Gobiernos locales y participación ciudadana en Panamá

Este análisis parte de la idea generalizada de que nos encontramos frente a una enorme crisis de legitimidad y confianza en lo político y en lo público. La forma tradicional de acción en el campo político no solo es percibida como deshonesta y clientelar, sino también poco científica.

En el enfoque de las políticas públicas es importante diferenciar entre los vocablos en inglés politics y policy. Aunque el idioma español no contribuye en esta diferenciación, podemos señalar que polítics o “política” (a secas), se refiere al campo de competencia, negociación y ejercicio del poder (Ejea Mendoza, 2006), mientras que si al mismo vocablo política le añadimos el adjetivo “pública”, nos estamos refiriendo a “políticas públicas” que son (grosso modo), las acciones planificadas del Estado para satisfacer los problemas de la población en la búsqueda del bien común.

Impera la duda razonable si el concepto de política (a secas), tal cual fue definido en las líneas anteriores, ¿puede volverse democrático, racional y eficiente? (Rodríguez Patiño, 1998).

Las políticas públicas, por el contrario, tienen un enfoque técnico-científico, ya que son acciones planificadas cuyo rango de acción está inserto en lo que denominamos el “ciclo de políticas públicas”.

El ciclo (acotado, sumario) de las políticas públicas inicia con la definición del problema, luego la formulación de las opciones, la implementación o ejecución y culmina con la evaluación.

Para Carlos Matus, padre de la planificación estratégica situacional, un problema es “la brecha entre la situación actual y la situación deseada por el actor de cambio. Lo que diferencia un malestar impreciso, de un problema, radica en su descripción”. (Matus, 1996).

Sin embargo, el quehacer político tiene sus propios problemas, y los políticos están sumergidos en la búsqueda de solución a los problemas de la política (que con la llegada de las tecnologías de información y comunicación se han vuelto aún más complejos), y han dejado a un lado los problemas de la sociedad, de las comunidades, de la gente.

La desafección democrática producto de esta realidad, implica que “estamos experimentando la pérdida de confianza ciudadana, no solo en los gobiernos, también en la misma esencia de los valores que sustentan el modelo democrático”. (Herrera Hazera, 2022).

Por consiguiente, “los asuntos políticos son vistos como algo lejano, faltos de importancia o carentes de sentido [implicando] cierto alejamiento o desapego de los ciudadanos con respecto a su sistema político”. (Citrin, McClosky, Shanks y Sniderman, 1975, citado por Ruiloba Nuñez, 2014).

Ante esta inminente realidad, los gobiernos locales están siendo (y en Panamá podrían ser), el lugar más propicio para experimentar nuevas formas de hacer política.

Como explican Borja y Castells, “Frente a la crisis de legitimidad de lo político, el plano municipal se ha convertido en escenario de nuevas experiencias prácticas que acercan los gobiernos a la ciudadanía en un mundo cada vez más interconectado”. (Borja y Castells, 1998; Lévy, 2002).

Desde el Gobierno central no se están articulando nuevas formas de gobernanza que fortalezcan los fines de la democracia, por ende debemos buscar que los gobiernos locales, por naturaleza más cercanos a la población y sus problemas, fortalezcan sus espacios institucionales de participación, y contribuyan en la creación de una nueva cultura donde lo público sea realmente público y la ciudadanía sea el centro de la acción de los gobiernos.

Como expresa la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, aprobada y adoptada por Panamá en la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Lisboa, Portugal, 2009:

“La participación ciudadana en la gestión pública es consustancial a la democracia. Los principios democráticos de la representación política deben complementarse con mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión pública, que permitan expandir y profundizar la democracia y su gobernabilidad. La participación ciudadana en la gestión pública refuerza la posición activa de los ciudadanos como miembros de sus comunidades, permite la expresión y defensa de sus intereses, el aprovechamiento de sus experiencias y la potenciación de sus capacidades, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, fomenta una nueva cultura en la que la ciudadanía va adquiriendo una mayor disposición a informarse acerca de los asuntos públicos, a cooperar y a respetar la diversidad social y cultural, a interactuar dentro de ella y a favorecer la comprensión intercultural. Desde el punto de vista de los gobiernos, la participación ciudadana en la gestión pública ayuda a abordar los conflictos y a propiciar acuerdos, así como aumentar la legitimidad y efectividad de las decisiones”. (Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009).

