Iniciativas contra la corrupción permanecen engavetadas

Las propuestas encaminadas a reducir los índices de corrupción duermen eternamente en la Asamblea Nacional. Los diputados mantienen engavetados siete proyectos de ley encaminados a este propósito. Las iniciativas se presentaron desde 2019, la más reciente fue de este año, sin embargo, seis de estos proyectos no pasaron el primer debate y uno se estancó en el segundo debate (ver tabla).

El más reciente corresponde al proyecto que presentó el ministro de Seguridad, Juan Pino, que pretendía la extinción de dominio de bienes ilícitos, documento que según fuentes parlamentarias consultadas, “no le ven futuro” y correrá con peor suerte que el resto de las propuestas, puesto que ni siquiera se logró discutir en primer debate.

En los pasillos de la Asamblea se escucha que sería posible salvar el proyecto si la extinción de dominio se aplica únicamente a las actividades del crimen organizado y del narcotráfico. “Pero al agregar el tema de la corrupción se trae al tapete el juego político”, considera una fuente parlamentaria.

Sin embargo, el problema de la corrupción escarba aguas mucho más profundas. Se trata de un asunto estructural como han comentado juristas a este diario. “Una acumulación del diseño institucional que radica en pesos y contrapesos”, asegura el presidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz. El abogado explica que este desbalance genera una especie de anarquía, en el que queda difuso quién fiscaliza a quién, quién controla al otro y quién valida las actuaciones del Estado.

Un ejemplo tácito de esta conducta es el amarre entre diputados de la Asamblea Nacional y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se investigan entre sí.

Tampoco existe un mecanismo para canalizar las quejas y críticas acumuladas con el paso del tiempo, lo que genera desconfianza en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia (Corte).

“Así ocurrió con la prueba idónea (el requisito que exige la Corte para iniciar un proceso en contra de un diputado y los altos cargos del Ejecutivo), que con el paso del tiempo se fue colocando una realidad, lo político quedó por encima de lo jurídico generando un problema de constitucionalidad, nadie supervisa o fiscaliza al otro, el contrapeso del uso del poder político”, detalla el presidente de los juristas.

En el portal del Órgano Judicial se aprecian más de 70 procesos ocurridos en los últimos 15 años en contra de diputados de la Asamblea Nacional, del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y funcionarios del Ejecutivo que se resumen en querellas, compulsas de copias de otros órganos del Estado, delitos electorales, inhabilitaciones, pero son contados con una mano los casos en que la Corte ha imputado a los señalados.

Del otro lado de la moneda, Alejandro Moncada Luna fue el primer magistrado condenado por la Asamblea Nacional (2015) por delitos de corrupción y enviado a una cárcel. Ese mismo año, la Comisión de Credenciales admitió una denuncia por los supuestos delitos de supuesto enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos en perjuicio del magistrado Víctor Benavides, quien antes de que arrancara la pesquisa en su contra renunció al cargo de supremo y el expediente pasó a la justicia ordinaria, no obstante el caso avanza lentamente. Lo último conocido del caso es que en noviembre de 2019, el juez Décimo Quinto de Circuito Penal de Panamá, Leslie Alberto Loaiza, accedió a la solicitud de la Fiscalía de Descarga Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación y autorizó una prórroga por 12 meses más para la investigación.

En la mayoría de los países latinoamericanos, con el propósito de actualizar en forma permanente el ordenamiento jurídico, se creó en el Órgano Ejecutivo el Ministerio de Justicia, “que en Panamá nadie lo conduce”, reflexiona Araúz.

“La corrupción debe ser entendida en toda su complejidad: Tráfico de influencias, malversación de bienes públicos, uso de información confidencial y abuso de poder son sólo algunos de los actos corruptos más perjudiciales para la sociedad”, señalan las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el documento “Integridad Pública”.

No basta con poner a disposición de la ciudadanía la información, ésta debe ir de la mano de mecanismos eficaces de escrutinio y rendición de cuentas.

La Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información (Antai) recibió, del 6 de agosto de 2019 al 9 de agosto de 2022, un total de 478 denuncias por conflicto de interés, nepotismo, faltas al Código de Ética e irregularidades administrativas. (ver tabla).

De estas 51 denuncias han sido enviadas al Ministerio Público; 18 a la Contraloría General de la República; 18 a la Procuraduría de la Administración y una a la Fiscalía General de Cuentas, aunque desconoce el desenlace de estas denuncias.

Los partidos políticos, por su parte, presentan programas contra la corrupción cuando pretenden llegar al poder y los detallan en sus planes de gobierno cuando están en campaña con miras a las elecciones generales. De alguna forma u otra los colectivos han permitido esta situación desde el punto de vista en que “ninguno presenta de forma periódica estudios sobre lo que debe transformarse en la realidad nacional, sino quién va a reemplazar a quién sin poner en contexto el qué y para qué”, analiza Araúz.

La participación ciudadana se centra meramente en elegir a los candidatos que gobernarán el país cada cinco años. Se limita a visibilizar el problema del otro sin un mea culpa para deponer intereses. “Todo inicia con el ejercicio individual, donde he fallado, dónde puedo corregir y avanzar a los estadios colectivos”, zanja Araúz.

Desde que inició la presente administración gubernamental (2019) de Laurentino Cortizo, quien en campaña prometió “hacer sin robar” su discurso hablaba sobre una deuda pendiente, la lucha contra la corrupción. Al menos en papel, el nuevo presidente presentaba un plan de transparencia gubernamental y de sanción a las empresas involucradas en actos de corrupción.

Sin embargo, a dos años de finalizar la administración gubernamental, los reportes de Transparencia Internacional capítulo de Panamá situó al país en el escaño 105 de 180 en la percepción de los niveles de corrupción.

Un asunto del que hace eco el Reporte de Derechos Humanos 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos relativo a Panamá, en el que hizo alusión a la falta de condenas penales en casos de corrupción lo cual, según el documento, apoya la muy diseminada opinión pública de que el sistema judicial es susceptible a influencias corruptas tanto internas como externas.