Vista fiscal del caso Odebrecht relata las donaciones a campañas políticas

La lectura de la vista fiscal de la audiencia preliminar del caso Odebrecht centró este jueves sus temas en el análisis de los delitos contra la administración pública, las donaciones a campañas políticas y la utilización del sistema financiero panameño.

El juzgado tercer liquidador de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá relató durante la jornada de la mañana que según la Fiscalía Anticorrupción, las entidades del Estado como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de la Presidencia fueron las más afectadas por el delito contra la administración pública, durante el periodo 2009 al 2012.

Las investigaciones arrojaron que los ministros garantes de turno no gestionaron con la prioridad debida, ya que cobraron por la ejecución de actos propios de sus funciones con el fin de agilizar trámites inherentes a sus cargos en beneficio de la empresa Odebrecht, el cual les pago a través de complejas estructuras para disimular y encubrir los orígenes de los pagos ilícitos.

“Los funcionarios públicos objetos de esta investigación fueron beneficiados con fondos procedentes de la caja negra de Odebrecht, los cuales recibieron de cuentas personales o a través de otras personas por realizar actos en razón de su cargo”, mencionó el Ministerio Público (MP).

En el caso del MOP, los funcionarios tenía a su cargo la selección de los contratistas, la gestión de las obras, como la Cinta Costera 3, la renovación del Patrimonio Histórico, la renovación de la Avenida Domingo Díaz, Vía Brasil tramo 1 y 2 y la autopista en Colón, las cuales según los elementos de convicción obtenidos de la Fiscalía, Odebrecht mantenía conocimiento de los términos de referencia de las obras por lo que siempre tuvo ventaja frente a las otras concursante.

Dentro del MEF, quien tiene la facultad de las partidas de las obras estatales, los funcionarios también está involucrado dentro del proceso de pago hacia contratistas.

Mientras que el Ministerio de la Presidencia estuvieron involucrados en el proceso de desarrollo del proyecto de la línea 1 del Metro de Panamá, un tema muy cercano al expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

También se analizó la acreditación y vinculación de los imputados por el delito de blanqueo de capitales, como Óscar Salazar Chiappe, André Luis Paraná Ferreira, Pablo Roberto Costa, Pedro José Barusco, Renato Duque Sousa, Gilberto Macarena, John Santana y Mónica Moura Counha. Todos de nacionalidad brasileña son señalados por el MP como los integrantes de la estructura de corrupción que ideó Odebrecht y filiales para el blanqueo de capitales y otros delitos investigados y cometidos en Brasil como en la esfera internacional.

La lectura de la vista fiscal reveló que Oscar Salazar Chiappe y André Luis Paraná Ferreira, quienes eran colaboradores de Odebrecht en Panamá, eran los que recibían el dinero ilícito por parte de Roberto Gutiérrez, colaborador de la firma Rosas & Rosas. En ese sentido, André Luiz Campos Rabello, superintendente de la filial brasileña en Panamá, estableció, dentro de la investigación, que la firma de abogado era utilizada para recibir los fondos ilícitos que luego eran entregados en efectivo a Oscar Salazar Chiappe y André Luis Paraná Ferreira para los pagos de coimas de funcionarios de menor jerarquía, como inspectores, fiscalizadores, entre otros.

De acuerdo con información de la División de Delitos Contra la Administración Pública de la Dirección de Investigación Judicial se hizo un análisis de los documentos que fueron suministrados por fuentes abiertas y de información judicial enviada por Brasil, Estados Unidos y Andorra se relató del financiamiento de la campaña de José Domingo Arias, quien corrió como candidato presidencias del 2014 al 2019 con el partido Cambio Democrático (CD).

Se sostiene que dichos pagos para la campaña fueron realizados por Odebrecht, utilizando diferentes estructuras, hasta llegar a las cuentas que manejaban John Santana y Mónica Moura Counha, ambos publicistas contratados por el CD para mejorar la imagen del expresidente Martinelli y su gobierno, así como ayudar a impulsar la candidatura de Domingo Arias.

La publicista en sus descargos contó que en 2013 que comenzó a viajar en Panamá debido a que estaba negociando un contrato para trabajar en la campaña presidencial del candidato José Domingo Arias. Dijo que por medio de Andres Campo Rabello, director de Odebrecht en Panamá, intermedio sus reuniones con el expresidente Martinelli, que en ese momento no podía reelegirse, y, por tanto, apoyaba la candidatura de José Domingo Arias. Estas reuniones resultaron la creación de la asociación Poliza America S.A con la que se aperturaron cuentas bancarias en Panamá y que recibirían fondos de Odebrecht para financiar la carrera presidencial de Domingo Arias.

Moura indicó que en varias de las reuniones donde participó Ricardo Martinelli se acordó que el monto contratado para la campaña presidencial sería por $21 millones. De ese monto le correspondía al CD pagar la suma de $3,500 millones que se abarcó en tres contratos firmados entre ella y un diputado que representaba al CD y lo restante por $16,500 millones sería pagado por Odebrecht a lo largo de varios pedidos.

Andres Campo Rabello estableció, de acuerdo con la lectura fiscal, que el expresidente Martinelli solicitó $10 millones para gasto de la campaña de Jose Domingo Arias y Odebrecht respondió con un desembolso a los publicistas por $7,500 millones, pero el pago quedo suspendido luego de la derrota de Domingo Arias.

La Fiscalía Anticorrupción señaló que José Domingo Arias, candidato presidencia del 2014 por el CD, se benefició de los dineros ilícitos que fueron recibidos de la cuenta Polis America S.A, que era manejado por John Santana y Mónica Moura Counha, quienes ya han establecido la procedencia ilícita que el dinero final era cubrir gasto para la campaña política de Domingo Arias, quien reconoció que el dinero que ingreso a Air Jul Consulting Inservice provenia de la filial Odebrecht y que esta cuenta se apertura para recibir donaciones de campaña.

Con lo investigado y la vinculación, el MP solicitó un llamamiento a juicio para José Domingo Arias y José Portas por el delito contra el delito del orden económico bajo la modalidad blanqueo de capitales toda vez que se ha cumplido los presupuestos exigidos en el Código Judicial, ya que las pruebas copiadas hasta el momento les permite acreditar las estructuras y la trazabilidad que mantuvo el dinero que beneficio a Domingo Arias.