El entramado de un fraude

Una red de personas creó una compleja estructura con apariencia legal para despojar de $12 millones a un ciudadano estadounidense.

La mujer que impulsó la supuesta estafa, a través de escrituras públicas manipuladas, oficios judiciales y un manejo bancario poco exigente, es otra estadounidense. La poca celeridad de las autoridades para investigar los hechos ponen en riesgo la recuperación del dinero y el castigo a los responsables. Así lo denunció el estadounidense George Robert Jenkins.

Esto es a lo que Jenkins ha denominado una “estafa”. “Me han quitado mi dinero, el trabajo de 40 años”, comentó. Él anhelaba pasar los últimos años de su vida tranquilo, disfrutando de los intereses de los ahorros de cuatro décadas de trabajo, en un paraíso tropical, con “lindas latinas”: Panamá. No imaginó que en un exceso de confianza, una “amiga” de poco más de siete décadas se adueñaría de su fortuna y terminaría dejándolo prácticamente arruinado, rematando lo que le queda para comprar medicamentos y comida, dijo.

Evelin Reed era la persona de confianza de Jenkins. Durante cinco años, el estadounidense le encargó el pago de los impuestos de los bienes que poseía, entre ellos, dos fincas de 18 hectáreas, en El Valle de Antón, que estaban valoradas en $5,2 millones.

Ella conocía de primera mano el monto de las cuentas bancarias que el estadounidense mantenía en los bancos panameños, que estaban amparadas en la figura de la fundación de interés privado Panamá Freedom Foundation.

La fundación era una organización de interés privado donde el estadounidense era el protector, quien aportó todo el patrimonio de los bienes que poseía la fundación y el único firmante en todas las cuentas bancarias. Pero él necesitaba a una persona que le hiciera el pago de los impuestos de los bienes y que lo asistiera en sus diligencias personales porque no dominaba las regulaciones panameñas ni el idioma español.

Jenkins le confirió un poder a su coterránea para que, en caso de pérdida de sus facultades físicas o mentales, administrara sus bienes, sus negocios y sus cuentas bancarias. Lo hizo como persona natural. Inesperadamente, el 27 de mayo de 2021, Jenkins fue recluido en un hospital de la localidad, con un diagnóstico de tumor canceroso en la cabeza y el cuello. Salió del hospital el 5 de junio. Pero tuvo una recaída que lo obligó a internarse nuevamente el 7 de junio. No salió sino hasta el 11 de junio de 2021.

En medio de la convalecencia, la mujer decidió mudarse al penthouse del estadounidense y, en varias ocasiones, hasta lograrlo, intentó extraer el dinero que él mantenía en los bancos. Lo primero que intentó fue transferir $954 mil de la cuenta de la fundación Panamá Freedom Foundation a la suya personal. Pero el sistema rechazó la transacción.

Y luego, valiéndose del poder otorgado por el estadounidense, acudió a los bancos, acompañada de dos supuestos abogados, a retirar el dinero de la fundación el 15 de junio de 2021. En esta ocasión tampoco logró el objetivo. Todo esto es lo que ha denunciado el estadounidense.

Los bancos exigieron un acta de la junta directiva de la fundación para retirar los fondos, aún sin conocer que ya se le había revocado el poder que la acreditaba como apoderada de Jenkins, quien sospechaba una “mala jugada”. Ese mismo día, Jenkins también resolvió reemplazar a la directiva de la fundación.

Antes, el 8 de junio de 2021, la mujer había impulsado otra acción, un poco más riesgosa, pero que resultó decisiva. Haciendo uso del poder que se le había concedido, con el apoyo de dos abogados acudió a un notario de la localidad, actuando en nombre y representación de Panamá Freedom Foundation y de Jenkins, y creó un supuesto pagaré que generó un compromiso de pago. Esto, de acuerdo con documentos a los que ha tenido acceso La Estrella de Panamá.

Ese documento establece que la fundación adeuda a Jenkins $12 millones. Esa estructura obligaba a cancelar la deuda en un término de 12 días (20 de junio de 2021), sin un acta de los miembros de la junta directiva de la fundación que autorizara la decisión.

En el mismo acto se celebró un contrato de cesión de crédito, que le permitió transferir los fondos de las cuentas de Panamá Freedom Foundation a otra fundación, que era presidida por ella. En este acto, una misma persona (la estadounidense) representó a dos dignatarios.

