Asamblea aprueba en primer debate derogación de contrato minero

El futuro del contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, que tomó vida jurídica a través de la Ley 406, sigue siendo cada vez más incierto.

Ayer de forma mayoritaria y de manera inesperada, tanto diputados oficialistas como de la oposición –que forman parte de la comisión de Comercio–, mientras se discutía el proyecto 1110 que busca establecer una moratoria a la minería metálica aprobaron introducir un artículo para que se derogue el polémico contrato minero.

El debate transcurría con normalidad, cuando repentinamente el presidente de la comisión de Comercio, Roberto Ábrego, decretó un receso.

Durante este receso y en un salón pequeño ubicado al lado del auditorio donde se llevaba a cabo la sesión, se realizó una reunión a puertas cerradas entre los miembros de la comisión de Comercio, en la que participó el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas, además de los diputados oficialistas Raúl Pineda, Gonzalo González y Kayra Harding, quienes no son parte de esta instancia legislativa.

Tras esta reunión, todos los diputados, tanto de gobierno como de oposición, llegaron a un consenso para aprobar el artículo derogatorio de la Ley 406.

Uno de los diputados de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos, tras la reunión liderada por Jaime Vargas, informó que el artículo derogatorio de la Ley 406 fue presentado por iniciativa de los diputados oficialistas de esa instancia, “el Órgano Ejecutivo no quería”, exclamó.

Aunque inicialmente el presidente de la comisión, Roberto Ábrego, había manifestado que un contrato ley no podía ser derogado por otra ley, en cuestión de minutos cambió de opinión y dio su voto a favor del artículo nuevo que deroga la Ley 406.

El proyecto aprobado en primer debate, además de plantear la derogación de la Ley 406, también prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la explotación de la minería metálica.

Paralelamente en el salón Azul de la Asamblea sesionaba la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales que aprobó también, en primer debate, el proyecto 1109 que convoca a una consulta popular para adoptar una decisión sobre la terminación o no del contrato de concesión minera.

A esta sesión acudieron los magistrados del Tribunal Electoral (TE). El magistrado presidente, Alfredo Juncá Wendehake, reiteró que el TE mantiene su posición de que para que una convocatoria de este tipo se lleve a cabo, deben existir las condiciones mínimas de seguridad y de movilización para los ciudadanos que acudan a votar.

Los magistrados Eduardo Valdés Escoffery y Luis Guerra Morales señalaron que el Tribunal Electoral cumplirá con el mandato legal y constitucional si la Asamblea Nacional aprueba la ley de la consulta popular y el Ejecutivo la sanciona.

El proyecto fue aprobado con cinco votos a favor y hubo cuatro votos en contra. Los cinco votos a favor fueron de los diputados perredistas Leandro Ávila, Roberto Ábrego y Raúl Pineda, además de Corina Cano; del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, y Alaín Cedeño, quien recientemente se inscribió en el partido Realizando Metas (RM).

Votaron en contra el diputado Eugenio Bernal, del PRD; Mayín Correa, de Cambio Democrático; Luis Ernesto Carles, del Partido Panameñista, y Edison Broce, de la bancada independiente.

La diputada Mayín Correa dijo no entender cuál era la intención de los diputados oficialistas de mantener la decisión de avalar una consulta popular cuando ya la comisión de Comercio había aprobado incluir un artículo para derogar el polémico contrato minero.

Mientras que el diputado Broce aseguró que si son aprobados en tercer debate ambos proyectos, no cree que el presidente de la República sancione el que deroga la Ley 406, sino el que convoca a la consulta popular.

Una vez aprobados, ambos proyectos fueron devueltos al pleno legislativo que podrá desde hoy discutirlos en segundo debate en sesiones extraordinarias convocadas por el Órgano Ejecutivo. Justamente ayer el presidente de la Asamblea cerró la primera legislatura del quinto periodo ordinario de sesiones.

Mientas ambas instancias legislativas sesionaban, la empresa canadiense First Quantum Minerals Ltd. casa matriz de Minera Panamá, emitió un comunicado informando que se puso en contacto con las autoridades panameñas para conocer sobre el llamado a la consulta popular.

En el comunicado de prensa señaló que tomó nota de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos en contra de la Ley 406; seis de ellos ya han sido admitidos por la Corte Suprema de Justicia.

Justamente ayer la Corte Suprema de Justicia admitió otras seis demandas de inconstitucionalidad entre el pasado lunes y ayer martes presentadas contra la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.

“Es importante señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo No. 2564 del Código Judicial para este tipo de procesos, una vez devuelto el expediente con el concepto del procurador, se publicará un edicto por tres días en un periódico de circulación nacional, para que en el término de diez días hábiles el demandante y todas las personas interesadas en el caso presenten sus argumentos por escrito a través de abogado”, informó en un comunicado la CSJ.

Al vencerse el término anterior el magistrado sustanciador examinará todos los escritos que se hayan presentado y procederá a confeccionar un proyecto de decisión, que pondrá a consideración de los magistrados de la CSJ, quienes podrán presentar observaciones y consideraciones.

En horas de la tarde de ayer se conoció que el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, calificó la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá como 'inconstitucional'.

Su observación solicitada por el magistrado Olmedo Arrocha, ponente de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Martita Cornejo, fue remitida la tarde de ayer martes a la Corte Suprema de Justicia.

Las manifestaciones en contra del contrato minero continuaron este martes por décimo día consecutivo tanto en la ciudad capital, como en otras zonas del país. La autopista Arraiján-La Chorrera incluso fue bloqueada totalmente.