Los datos abiertos: cruciales en una democracia

El acceso a información pública es una prioridad para los ciudadanos. En medio de una pandemia, es una obligación que debe prevalecer. Los datos abiertos de gobierno garantizan el derecho de todo ciudadano a obtener información pública y obliga a las entidades gubernamentales a brindar información de valor de forma oportuna.

Desde que se formalizó la adopción de los datos abiertos como política pública de transparencia, mediante Decreto Ejecutivo de diciembre de 2017, reglamentado en enero del 2018, es de relevancia y utilidad en varios sectores de nuestra sociedad. En las circunstancias actuales de priorización de recursos, se recurre a datos para la toma de decisiones. Pero... ¿cuál ha sido el avance del Estado en facilitar información pública en formatos reutilizables? ¿Qué debe mejorar?

Los datos abiertos se implementaron a través del modelo de Gobierno Abierto, al que se adhirió Panamá en 2012. El modelo fomenta la transparencia a través del acceso a información pública, la rendición de cuentas, la apertura de datos y el uso de la tecnología a fin de promover la participación de los ciudadanos de diversos sectores de la sociedad. Con igual propósito, se creó un grupo multisectorial en marzo de 2019, conformado por miembros gubernamentales y no gubernamentales para dar seguimiento y fomentar acciones que favorezcan la apertura y la reutilización de datos abiertos de gobierno.

Desde marzo de 2021, se han hecho evaluaciones mensuales para medir el cumplimiento de las entidades públicas. El resultado de la primera evaluación arrojó que hubo un 24 % de cumplimiento de la política pública de transparencia. Se tomó en cuenta a aquellas entidades registradas en el portal nacional datosabiertos.gob.pa y a su cumplimiento en la publicación de datos.

Al finalizar 2021, las instituciones estatales tuvieron una mejora mínima, alcanzando el 30 % de cumplimiento. Al desagregar este resultado, se observa un cumplimiento del 46 % de las entidades y de 5 % de los municipios. En realidad, se trata de un incumplimiento del Gobierno. El cumplimiento debe ser de un 100 %, debido a su carácter obligatorio para todas las entidades y Gobiernos locales.

Los resultados de la evaluación de febrero de 2022 confirman el registro de 87 entidades. 57 instituciones del registro total son responsables de los 3094 conjuntos de datos publicados. Se mantiene un cumplimiento del 30 %.

El cumplimiento de la normativa es una deuda pendiente de muchos oficiales de información en entidades y municipios. Ello, a pesar de procesos de divulgación, formación, entrega de documentos como herramientas y guías que apoyan el proceso de identificación, preparación y publicación, ofrecidas durante plena pandemia. Todas las entidades fueron convocadas para un proceso de asesoramiento con apoyo financiero del BID, a fin de impulsar la apertura de datos abiertos de gobierno.

Entre las recomendaciones presentadas a Antai, se ha sugerido la aplicación de medidas coercitivas, debido a que se han utilizado acciones preventivas sin el impacto esperado. El Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Gobierno, por considerar esencial la preparación de los funcionarios, continúa implementando el programa de capacitaciones, reiterando la relevancia de crear grupos internos de trabajo para la publicación constante.

Con el seguimiento minucioso a cada entidad, a partir de la información obtenida de las evaluaciones, junto con la implementación de un Plan Nacional de Publicación de Datos Abiertos, se debe asegurar el registro de 33 entidades y 72 municipios que aún no tienen presencia en el portal, seguido de la publicación progresiva, denominada transparencia proactiva.

También están en proceso de implementación estándares internacionales como el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS y OC4IDS) y el Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA), al igual que los compromisos del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, así como el de transparencia en el sector agropecuario y estándares del Acuerdo de Escazú para mejorar el Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia).

El Estado debe asegurar la disponibilidad y calidad de la información pública a cualquier ciudadano, ya no solo prioridad en el nodo de transparencia, sino el resto de información que aún sigue estando resguardada en cada entidad. Se trata de un activo público que pertenece a la ciudadanía, generado con dinero público y gestionado por servidores públicos.

Este espacio de trabajo, en el que miembros gubernamentales y no gubernamentales unen esfuerzos en este propósito, propicia dar pasos a favor de fortalecer nuestra sociedad, en la que el ciudadano es parte y generador de cambios por medio de soluciones al analizar y reutilizar información pública.