Consorcios que participaron en acto público del Corredor del Caribe aceptaron modelo de contratación

Los cuatro consorcios participantes en la licitación pública del llamado Corredor del Caribe, en Colón, aceptaron suscribir “sin restricciones ni objeciones el contenido del pliego de cargos” y expresaron “haber analizado y comprendido los alcances del modelo de contrato incluido en dicho pliego”, dijeron fuentes del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Añadieron que los cuatro consorcios que participaron en la licitación, estudio, diseño, construcción y financiamiento de la carretera que conectará Quebrada Ancha con María Chiquita, en Colón, asistieron a reuniones de homologación donde se discutieron los términos de referencia incluidos en el pliego de cargos y todo lo referente a las especificaciones del proyecto.

“Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del pliego de cargos, y manifestamos haber analizado y comprendido los alcances del modelo de contrato incluido en dicho pliego, por lo que nos comprometemos a suscribirlo, en caso de resultar ganadores de la licitación”, fue el párrafo que los consorcios incluyeron en el formulario de propuestas con el desglose de precio que entregaron al MOP en el acto público.

Cada empresa conocía las reglas del juego y debía atenerse a los resultados, aunque no saliera favorecida. El modelo de acto público denominado “por mejor valor”, es muy empleado en los actos públicos de las instituciones del Estado y está contemplado en la actual Ley de Contrataciones Públicas.

El nuevo proyecto que unirá Quebrada Ancha con María Chiquita -llamado el Corredor del Caribe- contempla un tramo que atraviesa la Cordillera Central y termina en el sector del Río Piedra. La nueva carretera, de 27 kilómetros, permitirá llegar a María Chiquita por la Autopista Panamá-Colón, en un tiempo reducido. Tendrá un gran impacto en el desarrollo socioeconómico de la Costa Arriba de Colón, particularmente en el turismo.

La comisión evaluadora, que hace dos semanas entregó el resultado de su trabajo, afirmó que los cuatro consorcios que participaron en la licitación aceptaron los términos presentados por el MOP. “Todas las empresas cumplieron los requisitos mínimos obligatorios relacionados con aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros”, dijo la comisión evaluadora en su informe técnico. El informe resaltó que “la evaluación administrativa y técnica tiene un valor total de 60 puntos. El precio ofertado se calificará con un total de 40 puntos de acuerdo al monto total indicado en el formulario de propuesta”.

Los formularios de propuesta que presentó cada consorcio dejaron sentado que aceptaban certificar la “disponibilidad de fuente de material vigente (se considera fuente vigente, concesiones, permisos de obra pública) y ubicada en un radio no mayor de 4 km de la obra para evitar dañar vías existentes. La fuente debe cumplir con las especificaciones técnicas del MOP para producir material selecto y capa base”.

De acuerdo a la evaluación, el consorcio Carretero, conformado por MECO, S.A. y MECO Panamá, S.A. obtuvo la mayor calificación por ofertar el menor precio, mientras que el consorcio Transeq Estrella, conformado por Transeq S.A. e Ingeniería Estrella, S.A., recibió el mejor puntaje técnico y la mayor evaluación final, por ser la oferta de mejor valor para el Estado.

El consorcio C&T Corredor Caribe, integrado por CUSA, S.A. y Toronto Holding Corp., y el consorcio María Chiquita, conformado por RODSA e Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A., recibieron un puntaje menor.

El consorcio C&T Caribe obtuvo un puntaje de 95,69% y una oferta de precio de $77.6 millones, el consorcio formado por MECO recibió una evaluación de 96% con un precio de $77 millones, el consorcio Transeq Estrella fue evaluado con un 96,64% presentó una oferta de precio de $84 millones y RODSA recibió una evaluación del 95,52% con un precio de $77.9 millones. La oferta del consorcio Transeq Estrella estuvo $3 millones por debajo del precio de referencia de $87 millones establecido por el MOP.

La comisión evaluadora estuvo integrada por la arquitecta Gladys Burgos, la licenciada Yeny Troestch y el licenciado Gustavo de Arco. El licenciado de Arco, no firmó el informe técnico final, al declararse impedido por un conflicto de intereses al tener negocios con una de las empresas ofertantes, tal como quedó consignado en los anexos del informe de la comisión evaluadora.