En medio de la crisis de la democracia los gobiernos locales pueden ser la clave para dar inicio a una nueva forma de participación, donde el ciudadano sea tomado en cuenta en todo el ciclo de políticas públicas.

La formulación de políticas públicas comunitarias puede ser reflejo local de una transformación macro de la forma en que se relacionan ciudadanos y sus gobiernos, y son muchos los gobiernos locales en el mundo que han iniciado este proceso.

Queda claro entonces que “involucrar a la ciudadanía en la formulación de las políticas comunitarias se traduce en un mejor flujo de información, rendición de cuentas y existencia del debido proceso; da voz a quienes se ven afectados de manera más directa por las políticas públicas”. (IDEA, 2002)

Es imposible hablar de participación de la ciudadanía si no existe transparencia; lo primero es informar debidamente a la población con el fin de que la participación ciudadana sea eficaz.

Luego debemos garantizar que los espacios de participación en los gobiernos locales sean realmente abiertos, democráticos y representativos.

En Panamá no existe una ley de participación ciudadana, y la ley de descentralización es una caricatura, por lo cual esa serie de recomendaciones de cara a mejorar la participación ciudadana dentro de los gobiernos locales no implican modificación normativa:

1- Fortalecimiento institucional de la Dirección de participación ciudadana y transparencia

Esta dirección existe dentro del organigrama municipal, pero debe ser revisada y debe orientar su gestión con base en la apertura de procesos y resultados, por ende es importante

La revisión del manual de trámites y procesos de la Dirección de participación ciudadana y transparencia, y todos sus departamentos, debe trabajar con una visión única que es convertir al gobierno local en uno que sea transparente y participativo.

La contratación de personal profesional e idóneo es importante para del impulso de un proyecto de participación y transparencia, sobre todo incluyendo el área tecnológica. Actualmente existen plataformas de participación ciudadana, presupuestos abiertos, rendición de cuentas, transparencia de obras de infraestructura pública, en todos los continentes, como muestra de la voluntad de iniciar un nuevo estilo de relación entre ciudadanos y sus gobiernos locales, pero en Panamá son casi inexistentes.

La política de participación ciudadana dentro de los gobiernos locales debe estar enmarcada en una visión que debe enunciar: “un nuevo estilo de gobernanza donde el ciudadano confía, asiste y participa activamente en los procesos de convocatoria y proyectos del municipio”.

Actualmente la participación ciudadana en los procesos locales es mínima. Queda pendiente la tarea de revisión de los mecanismos actuales de participación ciudadana para garantizar que los ciudadanos sientan la confianza debida en dichos procesos.

Para lograrlo es importante cumplir con los estándares internacionales de participación ciudadana, donde lo primero es informar debidamente al ciudadano sobre el problema a tratar y otorgarle suficiente tiempo para que revise el material y se informe; también es importante utilizar métodos para garantizar que la participación sea efectiva, como las actas o formularios públicos, y garantizar que los resultados de las consultas de participación, presupuestos participativos, audiencia pública, consulta ciudadana, consulta pública, estén debidamente reglamentados y que esa información sea pública. Para ello es importante que haya un historial donde se pueda revisar el resultado de todos los procesos participativos.

Estos son pasos iniciales que no requieren cambios en la normativa; el fin es estimular la participación ciudadana en los gobiernos locales y de esta forma empezar el proceso de transformación de la cultura política en Panamá.