Incertidumbre y perspectiva de los derechos humanos

Vivimos una época de incertidumbre y grandes desafíos a escala mundial, en la que urgen enfoques racionales con un llamamiento a la paz para que millones de personas no continúen sufriendo a causa de la guerra en Ucrania y en los territorios ocupados de Gaza, que deja a su paso muerte y destrucción, desplazamientos forzosos, cercos de hambre y sed, bombardeos indiscriminados a instalaciones civiles (hospitales, escuelas y centros de refugiados) en abierta violación al Derecho Internacional Humanitario.

La tragedia que atraviesa Ucrania y Gaza, en sus contextos geopolíticos, nos obliga a reflexionar sobre los últimos setenta y cinco años de vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita el 10 de diciembre de 1948. Parecen repetirse los retos abrumadores que en su momento afrontaron sus precursores, cuando la opinión pública mundial se encontraba sensiblemente impactada por los horrores de la segunda guerra mundial, el holocausto y el bombardeo nuclear sobre Japón.

Dolorosas experiencias en las que perecieron más de sesenta millones de personas que marcaron la conciencia internacional en rechazo de la intolerancia racial, la cual arrastró a la humanidad a una contienda sin precedentes, que involucró a cuarenta países y que movilizó a ciento diez millones de soldados, es decir, el diez por ciento de la población mundial de entonces.

En medio de esas circunstancias históricas, la comunidad internacional coincidió en el razonamiento jurídico para fundamentar la creación de un sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos, con el objetivo supremo de preservar a las futuras generaciones de la guerra de destrucción masiva, tal como sentencia el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas.

En el proceso de elaboración de la doctrina humanitaria, las memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores destacan que en abril de 1945, la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en San Francisco, recibió un anteproyecto panameño elaborado por el Dr. Ricardo J. Alfaro, consistente en un instrumento de 18 artículos breves redactados con claridad y precisión jurídica, el cual consignaba derechos esenciales por los que había luchado la humanidad durante siete siglos.

La iniciativa del Dr. Alfaro enfatizaba el respeto a los derechos y libertades del hombre, desde libertades de religión, opinión, palabra y reunión, asociación, injerencia injusta, justicia imparcial, detenciones arbitrarias, retroactividad de las leyes, derecho de propiedad, educación, condiciones de trabajo, participación en el gobierno e igualdad de protección entre otros. La propuesta de Panamá fue presentada en instantes en que el mundo estaba urgido en concertar una Declaración Internacional de los Derechos del Hombre, iniciativa que fue respaldada por Cuba y México.

Posteriormente, el Consejo Económico y Social creó la Comisión de Derechos Humanos en 1946, encargando a la ex primera dama estadounidense Eleanor Roosevelt, la redacción de un proyecto de Declaración en el que se consignaron: la libertad, la justicia y la paz como principios que implicaban el reconocimiento universal de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, a tal punto, que tuvieran el pleno respaldo de las Naciones Unidas. La Declaración Universal fue complementada en 1966, con la adopción de dos pactos: el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el de Derechos Civiles y Políticos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos marcó también el inicio de la Guerra Fría, periodo durante el cual más de 25 millones de personas perecieron en la Guerra de Corea, la independencia de Argelia, la reunificación de Viet Nam, la contienda Irak-Irán, la Guerra del Golfo y Afganistán y las no menos cruentas guerras de exterminio étnico en África y Europa. En estas circunstancias históricas, la opinión pública mundial consternada ante los horrores del genocidio, acordaron los cimientos preventivos con la aprobación de la Corte Penal Internacional para sancionar los crímenes de guerra, de genocidio y de lesa humanidad.

El dramático escenario en los territorios ocupados de Palestina, no puede ser ignorado por vetos y abstenciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La comunidad internacional no puede permanecer insensible e indiferente ante la masacre de miles de niños, mujeres y ancianos. No solo basta condenar los ataques terroristas, sino un genocidio en marcha, que configura una limpieza étnica y religiosa por la nación ocupante, acciones tipificadas en el Estatuto de Roma como crímenes de guerra y lesa humanidad. Legitimar un desproporcionado derecho a la defensa con arsenales de destrucción masiva, no es la única opción, la diplomacia preventiva debe silenciar las armas con la mediación que procure un alto al fuego, que conlleve negociaciones para el reconocimiento del Estado Palestino con fronteras seguras como mandatan las resoluciones de Naciones Unidas. No es posible ocultar las imágenes instantáneas espeluznantes de la guerra, cuando bajo los escombros de los bombardeos persiste la crueldad y saña contra la población civil desarmada. Las innovaciones tecnológicas en las comunicaciones virtuales cuestionan la efectividad de las estrategias de guerra política, que tratan de victimizar a los agresores. Nos enfrentamos a la disyuntiva histórica, en la que no hay espacios de maniobras para asumir posiciones neutrales de abstencionismos. En la conciencia universal, cuando está en peligro el destino de la humanidad, no hay términos medios, se está en favor de la paz o en favor de la guerra. Simple y llanamente, quien no condene el genocidio crea la percepción de estar en favor del mismo. El recorrido escarpado de 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos confirma las coordenadas del rumbo que debe tomarse hacia la paz y la convivencia humana, dejando atrás la insolidaridad e incertidumbre, para iniciar una era de esperanza con pleno respeto a la dignidad e igualdad de todos los seres humanos, por encima de los intereses económicos de quienes lucran de la guerra destructiva y de los fondos de reconstrucción.

El autor es consejero político, embajada de Panamá en España.