Juez ordena ejecución de sentencia a Patria Portugal

La exdefensora del Pueblo Patria Portugal (2011-2013) fue detenida a solicitud del juez de cumplimiento del primer circuito judicial José Carrera, quien ordenó la ejecución de la sentencia condenatoria de la exfuncionaria para el inicio del cumplimiento de 96 meses de prisión como pena principal y 48 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Los abogados de Portugal agotaron todas las instancias judiciales en su defensa desde que llegó el caso a los tribunales, tras la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre peculado agravado en perjuicio de la Defensoría del Pueblo, hecho que data del año 2012.

En septiembre de 2022 la Corte Suprema de Justicia, como última instancia, confirmó la condena de ocho años de prisión. Pero no se había ordenado la ejecución, por eso fue que la fiscalía al percatarse del retraso solicitó una audiencia de control para hacer efectiva la pena.

Portugal acudió a la audiencia que se celebró ayer, 20 de junio, y al culminar la sesión el juez ordenó su detención en un centro penitenciario.

En la pesquisa, la fiscalía demostró que mientras Portugal estuvo en el cargo emitió directrices tendientes a darle prioridad a un contrato de consultoría con la empresa Imaginarium Studio, S.A., por la suma de $249.845 sin causa justificada. El contrato se había calificado como una “urgencia evidente” lo que propició que se malversaran fondos de la entidad pública.

La Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal Johaira González, determinó que el convenio de Portugal permitió que una empresa sin experiencia comprobada fuera contratada por el Estado para el rediseño del portal digital de la institución, a pesar de contar con personal idóneo con experiencia que podía realizar esta tarea, según diversas entrevistas realizadas a funcionarios que se encargaban de diseñar logo y la página.

Por la defensa técnica particular participó la abogada Dixiana Lorena Acosta, quien anunció la apelación a la decisión del juez de cumplimiento. Esta audiencia fue fijada para el 26 de junio.

El presente es un escenario muy distinto al que vivió Portugal hace 15 años.

En ese momento había acudido al Ministerio de Gobierno y Justicia para escuchar una palabra: perdón.

Lo anterior porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al Estado panameño pedir perdón a Portugal por la desaparición forzosa de su padre, el dirigente comunitario Heliodoro Portugal, quien fue torturado y ejecutado extrajudicialmente el 14 de mayo de 1970 durante la dictadura militar en Panamá.

Heliodoro Portugal, promotor del “Movimiento de Unidad Revolucionaria” de 36 años de edad, se encontraba en un café ubicado en la ciudad de Panamá. Dos personas vestidas de civil se bajaron de una camioneta y obligaron al señor Portugal a subir al vehículo, el cual partió con rumbo desconocido. De él no se supo más a pesar de que la familia lo buscó incansablemente.

Fue en 1999 cuando se identificó el cadáver del señor Portugal, el cual se encontraba en un cuartel en Tocumen.

A raíz del asesinato de su padre, Patria presentó una petición ante la CIDH en junio de 2001. Siete años después el Tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de la Convención Americana en perjuicio de su padre y solicitó al gobierno de turno pedir perdón a los familiares, además de una indemnización por daño material e inmaterial. Pero esa palabra, perdón, nunca se pronunció durante el acto protocolar que lideró el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Dilio Arcia.