Las dos caras del caso 'New Bussines'

Cinco años después de haber iniciado la investigación del caso 'New Bussines', el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez, tiene 30 días para tomar la decisión de llamar o no a juicio. La defensa y la fiscalía han descargado la artillería.

El pasado 4 de julio de 2022, la fiscalía solicitó el llamamiento a juicio para 16 personas por un supuesto delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales. Y argumenta que las empresas beneficiadas desviaron fondos para fines distintos a la contratación, configurando el delito precedente de peculado. Un expresidente de la República e importantes empresarios están relacionados con este caso.

En marzo de 2017, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada identificó que la compra de las acciones de Editora Panamá América (Epasa), que publica tres medios de circulación nacional, había sido efectuada mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, que realizaron múltiples transacciones nacionales e internacionales para recolectar entre el 15 y el 27 de diciembre de 2010, $43,9 millones en una cuenta perteneciente a la sociedad New Business Services Limited.

El dinero –según la fiscalía– depositado en la sociedad “canasta” provenía de contratos estatales que habían sido otorgados a distintas sociedades anónimas.

El ente de instrucción de expedientes judiciales expuso que un expresidente del país se encargó de solicitar el dinero a los empresarios. “El llamamiento a juicio hace alusión a que las personas que están siendo llamadas dieron aportes económicos para la compra de las acciones del grupo editorial”, explicó el fiscal superior especializado en delito contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez.

Sin embargo, la defensa de empresas relacionadas con la investigación alega que cada uno de los contratos públicos a los que alude la fiscalía ha sido debatido en instancias a las que les corresponde juzgar lesiones y reparos patrimoniales.

De acuerdo con la defensa, se ha demostrado que se ha cumplido y entregado las obras contratadas. Con este argumento, los defensores intentan establecer que la teoría de la fiscalía no tiene asidero legal.

Entre las pruebas está la auditoría especial No. 09-009-2017-DIAF del 17 de agosto de 2017, relacionada con “los pagos efectuados por el Ministerio de Obras Públicas a la empresa Transcaribe Trading, S.A., como consecuencia del contrato para el proyecto de diseño y construcción para la rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, que cubrió el periodo del 17 de septiembre de 2010 al 17 de agosto de 2017.

A través del Auto 364-2021 del 29 de septiembre de 2021, emitido por el Tribunal de Cuentas, se ordenó el cierre y archivo del proceso patrimonial, iniciado en virtud de dicho informe de auditoría y acreditándose que no existe lesión patrimonial en contra del Estado producto del referido contrato.

Otra de las empresas que contrató con el Estado y que está siendo relacionada en la investigación es Corcione y Asociados.

La sociedad suscribió el contrato para la “confección y aprobación de planos finales, construcción y dotación de equipo electromecánico del nuevo edificio de oficinas de la Asamblea Nacional”.

El valor de la obra, de acuerdo con el avalúo de Inspecciones Construcciones y Avalúos Panamá, S.A. contratada por la Asamblea Nacional en 2014, es de $30,1 millones, sin incluir mobiliario. Según la defensa, está muy por encima de los $26,7 millones pagados por el Estado al contratista.

Mediante resolución de archivo 1373 de fecha 30 de diciembre de 2019, emitida por la Fiscalía Anticorrupción, se ordenó el archivo de la noticia criminal “El otro Business de Corcione”, relacionada con la investigación iniciada de oficio en contra de la constructora.

En el caso del consorcio Condotte Panamá y Asociados, la Contraloría General de la República emitió la auditoría 03-135-2018-DIAF del 25 de enero 2018, relacionada con el contrato y la adenda 1, suscrito entre el Consorcio Ciudad Deportiva 2012 y Pandeportes, para el “estudio, diseño, construcción y equipamiento de la Ciudad Deportiva de Colón 2012”.

El Tribunal de Cuentas, mediante el Auto 9-2020 del 24 de enero de 2020, declaró la nulidad de lo actuado y ordenó el archivo del documento.

Incluso, mediante laudo arbitral del 23 de agosto de 2016, aclarado mediante resolución del 12 de septiembre de 2016 se declaró a Pandeportes obligada a pagar la suma de $10,7 millones en concepto de trabajos realizados y no pagados.

Pandeportes, por su parte, recurrió dicho laudo arbitral, y mediante resolución del 7 de septiembre de 2020, aclarada mediante Resolución del 18 de enero de 2021, la Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales declaró la validez del mismo, manteniendo la responsabilidad de la entidad por los incumplimientos a las obligaciones convenidas en el contrato.

Otra de las empresas que están señaladas en el proceso es Excavaciones del Istmo, S.A.

Mediante informe de auditoría 08-009-2019-DIAF “Relacionado con el acto público 2010-0-09-0-08-LV- 000356, referente al proyecto de rehabilitación de caminos de Panamá Oeste, contrato AL-1-88-10, suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y la Asociación Accidental Excavaciones del Istmo, S.A./Constructora Rodsa, S.A., por $33,7 millones se estableció el cumplimiento en las etapas precontractual, contractual, ejecución y pago de conformidad con lo establecido en la Ley 22 de Contratación Pública de 27 de julio de 2006 y lo acordado en el pliego de cargos, no se determinó perjuicio económico al Estado.

La audiencia preliminar del caso concluyó el pasado 6 de julio de 2022.