América Latina, derechos humanos en mora

Trescientas noventa y nueve lenguas de hombres que suplicaban ser sacados de la celda ante el calor de la noche aguardaban a Felipe y a la policía. Los oficiales ignoraron el llamado. Cuatro paredes, una puerta, y cuatrocientos reos respiraban a través de cuatro únicos orificios. Uno de los detenidos murió por asfixia.

Felipe (nombre ficticio para proteger la identidad) ingresó al Centro Penal La Ceiba, Honduras, tras cargar como una mula la droga de una mara del país centroamericano.

Se dedicó por mucho tiempo a proteger, vender y consumir la droga hasta que la policía lo capturó; catorce años de prisión fue su condena, pagó 7 años por buena conducta, salió de la cárcel en la década de 1990. “Estuve ligado a ellos (mara), pero no me plaquié (tatué) con la insignia de cualquier mara”, aclaró Felipe durante una conversación con La Estrella de Panamá.

La realidad de Felipe es una muestra de lo que viven los reos en América Latina y el Caribe. De acuerdo con World Prison Brief (WPB), la principal base de datos mundial sobre asuntos penitenciarios, en 2021, el promedio regional de ocupación de las cárceles es de 160%. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó una encuesta (2021) que evidenció que en la región el 58% de los presos no duerme sobre una cama.

Entre 2018 y 2022 la población penitenciaria panameña creció un 23%. La sobrepoblación alcanza el 148% hasta octubre de 2022, según la dirección del Sistema Penitenciario del país, mientras que en Granada (233,8%), Perú (223,6%) y Honduras (204,5%) sus poblaciones carcelarias duplican el espacio disponible.

El BID estima que América Latina y el Caribe (ALC) tiene un millón y medio de reclusos. La tasa de encarcelamiento se ha duplicado desde el año 2000: aumentó un 120% frente a un 24% en el resto del mundo.

La región casi duplica la tasa de encarcelamiento de la media mundial de presos. En ALC se registran 262 reclusos por cada 100.000 habitantes, mientras que en África y Asia esta misma data es de 97; en Europa, de 187; en Oceanía, de 157 y la media mundial es de 145.

ALC gastó el 0,20% del PIB en gastos de administración de cárceles, equivalente a $6.504,8 millones en el mantenimiento y construcción de nuevos centros penitenciarios. Las pérdidas de fuerza laboral debido a los encarcelamientos representaron un 0,19% del PIB, es decir $7.336,6 millones; haciendo un total de $13.841,4 millones solo durante el periodo 2010-2014.

“Ambas cifras suman 0,39% del PIB, superando la suma que los gobiernos transfieren a los hogares más pobres mediante las transferencias condicionadas de dinero”, detalla el informe.

La cifra que se desprende del estudio 'Los costos del crimen y de la violencia, nueva evidencia y constitución en América Latina y el Caribe' del BID, también desglosa otras pérdidas monetarias por la delincuencia:

El PIB de América Latina y el Caribe, debido al costo social por los homicidios pierde el 0,36%, equivalente a $10.545,8 millones anuales (2014-2015). Honduras, (6,51%); El Salvador, (6,16%) y Bahamas, (4,79%) lideran los países con mayores costos de crimen en ALC.

La primera noche que pernoctó en la “bartolina” (cárcel) fue horrible para Felipe. No tenía cama, dormir boca abajo no era una opción, acostarse de espalda al suelo era una utopía. Descansar junto a los reos como lomos cortados en rebanadas y cubierto de sudor fue la única opción.

“Que cosa tan horrible, usted sabe, 400 personas, no hay nada, una misma entrada. El calor. Horrible”, dijo. Sin embargo, unas 100 personas tenían acceso a “tarimas” (camarotes), los otros 300 reos tenían su espacio asegurado en el piso.

En Honduras el 7% de la población carcelaria está condenada por asociación ilícita, es decir que tiene vínculos con las maras. “La mayoría es por tráfico de droga, homicidio, el porcentaje de robo es más grande que el de asociación ilícita”, detalló a este medio la jurista Glenda Ayala, presidenta del Comité nacional de prevención contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes de Honduras.

Para Ayala, se deben incrementar las políticas de prevención y protección para evitar que los jóvenes sean vinculados a las maras y pandillas. “Sabemos cuál es el fenómeno que causa el problema, pero si no atacamos la causa, pues, tampoco estamos haciendo nada”.

Ayala explicó que dentro del sistema carcelario de Honduras el rango de edad de los detenidos oscila entre los 20 y 30 años. El nivel de escolaridad de los reclusos es muy bajo, añadió. “Son personas que pertenecen a los estratos económicos y sociales más bajos. Siempre estamos haciendo hincapié en la criminalización de la pobreza, porque Honduras tiene cara [de pobre]”. El fenómeno se extiende por los demás países de la región.