El documento fue elaborado en una notaría de la localidad, sin una certificación que acredite la capacidad mental de la estadounidense que es una adulta mayor de 78 años. Un documento en donde no aparecen domicilios de ninguna de las partes.

En pocos días se inscribió una nueva sociedad (con tres dignatarios distintos) y en la que no se establecen domicilios de ninguna de las partes.

Ocho días después de la inscripción de la nueva sociedad, en una reunión de la junta directiva se aprobó un contrato de cesión de crédito, en el que se establecía que la fundación de la estadounidense traspasaría a la nueva sociedad la totalidad del pagaré de $12 millones a cambio del pago de $1, con el compromiso de cubrir los gastos de alimentación, médicos y vivienda, hasta la muerte de Jenkins.

El mismo día de la reunión de junta directiva, una hora más tarde, en la misma notaría, se inscribió la escritura que valida el contrato de cesión de crédito. Al día siguiente, la fundación de la estadounidense traspasó la totalidad del crédito a la nueva sociedad.

Con esta escritura, la nueva sociedad instauró un proceso ejecutivo de mayor cuantía contra la fundación Panamá Freedom Foundation para hacer efectivo el cobro del pagaré de $12 millones. Un juzgado reconoció el derecho a asistir a la nueva sociedad. En este escenario, con un oficio judicial, uno de los bancos accedió a traspasar los fondos de la fundación. Giró tres cheques de $17 mil, $8 millones y $5 mil.

Alexander Valencia Moreno, abogado, académico y notario público undécimo del Circuito de Panamá, explicó que las declaraciones de las personas no son su responsabilidad. “Nosotros cumplimos con una función pública, que es la de revisar y protocolizar documentos”, agregó.

La persona que acude a una notaría y ofrece declaraciones y hace uso indebido de escritos protocolizados incurre en delitos de falsedad de documentos, continuó el notario. “El contenido del documento es responsabilidad de los... (clientes)”, agregó el notario.

Asimismo, explicó que el Código Civil tampoco establece edades para protocolizar documentos. Las únicas personas inhabilitadas serían menores de edad, discapacitados, enfermos mentales y analfabetos.

Y los documentos necesariamente no tienen porqué llevar las direcciones de las partes. Para este notario es suficiente con establecer “vecinos de esta ciudad”. Y en caso de que el documento no lo establezca, esto no invalida el acto, aseguró.

En esta notaría se protocolizaron algunos de los documentos a los que hace referencia la denuncia del estadounidense.

Jenkins recurrió a autoridades por la comisión de delitos contra el patrimonio y la fe pública. Pero se queja de la lentitud en el manejo de los expedientes. Además, acudió a la Embajada de Estados Unidos en Panamá para poner en conocimiento de la estafa de la que se siente víctima.

Jenkins no es el único extranjero que se ha sentido estafado. También denunció otros casos de extranjeros que a través de cambios en el consejo fundacional han sido víctimas de estafas.

Antonio Sauri es el abogado defensor de Evelyn Reed. Y aseguró que su cliente es inocente de los delitos de falsedad de documentos de los que se le acusa. Por el contrario, es una “víctima” de una persecución de una exempleada de Jenkins, dijo.

“Reed actuó de forma legítima y con base en sus capacidades legales en procura de proteger el patrimonio de ambos”, añadió. Esto último argumentando que ambos –Reed y Jenkins– en algún momento mantuvieron una relación íntima. Es –en el criterio del jurista– esta condición la que le permite compartir el patrimonio por medio de una fundación, donde era parte de la junta fundacional. “Nadie coloca a un desconocido al frente de su patrimonio; es más que evidente la consensuada relación y confianza que mantenían”, agregó el abogado.

El abogado insiste en que su cliente siempre ha actuado de forma legítima. Y ella asumió la administración de los gastos periódicos.

La defensa niega transferencias de fondos de forma deliberada. Y recordó que hubo un proceso que finalizó con una orden de embargo a favor de una sociedad que –según el abogado– buscaba “proteger el patrimonio de ambos”.

“Se intenta perseguir un patrimonio donde Reed tiene titularidad, donde actuó de forma legal, y que se pretende arrebatar como se realizó con otras propiedades donde se surtieron cambios y compromisos hipotecarios a beneficio de la exempleada, hoy representante legal de la fundación y terceros, justo para las fechas en que Jenkins se mantenía en el hospital”, concluyó el abogado.