Cinismo

Ahora resulta que quienes abogan por un “nuevo orden” para el país, son precisamente quienes lo han llevado al DESASTRE que es hoy día. A través de un espécimen, al que llaman Constituyente Paralela, con la mala intención de engañar a incautos desinformados y convencerlos de que los que hoy mantienen secuestrado al país, van a ceder sus “beneficios” a favor del orden y la dignidad de todos.

El tercer promotor de esta aberración recolectora de firmas, un individuo sin ninguna trayectoria pública de lucha contra ilegalidades y arbitrariedades de los diferentes Gobiernos. Sí muy interesado en la formación de un nuevo partido político. Partidos, que no son otra cosa que organizaciones delictivas, con complicidad del Tribunal Electoral, y de grupos que los financian.

CD: amplio historial de escándalos de corrupción, incluyendo magistrados; supuesto desfalco de alrededor mil millones al Estado; PAN, comida deshidratada, mochilas, Financial Pacific, compra de radares, espionaje telefónico, coimas, Cobranzas del Istmo, sistema de Riegos de Tonosí, Coimas caso SAP, programas computación CSS, etc. ¿Ha luchado el representante del CD para que no se suspendieran los proyectos de hospitales iniciados por ellos, por un monto de cerca de 3000 millones de dólares? ¿Perdido ese dinero de los contribuyentes, al dejar por varios años, obras inconclusas, con estructuras a la intemperie y sin terminar?

¿Por qué el Partido Panameñista suspendió esos proyectos? ¿Abrió investigación? ¿Encontró irregularidades? ¿Por qué no procedió un juicio si las hubo? ¿Dónde quedaron las responsabilidades de contratistas, inspectores y las compañías de seguros? Supongo que hubo fianza de cumplimiento. Se perdió gran cantidad de dinero del contribuyente, y cero explicaciones.

El representante del Partido Panameñista convirtió la ciudad en una mercancía al servicio de “promotores y políticos”, promoviendo planes de supuesto “ordenamiento territorial”, cuyo resultado sufrimos cada día: calles sin aceras; pocas que quedan, ocupadas por automóviles, poniendo en peligro la vida de personas obligadas a caminar por la calle; ningún plan de infraestructura de servicios; permisos que incrementan actividades totalmente incompatibles con zonas residenciales, en todos los barrios de la ciudad, creando conflictos y demandas; proyectos violando normas y leyes, incluso de seguridad, como el edificio PH Buona Vista en Carrasquilla, sin importar afectaciones al bienestar y seguridad de los vecinos, la mayor parte jubilados.

Ocupación de zonas “protegidas” por leyes, como manglares de Juan Díaz y muchas personas viviendo inundaciones, destrucción de bosques en Región Interoceánica, por supuesta ampliación de carretera; pésimo trabajo e irreversible daño a la ciudad por aceras de vía España, vía Argentina y calle Uruguay; violación a Ley 21 de Región Interoceánica, promoviendo cambios de uso de suelo, con conocimiento de que esta ley no los permite; aprobaciones a proyectos, que violan leyes y normas claras, incluso de seguridad, como el edificio en calle Víctor Tejeira, Ancón, y ocupando servidumbre pública. Caso omiso a denuncias formales por la certeza de que nada les ocurriría, con un Órgano Judicial colapsado como toda la estructura del país.

Conflictos creados por administración inoperante. A pesar de fallo de la CSJ, declaraba que no era jefe de director de obras. “Consultas ciudadanas”, gran farsa. Todo previamente decidido. “Consultas” se realizaban en hoteles y en horas donde obviamente la mayor parte de interesados no podría asistir. Jamás se tomó en cuenta al habitante, elemento principal de un plan de ordenamiento, las consultas deben llevarse a cabo en las comunidades.

El país está siendo llevado a la violencia. Funcionarios no respetan leyes, lo que quita total LEGITIMIDAD a sus cargos. El sistema ha colapsado y es urgente y necesaria una nueva estructura, a través de una Asamblea Constituyente Originaria, para cambiar de raíz nuestro país y fuera de las garras de delincuentes investidos con cargos de decisión.