La corrupción, Balboa y Leoncico

La comisión presidencial para combatir la corrupción ha recomendado, como es sabido, 50 medidas destinadas a fortalecer una cruzada en bien del adecentamiento. Algunas de estas soluciones requieren nuevos textos constitucionales; otras necesitan reformas legales y la mayoría depende, para su ejecución, de la voluntad política del Gobierno nacional.

Las recomendaciones han recibido apoyo de numerosos sectores y la crítica ha procedido de algunas personas para las cuales lo único bueno es lo que emana de su propio protagonismo. Estos son como los perros rabiosos del hortelano. Desde luego, otros seres sensatos han sido positivos y han enriquecido el arsenal de ideas para combatir la corrupción.

Los medios periodísticos en su gran mayoría han saludado con esperanzas las recomendaciones. Los sectores políticos, enfrascados en el escándalo legislativo, han reaccionado muy tibiamente. Algunos funcionarios de alta jerarquía han rechazado públicamente algunas sugerencias. Otras personas vinculadas a la oposición se han sentido frustradas, tal vez porque tenían la creencia de que la comisión poseía competencia para conocer casos hoy en manos del Ministerio Público, y han calificado el pliego de ingenuo, destinado a no molestar a la presidenta Moscoso.

Un aspecto positivo se encuentra en el interés que despertó en la comunidad el conjunto de las recomendaciones. Para la comisión, el papel de los medios ha sido realmente encomiable. Es evidente que, a partir de la presentación del pliego a la presidente de la República, se ha abierto un paréntesis de reflexión y espera. La reflexión sobre el contenido del documento contribuirá a tomar conciencia sobre el flagelo de la corrupción, y su incidencia en algunos estamentos y personas. El compás de espera se abre para recibir y valorar las decisiones de la presidenta Moscoso.

En el campo de las reflexiones, las recomendaciones abren un amplio abanico de temas controvertidos. Se podría meditar y polemizar sobre el alcance del concepto corrupción. Para la comisión, como se ve en la carta a la presidente, el privilegio es una forma de corrupción, y si el privilegio surge de la ley, estaríamos en presencia de una corrupción institucionalizada. Todo trato preferencial constituye un privilegio. Por eso en el texto se pide la eliminación de algunos privilegios, por constituir fuente de corrupción. Todo trato singular que excluye la pluralidad cae bajo la censura de la comisión.

Desde luego, para los beneficiarios de un privilegio establecido en la ley puede resultar inaudito que se califique esa lesión al régimen de igualdad como corrupta. La reacción de los resentidos tan llena de improperios y descalificaciones es explicable. La comisión ha tenido compasión y comprensión, y por ello no se ha ocupado de las diatribas.

Un privilegio indiscutible es el que tiene la Zona Libre de Colón. La comisión recomendó la fijación de algún tipo de gravamen para ayudar un poco más a la provincia de Colón. La comisión tocó el tema con prudencia y con guantes de seda. El gravamen, dijo, “debe ser lo suficientemente razonable como para no perjudicar las operaciones en esa zona”. A pesar de la ingenuidad de usar un lenguaje fino, patrio, la respuesta de los pobres afectados fue dada con un mazo: ¡Ignorantes!, dijeron. Es obvio que es más fácil trasladar un cementerio de un lugar a otro, con toda su carga de huesos venerados, que erradicar los privilegios.

En otro orden de consideraciones, la comisión aboga por la eliminación de la contratación directa, dada la mala percepción que la sociedad tiene de la misma. La Constitución instituye las licitaciones públicas como conquista del buen manejo de la cosa pública. En su recomendación 46, la comisión solicitó que se dejaran sin efectos dos contrataciones directas millonarias autorizadas por el Idaan y que consecuentemente se procediera a la celebración de la licitación pública pertinente. La dirección del Idaan, como corresponde dentro del espíritu de la Ley de Transparencia, invitó a la comisión a discutir el caso en una junta directiva presidida por el ministro de Salud y con la presencia del contralor general.

Del intercambio de informaciones quedó en claro; primero, la diafanidad del proceso que concluyó en la contratación directa; segundo, la necesidad de modificar la Ley 56 de 1995, con el fin de depurar los procedimientos que conlleva toda licitación pública. Los comisionados, desde luego, reiteraron su preferencia por las licitaciones públicas, sobre todo en un país en donde todo lo que está por hacerse en el campo social es de urgencia evidente. Tal realidad haría innecesaria la licitación pública, porque precisamente en la urgencia evidente descansa la alternativa de la contratación directa.

Es útil precisar que las recomendaciones no solo están dirigidas a la presidente Moscoso. Están igualmente dirigidas al país. La viabilidad o vitalidad de las mismas no solo depende de la voluntad ejecutora de la mandataria. También depende, en plazos menos abreviados, de la capacidad de autocrítica de la sociedad, la que por haber generado las causas o concausas de la cultura de la corrupción imperante, debe iniciar un protagonismo de limpieza interior. Es decir, una vez dada la decisión presidencial, la sociedad en su conjunto debe corresponder con un comportamiento coadyuvante, espontáneo e íntimo en la cruzada por la decencia pública y privada.

La corrupción no nació por generación espontánea en las sociedades. Responde a una incubación de siglos, y en el ADN de la sangre vieja de la humanidad encontraremos los tipos que la perennizan. El aserto se corrobora con solo pensar que el primer caso de corrupción en Panamá lo protagonizó Vasco Núñez de Balboa; así lo recordaba el maestro Indalecio Rodríguez al dialogar con la comisión. Balboa, decía Rodríguez, tenía a su perro Leoncico con una mesada de muchos maravedíes, porque tenía el olfato de distinguir en los combates al indio rebelde del indio manso. Pedro Arias Dávila, en sus desórdenes en perjuicio de la probidad, también merece el título, con mayores hechos de precursor de la corrupción.

Estos son los precedentes más remotos que consagran los nombres de los fundadores de la corrupción nacional.

Es hora de dar sepultura al Balboa corruptor y a los Leoncicos que aún pululan bajo el palio de la impunidad en las planillas de la corrupción.¡Manos a la obra!

El artículo original fue publicado el 16 de marzo de 2002