Donaldo Sousa: Contrato con la minera incumple con la Constitución

El pasado jueves el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Nacional el contrato entre el Estado y la compañía Minera Panamá, un proyecto que llega rodeado de polémica para su discusión en el Legislativo, y que en opinión de algunos juristas sería “contrario a la carta magna“ de la República.”

Para el abogado ambientalista y presidente de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (Fedap), Donaldo Sousa, habría al menos “14 violaciones” a la Constitución, incluyendo aspectos del régimen ambiental y laboral del país, así como la gestión de los recursos del Estado. En este caso los del suelo y subsuelo.

Entre estos destacó el artículo 17 sobre la responsabilidad de las autoridades en proteger los bienes de la nación, que según el abogado no se estaría cumpliendo como consecuencia de las afectaciones ambientales y sociales en la zona del proyecto minero en Colón.

Igual subrayó el artículo 259 que habla de las condiciones para otorgar las concesiones en el país, y que textualmente dice que estas deben atender a un interés público.

“Establece categóricamente que (las concesiones) deben ser inspiradas en el bienestar social e interés público. ¿Qué bienestar social más importante que la vida?, y aquí se está destruyendo la vida”, sostuvo Sousa en referencia a los efectos contaminantes en la región y los recursos hídricos que han denunciado grupos ambientales.

Sobre esto último, insistió en que la minería a cielo abierto en Panamá es antagónica con la protección de los recursos hídricos, en particular cuando el país enfrenta una complicada sequía como consecuencia del fenómeno de El Niño.

El presidente de la Fedap cuestionó que las malas decisiones en materia de gestión hídrica por acción u omisión se han dado incluso en el Canal de Panamá, cuyo elemento indispensable para su funcionamiento es el agua dulce.

“Tenemos una respuesta de la Autoridad del Canal, donde nos hacen ver que hay 260 proyectos que el Canal ha permitido desde que pasó a manos panameñas. Proyectos que están impactando todas las fuentes de agua del Canal y el agua potable de las ciudades de Panamá y Colón”, indicó Sousa sobre un reclamo que habría presentado anteriormente a la ACP.

Manifestó que organizaciones ambientales ya han presentado querellas penales contra autoridades y la propia empresa minera. Adelantó que no espera una “respuesta positiva” del sistema de justicia, al considerar que este está “influido políticamente” por el Ejecutivo y grupos ligados a la industria minera.

Confirmó que tras agotar los recursos en los tribunales locales, formalizarán una demanda ante entidades internacionales.