¿Y la defensa del Estado panameño pa' cuándo?

El 2 de enero de 2020, el presidente Laurentino Cortizo inició su discurso en la Asamblea Nacional, comparando al país como una casa en donde el nuevo dueño se da cuenta que “debe 10 años de hipoteca, debe el agua, la luz y para rematar el techo tiene goteras, la refrigeradora está dañada, pero además hay que pagar la escuela, hacer súper, comprar medicinas y aun así hay que sacar adelante la familia”.

También resaltó muchas acciones positivas dentro de un profundo sentimiento de optimismo. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos frente a otros temas que también son de gran importancia para la economía nacional, como la defensa del Estado panameño frente al creciente aumento de demandas internacionales. Como mencionaba un comentador, no basta con repellar y pintar la casa, hay que trabajar también en los cimientos y posibles defectos estructurales.

Dentro de su plan de trabajo, el presidente “urge un plan de defensa, rescate y promoción de la imagen de Panamá a nivel mundial y una estrategia definida para la atracción de inversiones”. Esto se repite a lo largo de su discurso, llevando la batuta la reorientación del servicio exterior con la adscripción de la Agencia para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones (anteriormente Proinvex) al Ministerio de Relaciones Exteriores (hoy ProPanamá), y algunas iniciativas legislativas como la Ley que crea el régimen de Asociación público-privada (Ley 93 de 2019), y la modificación integral del Texto Único de la Ley 22 de contrataciones públicas a fin de “establecer reglas claras para los inversionistas y eliminar la discrecionalidad de los funcionarios públicos”.

Nadie pone en duda que el establecimiento de reglas claras y transparentes es imprescindible para la atracción de las inversiones. Sin embargo, la migración de Proinvex, entre otras competencias, han traído como consecuencia que la función del MICI para promover el crecimiento económico mediante la atracción de capital extranjero y el uso de los instrumentos comerciales negociados por el país, haya quedado en gran parte disminuida. Aunado a esto, la función de defensa del Estado panameño a la luz de los acuerdos comerciales suscritos por Panamá, jamás ha sido adecuadamente implementada a través de una dirección de defensa comercial que realmente responda a los intereses comerciales del país. Esto llama, entre otras medidas, a una reestructuración de las funciones del MICI.

Ahora bien, la adopción de cláusulas arbitrales, ya sea en contratos con el Estado, o a través de acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones (APPRI) o de capítulos de inversión en TLCs –estos últimos negociados por la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacional del MICI— también es un factor importante para la atracción de capital extranjero, puesto que brindan la oportunidad al inversionista extranjero de demandar directamente al Estado panameño, ante un foro neutral e imparcial.

En los últimos 10 años, el país ha sido el objeto de ocho demandas arbitrales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por supuestas violaciones a sus obligaciones internacionales nacidas de un tratado de inversión. A estos casos se unen todas las demandas arbitrales, nacionales e internacionales, que la República de Panamá o alguna de sus entidades autónomas o semiautónomas ha sido objeto. Estas demandas equivalen a miles de millones de dólares, porque, aunque Panamá logre surgir victorioso de las demandas, existen gastos legales que hay que pagar del erario público. Sólo en septiembre de 2019, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el traslado de seis millones de dólares de la partida al MEF para dotar de fondos a cuatro contratos que deben suscribirse con firmas forenses que representan a Panamá en arbitrajes internacionales. El gobierno panameño no es el único dispuesto a pagar miles de millones de dólares en procedimientos arbitrales, pero quizás sea el menos preparado si lo comparamos con otros países de la región como: Perú, Costa Rica y Colombia, por nombrar algunos, que sí cuentan con un sistema de prevención y manejo de controversias inversionista-Estado.

En Panamá no existe un procedimiento específico para atender las controversias que pudiesen surgir en contra del Estado panameño, ni un procedimiento de coordinación interinstitucional en relación a controversias relacionadas con actuaciones de entidades estatales y las medidas preventivas para evitar estas disputas. Tampoco existe una política comercial de negociación, ni una capacitación sistemática de los funcionarios que puedan verse involucrados en controversias inversionista-Estado. El país no necesita más “parches” en el techo, sino medidas eficientes que trabajen en los cimientos de la casa. Específicamente, necesita implementar un sistema de prevención y manejo de controversias inversionista-Estado, a través de un comité interinstitucional conformado por las diversas entidades que pudieran estar involucradas en posibles demandas en contra de la República de Panamá, incluyendo el MICI y el MEF. Asimismo, y, sobre todo, se requiere la creación de una unidad de defensa del Estado especialista en controversias inversionista-Estado, que se encargue de atender a los inversionistas extranjeros que soliciten consultas en caso de posibles controversias, y que posteriormente participe en los procedimientos arbitrales, en apoyo a las firmas de abogados que se contraten, como existe en otros países de la región. Estas son dos instituciones que deberían crearse como una política de Estado, no solo para este gobierno sino para los próximos.

Dentro de la coyuntura actual en la que se ha visto golpeada la imagen reputacional del país, un sistema de prevención y manejo de controversias-Estado debería constituirse en la insignia del plan de gobierno, cuya materialización marque el inicio de un nuevo futuro para la política comercial y defensa del Estado panameño. Esperemos que el presidente Cortizo escuche este llamado (ignorado por las dos últimas administraciones), y ponga en marcha acciones concretas para que los panameños y panameñas no suframos más consecuencias perjudiciales para la economía nacional en los próximos 10 años.