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- 20/07/2023 00:00
Sobre desarrollo sostenible y sociedades pacíficas
El derecho a vivir en sociedades pacíficas se constituye como uno de los Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Se ha afirmado que “Sin paz no hay desarrollo sostenible” (Khalida Bouzar), es un círculo vicioso que podemos romper. “A falta de paz, será imposible dar cumplimiento a todos los demás objetivos, desde la atención prioritaria de las necesidades de los jóvenes y las mujeres hasta la respuesta al cambio climático, además de la seguridad en el suministro de agua, energía y alimentos”.
La paz se convierte así, en un aspecto fundamental de la Agenda 2030, pues la paz es un derecho humano inherente a todas las personas y a los pueblos, no debe entenderse, simplemente como la ausencia de guerras y conflictos armados, dado que donde existe violencia, inseguridad, el riego de convertirse en víctima, hay pobreza, desempleo, falta de educación, desigualdad social, trabajo forzoso, explotación sexual, corrupción y extorsión, entre otros, y además se afecta el sistema político y las instituciones y el orden interno del Estado, no existe la paz.
En este contexto, no puede pensarse, que el derecho a vivir en sociedades pacíficas con seguridad jurídica y a tener acceso a la justicia (ODS 16), es un objetivo aislado de los demás, en realidad está íntimamente vinculado a otros derechos humanos, como el derecho a vivir sin pobreza (ODS1), sin escasez de agua con una educación de calidad, sin analfabetismo (ODS4), desigualdad social (0DS10), a un medio ambiente sano (ODS 6, 13, 14, 15), el derecho al trabajo (ODS8).
No cabe duda, entonces, de que la persona humana se convierte en el punto central del derecho humano al desarrollo (CEPAZ), y que los objetivos, metas e indicadores de la ODS, están entrelazados con los derechos humanos.
Pero la pregunta es: ¿qué hay que hacer, y cuál es la situación actual?
Entre algunas de las metas que se mencionan que el Estado panameño debe cumplir, comprenden el facilitar el acceso a la justicia, reducir significativamente todas las formas de violencia, soborno y corrupción, poner fin al maltrato, la explotación, a la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños, promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
En el caso de Panamá, tenemos un camino por recorrer para cumplir con la Agenda 20-30, por un sinnúmero de situaciones que son denunciadas en nuestro país y que afectan los derechos humanos; entre otros, el derecho a vivir sin escasez de agua, de las mujeres a vivir sin violencia, de la inseguridad ciudadana, del derecho a la educación, a la salud, el derecho a un medio ambiente sano y saludable, a lograr el pleno empleo, y a reducir la desigualdad salarial, el trabajo infantil, el desempleo en los jóvenes y la desigualdad social.