Rechazan proyecto que regula profesión de politólogo

Si usted no cuenta con un diploma universitario e idoneidad como politólogo, no podrá analizar o asesorar a empresas o instituciones en esta materia. Esto será así de convertirse en ley de la República el proyecto que pretende reglamentar la profesión de politólogo, documento presentado por el estudiante Ronaldo Buchanan, también delegado primer suplente del Partido Revolucionario Democrático.

El mencionado, junto con un puñado de compañeros acudieron a la Asamblea Nacional con los papeles “producto de la desesperación”, manifestó el politólogo Harry Brown, consultado al respecto. “Piensan que no están recibiendo una buena formación y están tratando de resolver un mercado de trabajo”, explicó Brown.

A pesar de que el documento se presentó en septiembre de 2022, fue prohijado recientemente por la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social a cargo del diputado Daniel Ramos.

La discusión del anteproyecto se ha asociado a una especie de 'censura' por la coyuntura, justo cuando empiezan a calentarse los motores políticos rumbo a las elecciones generales del próximo mayo de 2024, lo que ha ocasionado un rechazo del escrito tanto de colegas, asesores en la materia y en las redes sociales.

Es una “censura disfrazada”, calificó el asesor político Jaime Porcell, mientras que Antonio San Martín, politólogo, consideró que se trata de una medida para cercenar el derecho de toda persona a expresarse. “Parece una limitación al derecho de las personas a emitir su opinión aunque estén equivocadas”, señaló San Martín.

“El proyecto debe ser desestimado; en varias ocasiones se les dijo a los proponentes que no lo hicieran, pero insistieron aun bajo la advertencia de politólogos y compañeros”, explicó Brown. Aunque para Brown lo importante es “no desenfocarse del problema de fondo, la desenseñanza de la profesión”.

“Es un tema muy sensible, no se le puede decir a una persona que no hable de política cuando la idea es que participen de la cosa pública”, exclamó San Martín.

Los entrevistados calificaron el proyecto como un contrasentido, pues lo que se busca es la participación democrática, y prohibir que hablen de eso pareciera ridículo.

Quien infrinja la ley podría ser inhabilitado por un periodo de tres meses y en caso de reincidencia hasta un año o la cancelación de la idoneidad. Además, podría enfrentar una multa de $5 mil, según la gravedad de la falta cometida a las instituciones públicas y empresas privadas o mixtas que infrinjan la ley, sin perjuicio de lo que establece el Código Penal.

Deja a criterio de una junta técnica de politología, integrada por un ministro de Estado y dos profesionales, este tipo de decisiones.

El proyecto pretende “desterrar la errada concepción que facultó a los abogados a profesar en la disciplina politológica”, por eso los insta “urgentemente” a obtener su especialización en la disciplina.

La pregunta que muchos se hacen es cómo se prohíja un proyecto de esta naturaleza. “En lugar de aprovechar y facilitar que los politólogos mejor formados aporten, lo que hace es que excluye a los extranjeros al limitar la profesión solo para los nacionales, mientras que los panameños formados en el extranjero requieren de una serie de requisitos para ejercer la profesión en su país”, agregó Brown.

El proyecto no solo define las tareas que pueden o no ejercer los politólogos, sino que además especifica sus honorarios de acuerdo con el nivel de estudios. Así, por ejemplo, el proponente considera que un licenciado debe ganar $2 mil, un magíster en la materia, $3 mil, y una persona con un doctorado en el tema tendría honorarios de $4.500.

De esta forma enlista las actividades inherentes al ejercicio. Por ejemplo: asesoría en materia de ideas y teoría política de gobiernos e instituciones nacionales e internacionales o las que intervienen con el acontecer político. Otra labor consiste en coordinar investigaciones en temas referidos al gobierno e instituciones políticas nacionales e internacionales. Capacitar y enseñar en centros de educación; participar en programas y proyectos que involucran las organizaciones de las instituciones políticas; realizar diagnósticos y pronósticos sobre tendencias electorales y de opinión; interpretar y analizar resultados censales; desempeñar funciones o cargos en el gobierno municipal, provincial o nacional, así como en órganos de decisión a nivel privado. Otra de las actividades es dirigir equipos interdisciplinarios para la elaboración y ejecución de proyectos, y la última, analizar e interpretar la evaluación de indicadores sociopolíticas.

La consultoría podrá ser a empresas privadas y mixtas e instituciones públicas, lo que deja por fuera cualquier consultoría solicitada por una persona natural.

Limita el ejercicio a los nacionales, como actividad liberal o asalariada en instituciones públicas o empresas privadas, y además especifica los honorarios.