El extractivismo minero en pleno apogeo

Como muchos otros, el pueblo panameño se ve aquejado por problemas económicos, sociales, ambientales y políticos, algunos sumamente críticos. Los principales de ellos son: pobreza, desempleo e informalidad, bajos salarios, alto precios de alimentos y medicamentos, problemas de acceso a agua potable, problemas vinculados a la educación y salud, el déficit habitacional, discriminación, feminicidios, corrupción, inseguridad ciudadana, problemas ambientales, el desmantelamiento neoliberal de derechos humanos. Estos problemas, además de recurrentes, se han profundizado, a ninguno de los Gobiernos le ha interesado dar respuestas reales y oportunas.

En el caso de los problemas ambientales, el impulso que recibe la minería por parte del Gobierno y grupos empresariales, ha levantado el descontento de las comunidades. Sobre la industria minera se ha demostrado que son muchos más los efectos negativos que los positivos sobre la vida de las personas en las comunidades aledañas a donde se desarrollan los proyectos mineros. Tenemos que saber que ese planteamiento de explotación de recursos naturales tiene muchos impactos negativos y/o afecciones en lo social, económico, político, cultural y ambiental.

El incremento del valor de los minerales nuevamente ha levantado la codicia de multinacionales, atrayendo inversiones en búsqueda de enormes ganancias. La experiencia demuestra que las inversiones de capitales de las distintas empresas mineras condicionan el escenario político, mediante la violación de los derechos de las comunidades indígenas y rurales. El desarrollo minero tiene también como consecuencia una degradación ambiental, social y laboral. La contaminación, la expropiación de tierras comunales y particulares son realidades permanentes en los territorios donde se realizan estos proyectos.

Está también el tema de salud, que tiene relación con los trabajos de riesgo, casos de cáncer y demás. Una serie de argumentos entre los contrarios al proyecto minero que hace preguntar si realmente es necesario reabrir proyectos mineros.

A pesar del impacto negativo de la actividad minera, el Gobierno plantea a la industria minera como la opción al desarrollo de las comunidades, la respuesta a las aspiraciones de los jubilados y pensionados, y la salvación del programa de IVM de la CSS. ¡Cómo puede ser una actividad lesiva a la vida respuesta! La realidad: las empresas transnacionales solo quieren desarrollar su proyecto con la mayor rentabilidad posible.

No queremos un país minero, rechazamos los proyectos de Minera Panamá y cerro Quema. El pueblo se opone, porque los intereses de las empresas mineras van en contra del desarrollo sostenible del país, ponen en peligro la vida digna por la que estamos luchando. En las zonas donde están ubicados los proyectos mineros son cuantiosos los atractivos tanto productivos, medioambientales como turísticos, pero también sociales.

Hasta ahora, todos los Gobiernos han favorecido los apetitos de lucro de los mineros y han desoído a las comunidades. Así en el 2010 Frenadeso denunciaba “En el sector de la minería se mueven intereses poderosos. Cuando el país estaba sumergido en una de sus peores crisis políticas, la clase política se tomó el tiempo para modificar el código minero el 28 de enero de 1988. Las circunstancias políticas hicieron que esta modificación pasara casi inadvertida.

Realmente lo que sucede, frente al impulso al extractivismo minero que promueve el Gobierno, es contrario a los intereses nacionales y sociales.

Llamamos al pueblo a estar vigilante frente a la posibilidad de otro contrato leonino, de saqueo de nuestros recursos naturales y de destrucción de la vida de comunidades y de la naturaleza. Es necesario estar vigilantes para que no se den transacciones bajo la mesa ni que las mineras sean favorecidas, como pretende la mafia empresarial panameña, a la que nunca le han parecido importantes los intereses nacionales ni populares y avalan el robo a la nación.