Durante los últimos años, agregó la experta, la policía militar realizó allanamientos en las colonias donde detuvieron a núcleos familiares completos dedicados al tráfico de droga. “No hay condiciones, de repente, tienen a sus maridos presos, tienen 6 hijos y hay que darles de comer, es un círculo vicioso: Esta mujer sale con una medida de trabajo comunitario y comete nuevamente el delito porque dice: 'tengo que mantener a mi familia y no tengo cómo”.

De acuerdo con el BID, la educación abre un futuro de oportunidades para los jóvenes por medio de iniciativas apropiadas. Las escuelas proveen seguridad, protección y oportunidad. “Una escuela que se encuentra inmersa en un lugar donde hay pobreza urbana y violencia, a menudo se convierte en más que un espacio para el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas. Se convierte en un espacio seguro, donde los estudiantes pueden actuar como niños y los jóvenes como jóvenes”, señala el organismo internacional en su portal digital.

El gasto público social en educación a nivel del gobierno central en la región ha sido entre al 4% y el 4,5% del PIB en la última década, expone el informe 'Panorama social de América Latina y el Caribe La transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible' de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En 2021, el volumen de recursos públicos destinados a financiar la educación alcanza un promedio de $318 por persona en los países latinoamericanos. Unos $353 en los de América del Sur y $277 entre Centroamérica, México y la República Dominicana. Sube a $606 en los cinco países del Caribe considerados, especifica el informe.

“El país que en 2021 destinó más recursos del gobierno central a la educación, en relación con el PIB, fue Costa Rica (6,3%), seguido de Barbados (5,9%). Un segundo grupo lo conforman Jamaica, Honduras y Chile, con montos de entre el 4,8% y el 5,3% del PIB, y a ellos les siguen El Salvador, el Uruguay y Nicaragua, que asignan a este renglón entre el 4,1% y el 4,5% del PIB”, desglosa la Cepal.

Desde 2015 se ha registrado una tendencia decreciente hacia la inversión en educación en la región, de acuerdo con el especialista de la Oficina Regional de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para América Latina y el Caribe, Alejandro Vera.

Los indicadores, que se miden en proporción al gasto público en relación al PIB, “hoy es difícil de mirar en este periodo de pandemia porque la crisis económica altera todos estos valores. Los países han perdido crecimiento, los productos internos brutos han caído”.

Vera remarcó una realidad: el mayor gasto que puede llegar a tener un país no es sinónimo de calidad educativa. “El financiamiento es una condición necesaria para llevar las políticas públicas educativas, pero no asegura absolutamente nada. Eso está claro, sin recurso no se hace nada. Ahora con recurso, hay que invertirlo bien, asignarlo por nivel educativo de una manera apropiada, sobre todo en los países con nivel de descentralización importante”.

“Hay muchas aristas que mirar y mucho análisis que hacer, pero sí. Yo diría que es una condición suficiente para llegar a una política educativa, pero no suficiente”.

La Cepal estimó que 10,4 millones de niños y jóvenes se encontraban excluidos del acceso a la educación primaria y secundaria en América Latina y el Caribe en el año 2019. Tras la pandemia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que en América Latina y el Caribe se registran aproximadamente 117 millones de niños y adolescentes en edad de asistir a la educación inicial, primaria y secundaria básica. Sin embargo, solo 6,5 millones de ellos no asisten a la escuela y 15,6 millones concurren a las aulas arrastrando fracasos y señales de desigualdad expresadas en dos o más años por rezago escolar.

“La desigualdad social es la nueva peste del siglo XXI. Eso se evidenció en la crisis de la covid-19”, expresó la presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, Briseida Barrantes.

“Con pandemia y sin pandemia. Estamos en un sistema bien fracturado en donde los sectores populares viven con carencias, los servicios públicos no son accesibles para todos (...) la gente sobrevive; limpia vidrios, vende cosas, son paliativos. Los Estados tienen una responsabilidad” con sus ciudadanos, agregó la socióloga a este medio.

El abogado internacionalista Jorge Florez recomendó fortalecer los sistemas educativos para erradicar el fenómeno carcelario. “Los latinoamericanos estamos muy dados a soluciones inmediatistas, esto es a mediano plazo, puede ser una transición a 30 años”.

“El sistema penitenciario está absolutamente cuestionado como tal, [generar cambios] se logra a través de una buena educación, desde el niño pequeño hasta que llega a su forma adulta”, concluyó el especialista en temas penitenciarios

Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos establece que todas las personas presas “tienen derecho a ser tratadas con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano”.

La educación es uno de 10 derechos fundamentales de los niños, redactados en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. América Latina invierte en los sistemas carcelarios y educativos por décadas sin resultados efectivos, las cifras lo comprueban.