Las otras aristas de la cobertura en educación

Siempre que hablamos de educación, las dos variables básicas a considerar en cualquier análisis sobre este particular son: cobertura y calidad. Por cobertura entendemos o nos referimos a crear las condiciones necesarias para que toda la población en edad escolar pueda contar con este servicio dentro de las mejores condiciones posibles.

El compromiso legal, moral y ético de un Estado y una sociedad responsable es que el 100 % de la población en edad escolar tenga esas condiciones en lo referente a infraestructura, logística y recursos; estamos hablando de docentes, aulas, material de enseñanza, tecnología, etcétera; además, crear las normativas y la gestión necesaria para que esa asistencia a las aulas de los niños y jóvenes se concrete de manera efectiva.

En Panamá, avanzábamos hacia esa meta a un ritmo aceptable hasta antes de la pandemia del COVID-19, pero, producto de la incidencia de dicha pandemia en el sistema educativo, se produjo, de hecho, un abandono escolar en parte forzado por la crisis, el cual sigue incidiendo en el sistema educativo luego del retorno a clases presenciales, pero el abandono escolar es multicausal, inciden o confluyen factores socioeconómicos, psicológicos y/o socioemocionales, además hay un elemento adicional impactante que es el modelo educativo, que se resiste a la adecuación a los tiempos modernos. Eso implica el currículum, metodologías, recursos, las formas de evaluación, etc., las cuales no son pertinentes a la naturaleza de la población escolar de este siglo 21.

Entonces, la tarea más apremiante en orden cronológico y lógico es asegurar una cobertura del 100 % en la población escolar y de allí podríamos desglosar metas específicas, como lo referente a la atención integral a la primera infancia como tema emergente para los sistemas educativos, la atención al nivel preescolar que venía retrasado desde antes de la pandemia y otro elemento a considerar en este desglose, es detener el abandono escolar, lo que, como ya hemos señalado previamente, requiere de un enfoque integral y de una estrategia articulada con varios sectores.

El tema de la cobertura tiene una variable importante a destacar y es la efectividad del calendario escolar y para ello, es válido desarrollar el siguiente análisis. El año calendario tiene 52 semanas y el calendario escolar nominalmente tiene 40 semanas de clases y al restarle los fines de semana y los días festivos de los 280 días que representan esas 40 semanas, solo 190 son días laborables o de clase oficialmente y si hablamos o hilamos más fino y descontamos eventos no académicos que están considerados en esos 190 días, probablemente se restan unos 10 a 20 días más; por tanto, en base a ello, estamos hablando de solo 170 a 180 días de clases efectivas, pero, si luego hacemos una mediana para calcular las ausencias de los docentes y las suspensiones de clases por otros factores (disturbios sociales, problemas ambientales, etcétera), es probable que haya que restar unos 10 o 20 días más en promedio, con lo cual, los que debieron ser 190 días efectivos de clases, se van reduciendo a 150 o 160 días.

Hay un elemento que incide gravemente en esos días efectivos de clases, me refiero a las huelgas y paros docentes, que son fenómenos con una recurrencia anual y una extensión que va de varios días a semanas y hasta meses. No he visto estadísticas sobre este fenómeno, pero me atrevería a especular que de allí pueden restar en promedio entre 15 a 30 días anuales, entonces la reducción de días efectivos de clases ya queda en 120 a 140 días, en lugar de los 190 que estaban planificados. De modo que todos esos factores señalados representan la posibilidad de perder entre 60 y 70 días efectivos de clases por año; lo que significa que, si multiplicamos esa pérdida de días de clases anuales por los 12 años de escolaridad, estamos hablando de que nuestros estudiantes dejan de recibir de las clases programadas en el calendario académico un promedio aproximado entre 800 y 850 días, lo que representa, más o menos, el 35 % del tiempo de su escolaridad y esto significa que, de los 12 años de escolaridad de primer grado a sexto año, realmente los estudiantes son atendidos en las aulas un poco menos de nueve años de los 12 que nominalmente aparece en su récord de escolaridad. Eso significa que la pérdida en años escolares con el aprendizaje que de ellos se deriva es de, más o menos, tres años. Esto tiene un impacto tremendo en el nivel y calidad de los aprendizajes de los alumnos y se convierte en una distorsión terrible del concepto de cobertura, que atenta contra el derecho humano de los estudiantes a recibir educación.

Entonces, para ir perfeccionando ese concepto de cobertura en función del derecho humano a la educación, es necesario prestar atención a estos fenómenos; por tanto, algunas tareas apremiantes en este aspecto de la educación implican que hagamos lo necesario para cumplir con el 100 % de los días asignados en el calendario escolar; eso implica, también, cambiar varios elementos de nuestra “cultura”, como, por ejemplo, eliminar el ausentismo en las aulas escolares, cambiar las formas de negociación para no recurrir a las huelgas y paros como única forma de mostrar “músculo político/gremial” y trabajar en una planificación de corto plazo para ampliar la infraestructura escolar, de modo que existan colegios con matrículas no mayores a 1500 estudiantes y que puedan atender jornadas extendidas desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde.