Juzgado se acoge a término de ley para dictar sentencia en caso ‘Piso y Techo’

Actualizado
  • 19/04/2023 19:05
Creado
  • 19/04/2023 19:05
Los fiscales solicitaron una sentencia condenatoria para la exministra de Vivienda, Yasmina Pimentel y para el excoordinador de este programa, por el supuesto delito de peculado doloso agravado

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá concluyó la audiencia ordinaria del caso del programa “Piso y Techo”, en la que hay 13 personas acusadas por supuestos delitos contra la administración pública en la modalidad de distintas formas de peculado.

Tras la conclusión de la audiencia que inició el pasado 10 de abril, el juzgado se acogió al plazo de ley que corresponda para dictar la sentencia.

Durante la audiencia se evacuaron las pruebas admitidas; luego de concluida la presentación, se inició la fase de alegatos por parte del Ministerio Público (MP), representado por los fiscales Anticorrupción de Descarga María Araúz y Edwin Juárez Guardia, quienes solicitaron una sentencia condenatoria para la exministra de Vivienda, Yasmina Pimentel y para el excoordinador del programa “Piso y Techo”, por el supuesto delito de peculado doloso agravado.

Igual petición fue hecha para otro exfuncionario y para tres representantes legales de las empresas contratistas, con base en el artículo 338 del Código Penal.

Para el resto de los procesados, la fiscalía solicitó una sentencia condenatoria por el delito de peculado culposo, con base en el artículo 340 del Código Penal.

Finalizada la intervención del MP, correspondió el turno de los abogados defensores, seis particulares y cuatro de la Defensa Pública, quienes peticionaron al tribunal una sentencia absolutoria para sus representados.

En el desarrollo de la audiencia se presentó un incidente de nulidad constitucional de la acción penal y solicitudes de levantamiento de medidas. El tribunal comunicó que la decisión se conocerá al momento de dictar el fallo correspondiente.

Esta causa tuvo su origen en el año 2014, cuando una auditoría de la Contraloría General de la República estableció una posible lesión patrimonial a través del programa de asistencia habitacional “Piso y Techo” desarrollado por el Ministerio de Vivienda mediante un convenio de cooperación con el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

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