Contrato con Minera Panamá: exijamos una consulta vinculante

Al momento de escribirse estas líneas han transcurrido dos semanas completas del anuncio del Gobierno panameño de que ha firmado un contrato con la empresa Firste Quantum Minerals o Minera Panamá y sigue sin que el país conozca su contenido concreto. Es decir, continúa el mismo secretismo, la misma falta de transparencia, el mismo intento de engañar a la ciudadanía que han mantenido los Gobiernos panameños desde hace más de 25 años sobre esta empresa.

Al anunciar la firma de este contrato, el Gobierno ha vuelto a incumplir las reglas constitucionales y legales de Panamá, por las cuales fue demandado y declarado inconstitucional el primer contrato: la concesión se ha hecho sin una licitación pública, sin otras empresas proponentes, sin que la nación pueda elegir por mejores condiciones que otro consorcio hubiera podido proponer.

Peor aún, este contrato se ha firmado sin una consulta ciudadana previa sobre la conveniencia o no de abrir un proyecto minero de semejante envergadura, sin que la ciudadanía decida democráticamente entre las diversas opciones posibles: que no haya minería en absoluto, que no haya minería a cielo abierto, que haya alguna forma de minería regulada y menos destructiva, o cualquier otra posibilidad que se pueda sugerir. En pocas palabras, al pueblo panameño se le ha impuesto un contrato, nuevamente. Se ha procedido de manera antidemocrática, inconsulta, poco transparente y sospechosa.

El Gobierno de Laurentino Cortizo ha anunciado que este contrato será sometido a una consulta pública de un mes, para luego pasarlo a la Asamblea Nacional y hacerlo ley. Exijamos que esa consulta sea vinculante: que el contrato ley con Minera Panamá – First Quantum Minerals sea sometido a referéndum. Que el pueblo decida, y el Gobierno obedezca, respecto a si aceptamos las condiciones redactadas en el nuevo contrato o no.

El momento crítico en que la empresa canadiense se declaró en rebeldía, rompió las negociaciones, y trabajó sin contrato, se dejó pasar sin que lográramos organizar un movimiento popular para exigir la nacionalización de sus instalaciones y la expulsión de sus gerentes. Muchas organizaciones gremiales e incluso ecologistas prefirieron callar, con lo que los empresarios extranjeros que nos saquean han logrado una segunda oportunidad.

Recuperemos el tiempo perdido y organicemos un gran movimiento popular para exigir una consulta vinculante sobre el nuevo contrato. Que se someta a referéndum el nuevo contrato.