Jueza se acoge a los 30 días para decidir juicio en caso Odebrecht

La jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, se acogió al término de la ley para calificar lo presentado en la audiencia preliminar del caso Odebrecht y tomar una decisión si llama a juicio a 48 personas y una empresa, entre ellos dos expresidentes de la República, por su presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.

La jornada de este miércoles estuvo conformada por los dos últimos alegatos de la defensa del exministro de Economía Frank De Lima y el exdiputado Jorge Alberto Rosas.

La abogada Dinoska Montalvo y Juan Carlos Rodríguez coincidieron en que el Ministerio Público, a través de la vista fiscal, no ha acreditado la comisión de conductas delictivas algunas ni mucho menos algún tipo de vinculación con relación al delito de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos, por lo tanto solicitaron a la jueza un sobreseimiento definitivo y levantamiento de los cargos.

Frank De Lima está imputado por el delito de blanqueo de capitales y de corrupción de servidores públicos. Mientras que Jorge Alberto Rosas es investigado por su vinculación al pago de sobornos a funcionarios para hacerse de proyectos de infraestructuras en el país.

Montalvo, representante legal del exministro de Economía, explicó que su cliente ejerció el cargo de 2011 a 2014, pero durante ese periodo hubo otro ministro. Y que Frank De Lima le comunicó al MP, en el proceso de indagatoria, que la mayoría de los contratos que fueron asignados a Odebrecht fueron adjudicados en una gestión donde ya no era ministro de Economía y Finanzas (MEF).

“Si la teoría del MP es cierta y Frank De Lima tiene alguna vinculación para hablar de un posible delito de corrupción de servidores públicos, no se tendría que tener a un solo ministro de Estado, sino a dos, porque no se puede partir el tiempo, no se puede sacar con pinza a quién si a quién no y someter todo a un proceso penal”, aclaró.

Montalvo criticó que si se habla de delitos de blanqueo de capitales por qué es que no están los bancos, tomando en cuenta que se habla de cifras multimillonarias y de sobornos que se dieron desde Brasil, así como de diferentes países, incluyendo Panamá.

“Aquí en Panamá se ha querido decir que fueron funcionarios, empresas y panameños los que estaban dentro de una estructura criminal de blanqueo de capitales. Todo esto se dio así porque era el sistema financiero y no podían recibir el daño colateral, aún cuando allí estaban y lo vimos todo el tiempo”, detalló la abogada.

La defensa de Frank De Lima recordó que este no es el único caso que presenta, ya que en el MP reposan varios más. Y que en su mayoría se han dado con arbitrariedad, como ocurrió con la investigación que hizo la fiscal Zuleyka Moore en referencia a la compra de una propiedad que el exministro hizo y que fue secuestrada posteriormente. Mismas acciones que llevaron a la fiscal a ser querellada por “la arbitrariedad con que manejó el proceso”.

Finalizado el proceso de alegatos de Montalvo, la jueza Baloisa Marquínez dio la corrida al MP para que respondiera a los incidentes presentados a lo largo de los argumentos de los abogados, durante los 13 días de audiencia preliminar.

La fiscal superior Ruth Morcillo comenzó indicando que los vinculados en este caso han sido llamados a juicio por las pruebas que están en el proceso, y no porque “así lo ha querido o se le ha antojado a una fiscalía perseguidora y atracadora de derechos constitucionales y legales”.

Los comentarios generaron disgusto dentro de la sala, por lo que la jueza solicitó silencio y reiteró a la fiscal que solo debía emitir su opinión en relación a las incidencias presentadas por los abogados defensores en la etapa de alegatos.

Con el llamado de atención, Morcillo retomó la palabra diciendo que le han dado respuesta a más de 15 incidentes que se presentaron por parte de los abogados, de los cuales la mayoría ya había sido resuelta, por lo cual deben ser desestimados, excepto dos, uno de ellos por doble juzgamiento que se pudo acreditar respecto a una imputada que ya había sido juzgada en Uruguay y otro por cambio de medida cautelar.

Al finalizar la audiencia, la fiscal Morcillo indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción está satisfecha por haber llevado este caso tan complejo, de seis años de investigación, y que haya podido culminar con la audiencia preliminar, lo que va a permitir el llamamiento a juicio y la siguiente etapa que es la responsabilidad penal.

“Estamos confiados en la investigación sólida, con informes financieros y la trazabilidad de las cuentas que no pudieron ser desvirtuadas por la defensa”, señaló la fiscal.