El crimen organizado: política criminal y criminológica

Para determinar la magnitud de la criminalidad solo tenemos que escuchar, ver y leer las noticias que se publican en los medios de comunicación del país detallando o describiendo cómo ocurrieron los hechos, y qué decir de las redes sociales, en que se vuelven virales, lo cual no hace alentador el panorama, y, para comprender la importancia que tiene la política criminal en la sociedad, debemos entender que las investigaciones y estadísticas son instrumentos importantes, que a través de ellas nos ayudan no solo a aclarar el trasfondo de la criminalidad, sino que, en la mayoría de los casos, esas investigaciones, en vez de dar luces, crean incertidumbre en la sociedad sobre la realidad nacional.

Por lo cual, indicábamos que el fenómeno de la criminalidad siempre ha estado presente en nuestras sociedades (solo que ahora ha modificado sus formas y resultados) y nunca desaparecerá. Por esta razón, debemos cambiar la manera de pensar y actuar, y prepararnos para controlar todas las avenidas de aproximación del fenómeno, de manera eficiente y previniendo los tentáculos de penetración a las instituciones, como aparece en un escrito publicado en el 2016, por mi persona.

Por ende, el crimen organizado es una de las grandes inquietudes para la mayoría de los Estados y Gobiernos, toda vez que conlleva, cada vez más, que sean mayores los esfuerzos de armonizar las políticas, las legislaciones estatales en busca de la cooperación entre Estados. Sin embargo, el crimen organizado es un problema supranacional cuando se comete en más de un Estado, convirtiéndose en verdaderos “infiernos” para los países afectados, dadas las terribles repercusiones internacionales que tiene para la sociedad, la economía y la política.

Esta lucha contra la criminalidad y su origen está basada en tres principios: aplicación de la Ley para todos, solidaridad y prevención. Para ello, se requiere la entrega de recursos pertinentes, a través del sector público o privado (así como apoyan otros programas sociales).

Ahora, nos toca que toda la comunidad internacional se comprometa a trabajar estrechamente para consolidar instituciones democráticas y sólidas, para que defiendan la lucha contra el crimen organizado, así reforzando el servicio de la justicia penal para que no haya más corrupciones en el engranaje del Estado, además de la “inseguridad ciudadana” que se vive a nivel interno e internacional.

La Política Criminal, como parte de una Política Estatal, la conforman aquellos actos que se deben llevar a cabo por iniciativa de los gobernantes, para, principalmente, prevenir la comisión de actos delictivos, de reducir el índice de criminalidad y de crear consciencia de manera convincente respecto a la certeza del castigo.

Una política criminal, orientada a la prevención, implica que la tarea del Estado consiste en mejorar las relaciones sociales, esto es, la libertad, la seguridad y bienestar de sus ciudadanos y la mejor forma posible de conseguirlo es orientando la finalidad de la pena a evitar comportamientos delictivos mediante la incidencia del delincuente y en la conciencia jurídica de la comunidad.

Quiero señalar que el concepto criminológico de criminalidad organizada que se ha impuesto en la Convención de Palermo y ha servido de modelo a los demás países, nos muestra que se trata de una fenomenología de actuación dinámica a través de organizaciones criminales / no criminales, que presuponen la existencia de una organización criminal o más (grupo fuertemente estructurado de personas), con cierta complejidad (desarrollada, desechándose el concepto débil de “grupo estructurado” o “grupo criminal”), capaz de transportar bienes, servicios o personas de un país a otro.

Siendo así la Política Criminal, una obligación que recae sobre el Gobierno y es de orden público. La Política Criminal se define como la medida o conjuntos de medidas que adopta una sociedad políticamente organizada para prevenir y reaccionar frente al delito a efecto de mantenerlo dentro de los parámetros de tolerancia.

Por lo tanto, la Política Criminal como parte de la Política pública comprende una serie de actos por parte del Estado con la función primordial de prevenir la comisión de actos delictivos, reducción del índice de criminalidad y la concientización de la certeza de castigo; explorando, buscando y estudiando las posibles soluciones legales para mejorar la eficacia y justicia del ordenamiento penal en un momento histórico determinado en la sociedad.

Considerando los mecanismos de control que deben estar ajustado a condiciones legales, que respeten las garantías constitucionales y a su vez consigan la prevención del delito y mantengan el control de la criminalidad, bajo la garantía de la protección de los derechos fundamentales, junto con la resocialización de las personas privadas de la libertad.

Para concluir, la política criminal y criminológica desempeña un papel importante en la dinámica delictual de la sociedad. Dentro de las políticas públicas, creemos que se debe priorizar la política criminal y criminológica, partiendo siempre de un diagnóstico real, de un estudio criminológico serio, que tome en cuenta las estructuras institucionales existentes para su solución, articulada en su operación y planificada con base en las garantías constitucionales existentes.

Juntos, trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica.