No hablemos de justicia

La Palma, Paja de Sombrero, Gualaca. _ Hace unos días leí, en este prestigioso diario, una noticia en la cual Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio de Abogados, hacía una declaración. Se refería específicamente a la administración de justicia. Sobre este tema ya me han publicado varios artículos en diversos diarios de Panamá y en otros medios de las redes internacionales; pero me mueve el interés de referirme a la declaración del señor Araúz.

El presidente alega que “no debemos hablar de justicia en este país, solo de casos y no de corregir el sistema”, una cosa que no logro entender con claridad; y a renglón seguido sostiene que la deficiencia de la justicia en Panamá es por la “insuficiencia de recursos y faltas estructurales”; sigo sin entender, sobre todo eso de las “faltas estructurales”.

Y el caso es que no entiendo, porque no veo cómo es que un juez, porque le falte un lápiz para escribir o un sofá de lujo, tenga que resolver exabruptos jurídicos, muchas veces ignorando las leyes o tomando en cuenta el tipo de persona que se juzga; por otra parte, por muy insignificante que sea la persona, si se comete una injusticia en su contra, es un exabrupto de un juez que ofende todo el sistema, la institución que representa y se burla de la sociedad que le paga el salario.

Un juez que resuelve un caso y luego el beneficiado de esa resolución le paga el almuerzo en un restaurante de lujo al marido de la juez, es un acto deshonesto. Un juez que libera de cargos o resuelve una demanda civil a favor de una persona porque fue presidente de la República o porque es persona de alta alcurnia, es un juez deshonesto con la sociedad que le paga el salario; y lo que es peor, un juez que resuelve en contra de una parte en el proceso porque el abogado le cayó mal o durante el proceso tuvo diferencias con él, es un juez perverso.

Pero el gran daño al país lo es si el acto quedara impune, porque entonces la insuficiencia de la que habla el señor Araúz no es por los recursos, sino por la ignorancia inexcusable de la Ley del juez, ya sea que lo haga porque no sabe, como ocurre con muchos jueces y magistrados, o porque lo haga con premeditación y alevosía, porque recibe con ello un beneficio o un almuerzo en un restaurante de lujo.

De la ignorancia inexcusable tenemos ejemplos que emanan de la misma Corte Suprema incluso; estos ejemplos se los hemos puesto en conocimiento al señor Araúz, pero todo queda en el limbo, porque esto que describo no es tema de importancia para el Colegio de Abogados. Y al parecer tampoco es de importancia para la Corte Suprema, a pesar de que el artículo 87 del Código Judicial, en su numeral 7, obliga a los magistrados a “Vigilar que, respetando la garantía del debido proceso, se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias”.

Este artículo que citamos es fundamental para el cumplimiento de una buena administración de justicia, no las faltas estructurales o la insuficiencia de recursos que alega el distinguido presidente del Colegio de Abogados; pero al parecer, tanto para el señor Araúz como para los magistrados de la Corte Suprema, los jueces serán buenos si nadan en millones de dólares. Y si el distinguido presidente se pusiera a hilar delgadito, se daría cuenta de que el sistema sí hay que corregirlo.