¿Y quién controla al Estado?: una pregunta crítica obligada

Antes que todo, creo un deber agradecer públicamente de todo corazón, a una impensable cantidad de personas que mostraron su aprecio en momentos en que estuvimos sometidos corporalmente por el virus pandémico. Sus buenas vibras y oraciones me tienen de vuelta en mis faenas cotidianas. Lo mismo deseo manifestar del personal del Minsa que estuvo atento a nuestra evolución desde el primer momento, fue realmente de primer orden. Les estaré eternamente agradecidos.

En las últimas semanas, ha estado en la palestra una serie de eventos que hablan del carácter del Estado que nos administra y domina como sociedad. Desde la publicación de la lista donde las potencias económicas europeas nos mantienen como país cómplice de lavadores de dinero, hasta la indignación por las regalías pírricas otorgadas al Estado por la transnacional First Quantum Cobre Panamá, pasando por la sanción de una ingenua ley de atracción de inversiones de empresas transnacionales (no les quieren llamar por este nombre) en el país para supuestamente reactivar la economía, cuando primero se hace necesaria la recuperación de esta, que es algo distinto dese el punto de vista de la política económica.

No ha faltado el clásico “oportunismo de derecha”, esto es, denuncias de parte de partidos tradicionales y cuasi partidos que harían y han hecho exactamente lo mismo al ejercer la función de Gobierno, pero que al hacerlo están convencidos de despejar su camino hacia ser respaldados en las próximas elecciones para hacer eso mismo que hoy critican. Tampoco se han quedado atrás las voces que revelan infantilismo de izquierda, que no distinguen entre los intereses de las clases populares y los de los sectores de derecha, a tal punto que en ocasiones terminan solo haciendo críticas al estamento gubernamental y sus políticas, más no apuntando a la raíz de los males. Apuntan a la corrupción y no al sistema que la genera, piden cabezas de ministros y autoridades, obviando que se trata de estructuras consolidadas que no están determinadas por el papel de individuos que ocupan puestos de poder. En tal sentido, terminan desaprovechando la oportunidad de, al menos, orientar a las bases populares en el camino de la comprensión de la lógica de los problemas que nos aquejan en el país, para que nos sensibilicemos y a la postre, impulsemos las transformaciones profundas que se requieren para renovar radicalmente la República que clama por ser refundada.

Mientras el país esté configurado sobre la base de ser una plataforma de servicios financieros internacionales, el germen de las guaridas o paraísos fiscales -razón de que mantengan a Panamá en las famosas listas negras y grises- se conservará como parte consustancial del modelo económico.

Gobiernos de unos y otros partidos, supuestamente acérrimos adversarios, han coincidido por décadas, en la política de protección de esa plataforma que significa cobijar los intereses de los que lucran con los negocios financieros nacionales e internacionales, sin aportar al fomento de la pequeña empresa del agro o la industria panameña, porque no les resulta rentable.

En medio de la crisis pandémica, este Gobierno les ha viabilizado a los banqueros, exorbitantes créditos que los panameños nos toca pagar. Como se sabe, resulta un contrasentido en circunstancias en las que los organismos oficiales han reconocido que sin ese “aporte” estatal ya mostraban tal solidez, con los más de 1600 millones de dólares de ganancias en los últimos años.

Tratamiento similar se ha dado a empresas transnacionales apuntaladas por los capitales financieros internacionales especuladores por excelencia. Esto es el caso de la compañía que extrae varios minerales que usufructuaron más de 900 millones de dólares el año pasado, siendo que el Estado le acepta como bueno que entregue como regalía un dos (2) por ciento o menos de las mismas. Roberto Checa, en su página de FB, en fecha de 10 de diciembre último, contrastó estas magnitudes con las de Chile -uno de los países más capitalistas de la región- donde estas regalías ascienden a 38 %; en Argentina a 37 % y en el propio EUA, en estados como Nevada, 38.3 %.

Así pues, se trata de bienes del país controlados por el Estado; la cuestión es ¿y quién controla al Estado? Sin duda no somos los de la sociedad panameña, sino quienes se benefician con la explotación de nuestros recursos humanos y bienes ambientales, los gobernantes solo son sus burócratas, en ocasiones desechables.