San Miguelito dobla la cantidad de homicidios en comparación con 2022

El número de homicidios en el distrito de San Miguelito se ha duplicado en comparación con el año pasado (2022). Las estadísticas del Ministerio Público registran que hasta mediados de mayo del corriente se contaron 51 asesinatos (47 hombres y 3 mujeres), mientras que del 1 de enero al 31 de mayo de 2022 hubo 22.

Este fenómeno responde principalmente a que en los nueve corregimientos que conforman el territorio hay más de 50 grupos irregulares, criminales aún no judicializados y 35 pandillas identificadas y procesadas penalmente por las autoridades. Pero además, resalta un factor aún más complejo que un conteo, y es que a raíz de la pandemia la incidencia delincuencial se acentuó porque se dejó de ver la educación como una alternativa de vida digna formal. En vez, se ha visto disminuida y restringida, según la fiscal superior de San Miguelito, Maruquel Castroverde.

La funcionaria lo describe muy claro, el fenómeno es prácticamente un “laboratorio efervescente en el día a día, que se traduce en estatus, pero a su vez se extiende en diferentes áreas porque no hay una apuesta por la educación como el ideal a través del cual se puede acceder a actividades productivas dignas en sociedad”.

Castroverde tiene tres meses de haber sido nombrada en el despacho, pero aun con sus casi 30 años de carrera como investigadora y especialista en delitos de violencia contra las mujeres, se enfrenta a un gran desafío a la hora de encontrar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

San Miguelito es uno de los territorios más poblados de la provincia de Panamá donde habitan aproximadamente 370 mil personas. En esa zona, así como en la provincia de Panamá y Colón, (66 y 28 homicidios, respectivamente, hasta abril de 2023) los grupos irregulares hacen del crimen un modo de vida a costa de la violencia, lo que se traduce en una constante exposición a violencia para los vecinos que a diario son testigos directa o indirectamente de actos violentos.

Quienes empuñan las armas, con las que se comete casi la totalidad de los asesinatos, son mayormente jóvenes entre 18 y 35 años, lo que no excluye que haya personas más adultas, como de 50 años, que ejercen control de estos grupos. “Pero sí responde a que estos jóvenes encuentran un sentido de identidad y pertenencia, de estatus dentro de las veredas en conflicto, porque son aliados o bien vistos por los grupos irregulares presentes en el día a día”, explica Castroverde.

Entre las actividades criminales que caracterizan a estas organizaciones está mover droga, guardar armas o droga, pero también el sicariato. “Le pones precio a una persona y cualquiera le paga la cifra que se le pone a la cabeza y se comete el delito”, detalla Castroverde.

El gran desafío de la fiscalía es cómo investigar crímenes en los que prima la ley del silencio. O en los que las personas que pueden colaborar con información veraz, lo deben hacer bajo reserva de su identidad porque si no los matan. Peor aún, la información que requiere la fiscalía para lograr una condena debe buscarla en los barrios donde dominan las pandillas.

Otro gran reto es determinar si la víctima murió por rencillas entre pandillas o porque su cabeza tenía un precio, hecho que ejecutó un tercero probablemente al mejor postor, subraya la fiscal.

Además de las fuentes mencionadas, la fiscalía también busca a las víctimas que sobreviven a la violencia para lograr condenas. Muchas veces estas personas cooperan por el deseo de que se haga justicia y que el medio en el que viven, o sobreviven, sea uno en el que puedan criar a sus hijos pensando en un mañana. Para la fiscal, esto último es como la apuesta por la vida digna, por un sustento lícito, pues las víctimas muchas veces no tienen dinero para mudarse a otra parte y escapar de la violencia.

En la mayor parte de los casos que investiga la fiscal hay uno o dos testigos protegidos. “En este momento podemos tener alrededor de 267 causas en investigación, que van de los últimos cuatro años”, señala. Una investigación, no obstante, puede tardar entre un año y 18 meses antes de llegar a juicio.

A lo anterior se suma que los casos de homicidio van a un jurado de conciencia formado por gente muy diversa. Un escollo para presentar las causas, según la fiscal, puesto que a veces es difícil que los jurados puedan comprender la situación de la que están hablando, y determinar, después de realizado el trabajo, un veredicto de culpabilidad.

Primero pensemos en un juez lego (que sin tener conocimientos técnicos en derecho participa de la administración de justicia) –ilustra Castroverde–, una persona que según la disposición legal debe tener al menos 25 años, educación básica, es decir hasta sexto grado. Esto implica que el más grave de los delitos queda a criterio de una persona sin conocimiento de derecho. Además, este jurado lo integran personas que viven o trabajan en la zona.

Si la fiscal lidia con amenazas a quienes prestan colaboración en las investigaciones, durante el juicio se enfrenta a una barrera más grande, personas que no les gusta decidir lo que se les está pidiendo, aunque sea un deber cívico que hacen a cambio del pago de días de trabajo y uno de compensación.

Sería interesante, dice, que en una audiencia se pueda mirar a un jurado de conciencia. “Se visten con un buzo negro, con gorra que les proporciona el tribunal, mascarilla”, y dejan al descubierto solamente los ojos. “Estas personas hablan a través de su lenguaje gestual y corporal: no quiero estar aquí”, explica Castroverde.

Tienen miedo de tomar esa decisión porque viven o trabajan ahí. Han sido escogidos al azar, del sector público y privado, de una lista de 150 candidatos que se arma a principios de año y ninguno puede ser descartable. Por lo general, quienes colaboran superan la educación secundaria.

La complejidad de las pesquisas de nuestros días dista mucho de aquellas que derivan de una riña. “Aquí es distinto, matan porque alguien se movió por donde no debía, o porque es amigo de alguien. Desgraciadamente allí es: te encuentro, te busco y te mato”, exclama Castroverde.

Para recolectar evidencias y presentarlas ante el juez, la fiscalía recurre a intervenciones telefónicas para descubrir datos que no están a la luz pública, así como a peritos forenses que cotejan rastros de sangre, tejidos y objetos hallados en la escena del crimen.