Bravuconada ante Francia

En lugar de hacer alardes, primero, y bravuconadas, después, en lo referente a la denominación de paraíso fiscal, el gobierno panameño debió seguir el ejemplo de Uruguay. El problema es que Ricardo Martinelli no es José Mujica, el presidente uruguayo, ni puede apelar al nacionalismo.

Cuando el presidente de Francia Nicolás Sarkozy, como vocero del G—20, incluyó a Panamá y Uruguay en una heterogénea lista de paraísos fiscales, Mujica actuó con sensatez. Alineó todo el arco político, económico y financiero del país, que puso a un lado diferencias internas y cerró filas detrás del mandatario uruguayo. Algo imposible para Martinelli, por su falta de credibilidad y porque en sus acciones no tiene como consejeras la cautela, la prudencia y la moderación.

Mujica llamó de inmediato a consultas a su embajador en Francia, para mostrar el desagrado oficial de su gobierno y dio instrucciones a su cancillería para que entregara una nota de protesta al representante de París en Montevideo. Martinelli, por su parte, en tono jactancioso dijo que arreglaría el diferendo en forma personal durante un encuentro con Sarkozy en París. Por las declaraciones procedentes del Palacio del Eliseo, los resultados fueron fallidos.

Mujica, al explicar su situación a los países latinoamericanos miembros del G—20, logró el respaldo categórico del presidente de México Felipe Calderón, quien dijo que el término paraíso fiscal se aplicó ‘injustamente’ a Uruguay, pues el país ha hecho ‘en forma voluntaria un enorme esfuerzo’ para cumplir con los compromisos del G—20.

Martinelli reaccionó diciendo que Sarkozy estaba ‘equivocado’ y que debió haber ‘traspapelado’ los documentos. Vaticinó que los ministros de Sarkozy lo sacarían de un ‘error’ que sería corregido ‘inmediatamente’.

Pero una semana después del viaje a París la ministra francesa de Presupuesto y de Cuentas Públicas, Valérie Pécresse, reiteró ante el parlamento que Panamá no coopera en materia de evasión fiscal. Ese mismo parlamento es el que debe ratificar el tratado suscrito entre Francia y Panamá para evitar la doble tributación.

Martinelli, en una típica bravuconada, ordenó retirar el mandato otorgado hace un mes a la Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le Commerce Extérieur para contratar financiamiento por $298 millones para el Metro. La corporación francesa es similar al Eximbank de Estados Unidos. Está presente en un centenar de países con operaciones que inciden en las calificaciones de riesgo, y da seguimiento en tiempo real a más de 50 millones de empresas en todo el mundo con flujos comerciales superiores a los $650,000 millones anuales.

Por eso resulta ilusa e imprudente la medida adoptada por Panamá. Es absurdo pensar que pone en aprietos a Sarkozy, quien actualmente juega un papel crucial, junto con la canciller de Alemania Angela Merkel, en el rediseño para estabilizar la Unión Europea. Eso pasa por el salvataje a Italia por $850,000 millones para evitar que el legado de Silvio Berlusconi —el maestro de Martinelli, quien se autoproclamó el italiano de América— precipite al abismo a toda Europa.

Por eso las grandes potencias están tratando de cerrar los espacios por donde se escapan los evasores de impuestos de las mayores economías capitalistas. La falta de transparencia en las acciones del gobierno de Martinelli, son interpretadas por los organismos financieros como una forma de estimular la evasión fiscal. Estar en la lista de paraísos fiscales estigmatiza al país como lavador de dinero.

En lugar de bravuconadas, el G—20 está pidiendo a Panamá que dé pasos concretos en la eliminación de las acciones al portador, establezca registros contables para las sociedades anónimas, aunque sus operaciones estén en el exterior, y suscriba acuerdos internacionales para el intercambio de información fiscal. No hacerlo coloca al país en la mira de las naciones que pueden ser expulsadas de la comunidad internacional, con sus impredecibles efectos sobre la economía y los servicios que brinda Panamá.

PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.