Corte declara parcialmente inconstitucional el presupuesto general del Estado

Actualizado
  • 08/02/2022 16:05
Creado
  • 08/02/2022 16:05
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un total del seis artículos de la Ley 176 de 2020

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró parcialmente inconstitucional el presupuesto general del Estado, según el edicto 174 publicado a las 3:00 p.m. de este martes, 8 de febrero.

La declaración inconstitucional se trata de los artículos 7 y 8, en los renglones que establecen el presupuesto del Órgano Judicial y del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación y de la Administración), y de los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley 176 de 13 de noviembre de 2020 "que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2021", publicada en Gaceta Oficial 29153-B del 13 de noviembre de 2020.

La demanda fue interpuesta por Juan Carlos Araúz R, presidente del Colegio Nacional de Abogados y Carlos Manuel Lee Vásquez, miembro del Consejo Judicial de Panamá, quienes actuaron en su propio nombre.

Para Araúz lo ocurrido es algo histórico, ya que el Órgano Judicial declara su independencia. Lo que debaten es el procedimiento de cómo llegan las asignaciones del presupuesto a esas tres instancias de lo judicial.

Explicó que las instancias que asignan el presupuesto "desconocen los principios de esa armónica colaboración que debe existir entre los poderes (judiciales). El gran valor del fallo es generar nuevos principios bajo los cuales se deben comunicar los poderes del Estado y ahora fortalecer el entendimiento de las necesidades de lo judicial y darle su contexto de poder".

"La demanda plantea que el presupuesto de la administración de justicia debe establecerse conforme al artículo 214 de la Constitución que establece que el presupuesto lo elabora el Ministerio Público y el Órgano Judicial y lo remite para su inclusión en el presupuesto general, es decir, que no se puede recortar por parte del Ejecutivo o Legislativo", dijo Lee.

Y agregó: "Este fallo es un logro importante para asegurar la independencia financiera de la administración de justicia".

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