Cruceros protestan ante imposiciones y aumentos

Al mismo tiempo que el Ministerio de Turismo realiza ingentes esfuerzos por convertir a Panamá en un Home Port de cruceros y elevar la categoría del país en este tipo de actividades turísticas, desde otras instituciones se toman decisiones que podrían resultar en un sabotaje , para los propios esfuerzos del gobierno, según se desprende de los últimos acontecimientos en el sector.

Tanto la Autoridad Marítima de Panamá como el Servicio Nacional de Migración han avalado y tomado decisiones que afectan seriamente a las empresas operadoras de cruceros que desembarcan en Panamá, permitiendo la imposición de una exclusividad en el suministro de combustible para los cruceros en ambos puertos, administrados por la empresa Colón 2000. Igualmente se han impuesto un cargo por tripulante que no se aplica en ningún puerto similar a nivel mundial, por lo cual 22 operadoras de crucero han puesto voz de alerta.

La primera en mostrar su preocupación fue la empresa de cruceros internacional Carnival, que recibió sorpresivamente una comunicación de Colón 2000, informando que desde el 1 de octubre de este año la empresa Monjasa tiene la exclusividad en el despacho de combustible, para todas las naves que entren a la Terminal de Cruceros de Amador y Colón, poniendo en peligro los costos operativos de la ruta panameña.

La empresa Colón 2000 otorga, sin previo análisis de impacto, una exclusividad de suministro de combustible a la empresa Monjasa, para ambos puertos en Colón y Amador efectivo a octubre de 2022, provocando alarma en las líneas de crucero ya comprometidas en la ruta de Panamá.

Ante la imposición Michael T. MacNamara, vicepresidente de abastecimiento de combustible de Carnival, envió un correo al administrador, Noriel Araúz, solicitándole apertura en el suministro de combustible. Fuentes de la industria petrolera a nivel nacional, explicaron a La Estrella de Panamá, que las navieras negocian y contratan a proveedores de confianza con mucha anticipación a fin de controlar su calidad, cumplimiento y costos.

Restricciones de esta naturaleza no ayudan en nada a reconstruir el negocio de búnker en la región y añaden complejidad y sobrecostos a sus operaciones en la región, afirmó en la nota el ejecutivo de una de las empresas más grandes del sector.

La nota solicita a Noriel Araúz "alentar el acceso abierto a todos los proveedores de búnker debidamente autorizados en Panamá, para que se les permita entregar búnkeres a los cruceros tanto en Amador Terminal y Colón 2000".

La noticia fue titular de prensa en diversos medios de la Ciudad de Miami, ciudad con la que Panamá intenta competir en turismo de cruceros, permitiendo la entrada de pasajeros que no tienen visa de Estados Unidos.

En septiembre pasado, se publicó en la gaceta oficial la Resolución 18765, que establece una tarifa de $5 (más un cargo “administrativo”) como shore pass o pase a tierra, para cada tripulante de cruceros, esta medida no fue consultada con las operadoras aparentemente y los tripulantes han amenazado con no bajarse en suelo panameño, poniendo en peligro millones de dólares.

Los efectos de esta nueva disposición llegaron el 7 de noviembre, cuando la Florida-Caribbean Cruise Association, gremio integrado por 23 líneas de crucero con sede en Florida, envió una nota al ministro de Turismo, Ivan Eskidelsen, protestando por el cobro a los tripulantes, y advirtiendo que esta medida “es una amenaza para todo lo que se ha logrado hasta ahora, para colocar al país como un destino para cruceristas”.

La presidenta de la asociación, Michelle Paige, indicó que “esta medida convierte a Panamá en el único país del mundo que impone una tarifa de pase en tierra para miembros de la tripulación”, y solicita una reunión con las autoridades panameñas, a fin de encontrar una solución adecuada, para todas las partes que no comprometa el futuro del sector en Panamá.

Lo que está en juego está en las cifras de la temporada 2017-2018, Panamá recibió el desembarco de 57 mil tripulantes; cada uno gastó un promedio de $66, lo que representa una inyección económica al país de $3.7 millones. Sin contar con los empleos directos que genera la temporada en nuestro país.

Se intentó conocer la opinión tanto del ministro de Turismo como del Administrador y subadministradora de la AMP, pero ninguno respondió las llamadas de este medio.

La empresa Monjasa, cuenta con el empresario Pablo Torres Chong, familia del diputado oficialista Ricardo Torres, como dignatario de Monjasa Chartering, S.A., aparentemente desde el 22 de noviembre de 2022 según documentos del registro público. Además, el buque MONJASA STRIKER es integrante de la flota de STWARD OIL, S.A., un proveedor local de bunker, según la AMP.

Torres y su empresa Stward han mantenido varios contratos con la AMP y ha sido objeto de todo tipo de denuncias y demandas en medios y tribunales.