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- 09/02/2021 13:00
- 09/02/2021 13:00
En términos generales el problema fundamental para los Estados Unidos en sus relaciones con Latinoamérica y el Caribe, es que a diferencia de la “lucha contra el comunismo”, la “lucha contra las drogas” y la “lucha contra el terrorismo”; en auge en su momento, ahora se centra en la “lucha contra la influencia china”, por el control de la región.
En este enfrentamiento no le resultara fácil, salir airoso, por cuanto que así como le ocurrió a España que sucumbió ante el poderío económico de Inglaterra y a Gran Bretaña, por la tecnología de Estados Unidos, exactamente igual le está ocurriendo a ellos con China, donde la competencia, al trasladarse a la esfera económica y tecnológica, se perfila prácticamente imposible de remontar; salvo que mantenga la hegemonía mundial en ese ámbito, lo que se perfila, como casi imposible.
Para nadie es un secreto, que el problema de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina consiste en que, a pesar de que en el país del norte viven más de más de 60 millones de latinos y de la cercanía inmediata de la región, lo cierto es que para ninguno de los dos partidos tradicionales de ese país, Latinoamérica ha constituido una prioridad de su política exterior, salvo la ruptura eventual de la brida de control, como en los casos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia recientemente.
Por el momento, lo más probable es que Biden, salvo un diagnostico profundo de la región en tiempos de postcovid-19, que como es obvio, obligaría a un reajuste de la política exterior, a la postre, opte por una versión modificada pero con mayor tracción de la iniciativa de Trump: “América crece”, orientada a estimular la inversión de Estados Unidos en la zona.
No obstante, si la misma no se dota de nuevas fuentes de financiamiento, estará condenada al fracaso, máxime que justo allí, es donde China le saca distancia, pues además de abrir su mercado a las materias primas (commodities) o bienes primarios del subcontinente, invierte en la construcción e infraestructura, actividades portuarias y ferroviarias, al punto de transformarse en el principal socio comercial de Chile, Perú y Brasil y el segundo de Argentina, Venezuela y de su propio vecino, México.
Si bien esa es la realidad de la región, otra es la atinente a cada país, por lo cual de manera somera, comentaremos el escenario en diferentes artículos, de los casos más relevantes. Iniciamos con México, país vinculado con Estados Unidos por un matrimonio de conveniencia y sin entrar en disquisiciones sobre el furtivo reconocimiento de Biden, por López Obrador, el nuevo presidente estadounidense se estrena poniendo fin al muro de Trump, pero confrontando en su agenda temas tales como el problema migratorio en el sentido de aplicar una política menos agresiva.
Otra área conflictiva en la relación será la difícil cooperación binacional en materia de seguridad, luego del affaire Cienfuegos y de la aprobación exprés de una ley que limita las operaciones extranjeras en México, dirigida en realidad contra la DEA.
No menos importante que ello, son los niveles de certidumbre jurídica en juego, que presenta el rescate de PEMEX y la política energética contrapuesta, que encuentra expresión en la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, que hace oídos sordos del uso de energías limpias, que defiende Biden.
Finalmente, no menos importante como posible causa de conflicto entre los dos países, será el repunte de la exigencia que obliga a cumplir a México con el compromiso en el marco del T-MEC, de ejecutar la reforma laboral, un alza del salario mínimo y la revisión de las relaciones gobierno sindicatos.
En el caso del triángulo norte de América Central, es probable que Estados Unidos adopte un enfoque más orientado a atacar las causas, que a los efectos de la migración descontrolada, atendiendo temas como la pobreza, la violencia y la lucha contra la corrupción; invirtiendo en la generación de empleos y mejora de la gobernabilidad. Una tibia medida en esa dirección es la inyección aprobada de $4,000 millones para combatir la pobreza y la inseguridad en Centroamérica.
Por otra parte, en materia de migración la administración Biden-Harris, pone fin al programa “Quédate en México”, que facilitaba que 10 mil nacionales y migrantes de Centroamérica, quedaran varados en México a la espera de solución de su solicitud de asilo en Estados Unidos y paralelo ello y de no menos impacto, es el anuncio de la suspensión con efectos inmediatos y rescisión futura de los Acuerdos de cooperación de Asilo, o acuerdos de “tercer país seguro”, firmados con El Salvador, Honduras y Guatemala, que obligaba a esos países a acoger a los solicitantes de asilo de otro, y así evitar que intentaran seguir a los Estados Unidos.
Con todo, es conocido que tales acuerdos se mantuvieron en pausa desde marzo de 2020, debido al covid-19, por lo que nunca fueron ejecutados en los casos de El Salvador y Honduras. De ahora en más, este asunto será tratado dentro del Marco Integral de Protección y de Soluciones Regionales que promoverá Washington.
A pesar de las buenas nuevas, nadie duda que la política migratoria de Biden, se verá sometida a una dura prueba de credibilidad, a juzgar por el avance de nuevas caravanas procedentes de Centroamérica hacia el país del norte.
*El autor es profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá