgar, según el documento de marras. Préstamos que todos deberíamos saber cómo se adquirirán y bajo qué condiciones, pues seremos todos los panameños quienes debemos pagarlos a futuro. El derecho a la información es universal, y más si esto afecta a todos los ciudadanos que vivimos en este hermoso país. ¿Qué es lo que realmente se trata de esconder en este atropello a la libertad de información? En buenas cuentas, es una estocada mortal a la transparencia que, en tiempo de campaña política, juraron respetar, y muestran serias intenciones de que van más allá de lo ético y de lo moral. Amanecerá y veremos.