Perito de la DIJ sustenta su informe en el caso Blue Apple

El perito Eliseo Ábrego Peña, quien labora en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional en el departamento de Crimen Organizado, fue el único testimonio que se sustentó en el cuarto día de audiencia por el caso Blue Apple.

Ábrego defendió el informe que presentó. Dos abogados defensores lo interrogaron para intentar demostrar que la información estaba incompleta y que sus defendidos son inocentes.

En el informe presentado por el perito Ábrego se constata que parte del dinero depositado y acreditado en las cuentas bancarias de Blue Apple fue traspasado a personas naturales y jurídicas, sobre todo a una empresa en la que José Federico Suárez tiene participación como accionista y miembro de la junta directiva.

Durante la investigación, Ábrego estableció que entre las firmas autorizadas y beneficiarios reales de esta cuenta al momento de su apertura en 2008 está la de Suárez.

El perito Ábrego aseguró que Federico Barrios, creador de la empresa Blue Apple y quien llegó a un acuerdo de pena, le detalló a la fiscalía que Melina Cano Achurra participó como mediadora o administradora de unas inversiones que se realizaron por medio de una empresa que estaba interesada en la adquisición de unos equipos durante la administración gubernamental de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Los fondos, según se detalló en la audiencia, eran para la compra de equipos que serían instalados en el proyecto hidroeléctrico conocido como “El Síndigo”, que se desarrollaba en la provincia de Chiriquí..

Según declaraciones del perito, “Cano hizo trámites aduanales y de créditos bancarios para hacer las inversiones a realizarse para la compra de estos equipos. Ella admitió que participó como mediadora en los trámites que se estaban haciendo y que los pagos recibidos fueron por medio de una empresa constructora”.

A pocos minutos para la 5:00 p.m., la jueza Baloisa Marquínez cerró la sesión y se reanuda el próximo lunes con el perito Ábrego. Para esta sesión se anotaron cinco abogados defensores con el fin de interrogarlo.

En el auto de llamamiento a juicio se detalló cómo el exministro Suárez, según la investigación, recibió varios pagos por $300.000, $180.000 y depósitos superiores a los $2 millones a través de una sociedad que hicieron empresas que tenían obras con el gobierno.

Esta investigación comenzó el 30 de octubre de 2017, a través de un informe de inteligencia policial, que hace referencia a la sociedad anónima Blue Apple Services, creada por varias personas (miembros de la administración de gobierno del período 2009-2014) con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero”, presuntamente obtenido de coimas o sobornos recibidos por la concesión de varios proyectos de construcción.

El Ministerio Público logró recuperar $32 millones, de los $82 millones que determinó que ingresaron a la cuenta de la sociedad Blue Apple.