Financiamiento para acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición

En Panamá, producto de la interacción entre el consumo inadecuado de alimentos y las infecciones frecuentes, la desnutrición infantil es un grave problema de salud pública, que afecta principalmente a los infantes de nuestras comarcas y provincias más pobres.

Ratificando esta aseveración, el documento “Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes de Panamá 2018”, nos informa que un total de 15.6 % de NNA pobres multidimensionales carece de una alimentación variada. Este problema es mayor en las comarcas indígenas del país: en el 62.6 %, los NNA en pobreza multidimensional de la comarca Guna Yala están privados en este indicador, seguido por la comarca Ngäbe Buglé (59.3 %) y Emberá (49.9 %) y las provincias de Darién (27.7 %) y Bocas del Toro (23.9 %).

Y no hace falta ser un genio o adivino para suponer que la situación hoy debe ser similar o peor que hace seis años. Como subrayó recientemente la propia FAO, “aunque los efectos de la pandemia de la Covid-19 sobre la malnutrición aún no se han revelado del todo, se esperan impactos negativos sobre varias formas de malnutrición.

Lamentablemente, no encontré información nacional actualizada sobre este importante problema de salud pública, lo cual no contribuye a la formulación de estrategias adecuadas, y -lo cual es más preocupante- tampoco encontré en el documento “Plan de gobierno: alianza para salvar a Panamá”, una referencia directa para enfrentar este grave problema.

Esta situación tiene graves consecuencias de pobreza, logros educativos insuficientes, acceso inadecuado a alimentos, servicios de salud y saneamiento insuficientes o ausentes. Además, el estado de nutrición de la madre, antes y durante el embarazo determina la salud de ella y el estado de salud del feto y el recién nacido. Como si fuera poco, agrava el panorama el hecho de que la desnutrición infantil (aguda hoy) se hace crónica, reproduciéndose en hijos y nietos de los niños desnutridos de hoy, pues no ha sido una prioridad real y efectiva para los gobernantes y la sociedad.

En ese contexto, recomiendo a nuestras autoridades, productores y empresarios, que le den lectura positiva a la publicación “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición 2024”, producido por FAO, IFAD, UNICEF, WFP y WHO, cuyo tema es: Financiamiento para acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas. Allí, las agencias participantes enfatizan que lograr el ODS 2 Hambre Cero requiere un enfoque multifacético, que incluya transformar y fortalecer los sistemas agroalimentarios, abordar las desigualdades y garantizar alimentos saludables asequibles y accesibles.

El documento proporciona una definición de financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición, y la orientación para implementarla. Además -y debemos aprovecharlo pues nos faltan datos actualizados- para apoyar dicha implementación, las cinco organizaciones se comprometen a promover y apoyar el desarrollo de datos para un mejor sistema de contabilidad mundial de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición.

Al final, parafraseando a las agencias del SNU, subrayo que estimar la brecha en la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición, y movilizar formas innovadoras de financiación para cerrarla, debe estar entre las principales prioridades de nuestro gobierno. En ese sentido, las políticas, la legislación y las intervenciones para acabar con el hambre y garantizar que todos los panameños tengan acceso a alimentos seguros, nutritivos y suficientes, y para poner fin a todas las formas de malnutrición, requieren una importante movilización de recursos.

Íntimamente vinculado con lo anterior, está la necesidad de retomar las propuestas del “Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado, Panamá 2030”, elaborado por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, con el apoyo del PNUD, y plenamente vigente hoy. Allí, se subraya la necesidad de “asegurar la producción y disponibilidad de alimentos para garantizar la reducción del hambre, fomentando la seguridad alimentaria” y se proponen claras y vigentes intervenciones para lograrlo.

El documento señala que la reducción del hambre, la desnutrición y la mal nutrición pasa por amplificar las formas de seguridad alimentaria centradas en las medidas socioeducativas dirigidas hacia los núcleos de población en los cuales existe prevalencia de prácticas nutricionales que no fomentan el adecuado desarrollo en la primera infancia. El énfasis está en la población vulnerable, como, por ejemplo, la desnutrición y los programas de alimentación complementaria para niños, mujeres y adultos mayores en riesgo. Reducir la desnutrición infantil, así como los indicadores de mortalidad infantil y materna (comarcas y zonas rurales). Además de desarrollar la seguridad alimentaria nacional, más aún, con una política de soberanía alimentaria, la cual, debe tener como centro la producción diversificada para garantizar la disponibilidad y acceso a los alimentos en Panamá.